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En la mañana de este jueves, el Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación y haber recibido financiación prohibida de personas jurídicas como la USO y Fecode.
La votación de la ponencia en la sala plena fue de 6-3. A favor de la ponencia votaron los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra de la ponencia votaron los magistrados Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña.
Aunque en la apertura de la investigación el 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, cabe recordar que el 27 de junio pasado, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el primer mandatario sólo puede ser investigado, sancionado y juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo que no está incluido en la sanción administrativa emitida.
Entre los hallazgos hechos por los magistrados investigadores y que fueron adoptados por la Sala Plena del CNE, se determinó que la campaña violó los topes por $2.459.568.112 y financiado con fuentes prohibidas por mil quinientos cincuenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil pesos ($1.552.834.000), en primera vuelta.
En segunda vuelta, se presentó una violación de topes por quinientos ochenta y tres millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos ochenta y nueve pesos ($583.428.989) y una financiación de fuentes prohibidas por quinientos cincuenta y seis millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos once pesos ($556.699.511).
Es por ello que los magistrados sancionaron a Roa, Mogollón y Soto en su calidad de responsables solidarios con una multa de $2.879 millones pesos y la devolución de los recursos pagados por reposición de votos por valor de $3.043 millones, lo que en total sería una sanción total de $5.923 millones de pesos. En el caso de los partidos se les impondría una multa a cada uno por $1.167 millones de pesos. Adicionalmente, Ricardo Roa deberá devolver un valor superior a los $165 millones de pesos correspondientes al pago efectuado del evento del Movistar Arena de la celebración de la victoria en segunda vuelta del 19 de junio de 2022.
Así mismo, se ordena el traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, así como compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar las posibles conductas ilegales de Ricardo Roa frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen.
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