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La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, mujer extraditada y señalada por las autoridades de Estados Unidos de blanquear recursos provenientes del narcotráfico. Las propiedades, cuyo valor preliminar supera los 7.300 millones de pesos, quedaron a disposición del proceso de extinción de dominio que adelanta la entidad.
De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados corresponden a seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia, en el departamento del Quindío, así como en Cali, Sevilla y Jamundí, en el Valle del Cauca. La investigación determinó que estas propiedades habrían sido adquiridas con dineros de origen ilícito, producto del envío de cocaína desde Colombia hacia destinos internacionales.
El expediente señala que los bienes no figuraban directamente a nombre de Forero Álvarez. Por el contrario, estaban registrados a nombre de familiares, personas cercanas y empresas que funcionarían como fachada, las cuales no contaban con la capacidad económica ni financiera para justificar la adquisición de inmuebles, vehículos y negocios de ese valor. Para la Fiscalía, esta estrategia buscaba ocultar el origen ilegal de los recursos y darles apariencia de legalidad.
Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en la ciudad de Armenia y posteriormente extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025. En ese país enfrenta cargos relacionados con lavado de activos. La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, recursos que habrían sido canalizados por el sistema financiero internacional y luego transferidos a Colombia.
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Con la imposición de estas medidas cautelares, la Fiscalía busca evitar que los bienes sigan siendo administrados, vendidos o transferidos mientras avanza el proceso judicial y garantizar que, de comprobarse su origen ilícito, pasen de manera definitiva a manos del Estado a través de la extinción de dominio.
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