Alejandro Bustos ha sido el abogado de un grupo de víctimas en La Guajira y recientemente denunció a la excanciller Laura Sarabia, la fiscal general Luz Adriana Camargo y los fiscales delegados ante la Corte Suprema María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas por su presunta participación en escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en la situación judicial de Carlos Ramón González.
Pablo Bustos argumenta que ya había presentado una denuncia similar por la tardía imputación contra González. La denuncia señala presuntas irregularidades en la gestión de órdenes judiciales por parte de la Fiscalía.
En diálogo con Mañanas Blu, reveló que la denuncia formal, radicada la semana pasada, no es un hecho aislado, sino la culminación de un patrón de "evasión, de fuga, de facilitación para que la ley penal se aplique de la manera más laxa y permisiva posible". Este comportamiento, según Bustos, se alinea con el hecho de que el Ejecutivo, quien postuló y participó en la campaña de la actual Fiscal General de la Nación, parece estar en el centro de un "entramado" para "favorecer" y "encubrir" a sus directivos o miembros del alto ejecutivo.
Una de las principales preocupaciones manifestadas por el representante de las víctimas es la flagrante diferencia en los tiempos y condiciones de los procesos judiciales contra los implicados. Se destaca que, a pesar de contar con los mismos elementos probatorios, hubo una demora inexplicable en la imputación y solicitud de medida de aseguramiento para Sandra Ortiz, Carlos Ramón González y César Manrique, en comparación con Sneyder Pinilla y Olmedo López.
"Contando con los mismos elementos probatorios, solamente 6 meses después fue imputada y solicitada la medida de aseguramiento de Sandra Ortiz, por ejemplo, que tenía el mismo nivel de responsabilidad de estos dos [Carlos Ramón y César Manrique] con las mismas pruebas", afirmó Bustos, subrayando la inconsistencia. Añadió que en el caso de César Manrique, la audiencia de imputación se celebró un año después que la de Olmedo López, y seis meses después que la de Sandra Ortiz, a pesar de la existencia de las mismas evidencias.
Además de la dilación, el abogado Bustos señaló un claro favorecimiento en las modalidades de las audiencias. Mientras que las audiencias de Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla fueron presenciales, las de Carlos Ramón González e incluso la de César Manrique, ambos hoy prófugos, fueron permitidas de manera virtual y diferida. César Manrique, cabe resaltar, ya había sido condenado en la alcaldía de Gustavo Petro por otro caso, lo que lo convierte en "doblemente prófugo de la justicia", sin que el gobierno nacional o la Fiscalía hayan hecho referencia pública a este hecho.
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