Luego de que la revista Semana revelara el interrogatorio deNicolás Petro, en el que, en videos, asegura que su padre sí sabía del ingreso de recursos del contratista Euclides Torres a la campaña electoral Petro Presidente 2022, su abogado, Diego Henao, arremetió contra la Fiscalía en un comunicado de prensa, pidiendo que se garanticen los derechos de su defendido.
“Hoy, un medio de comunicación tiene y publica un video nunca entregado a la defensa por parte de la Fiscalía General De La Nación, esto demuestra que el ente acusador no tiene la capacidad para garantizar la reserva de sus propios elementos, o los está filtrando de manera deliberada”, señaló.
Nicolás Petro, por su parte, escribió en sus redes sociales: “Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el sistema de derechos humanos”.
El abogado Diego Henao agregó que “dada la connotación política, más que jurídica de este caso, la Fiscalía General de la Nación no quiere o no puede ofrecer las mínimas garantías procesales y el respeto por los derechos humanos de su defendido”.
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El abogado también denunció que la Fiscalía tiene una “práctica sistemática” en la que utiliza la detención preventiva, como un método de investigación e instrumento para presionar delaciones, confesiones y/o preacuerdos con los procesados. Incluso, el penalista aseguró que su cliente fue víctima de exceso de fuerza por parte de la Fiscalía en la captura.
La defensa de Nicolás Petro en su fuerte arremetida contra la Fiscalía añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha cuestionado que el acusador use las solicitudes de medidas de aseguramiento en sus sedes, para presionar y lograr confesiones y negociaciones coaccionadas.
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Cuando fue capturado el hijo del presidente, fue llevado al búnker de la Fiscalía en Bogotá, para las audiencias preliminares, y en uno de esos días, exactamente el pasado 2 de agosto, fue interrogado y allí reveló que su padre “si sabía” del ingreso de presunto dinero irregular a su campaña.
“Esas prácticas cuestionables han sido consideradas en el mundo jurídico, y refrendadas por la (CIDH), como formas modernas de tortura porque se somete al procesado a juicios mediáticos, custodias, capturas, traslados y otros mecanismos de presión física y psicológica que lo obliga a negociar con su libertad, aceptando incluso delitos no cometidos”, manifestó el abogado.
La defensa del hijo del presidente Gustavo Petro le exige a la Fiscalía igualdad en el uso de las armas jurídicas para su cliente, pues denuncia que ha sido vulnerado, al punto que no le ofrecen garantías, ni respeto por los derechos humanos de su cliente.
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