La defensa de la congresista Karen Manrique, implicada en la investigación disciplinaria relacionada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que se remueva al procurador delegado que actualmente lleva el caso, al considerar que su actuación podría comprometer el debido proceso.
En el documento, los abogados señalan que en el escrito de alegatos precalificatorios presentado por la Procuraduría el pasado 5 de febrero se incluyeron “seis testimonios inexistentes en el devenir procesal de la actuación”, hechos que, según la defensa, no constan oficialmente en el expediente ni fueron aportados como pruebas durante el trámite disciplinario.
Los defensores también aseguran que se “tergiversa el dicho de un testigo dentro de la actuación, referenciando en su valoración probatoria aseveraciones diametralmente distintas a lo dicho en diligencia de declaración”, lo que, a su juicio, afectaría la objetividad de la valoración probatoria al momento de sustentar la acusación en contra de su representada.
Además, el documento de los abogados advierte que algunos de los testimonios que se citan en el escrito no tienen registro en el expediente, teniendo en cuenta que no hay diligencias de declaración, citaciones ni entrevistas archivadas que respalden esas afirmaciones dentro del proceso disciplinario.
Más allá de los cuestionamientos sobre testimonios, la defensa llama la atención sobre la redacción y estructuración del material probatorio, señalando que parte del análisis y construcción de evidencias presenta, según ellos, una “simetría tan artificial y predecible” que sugiere un posible uso de modelos de inteligencia artificial para elaborar contenidos probatorios, en detrimento de las actuaciones humanas típicas en este tipo de procesos.
Con base en estos argumentos, los abogados consideran que la permanencia del actual procurador delegado podría generar vicios en el proceso y abrir la puerta a futuras nulidades. Por ello, solicitan que la Procuraduría revise integralmente la actuación del funcionario y, de ser procedente, designe un nuevo delegado para garantizar imparcialidad, transparencia y respeto por las garantías del debido proceso.
La solicitud ya fue radicada ante la Procuraduría, que ahora deberá evaluar los argumentos presentados y decidir si procede o no el cambio del procurador delegado en este caso disciplinario de alto perfil. La decisión que adopte el ente de control podría influir de manera determinante en el desarrollo y credibilidad del proceso en curso.