La Fiscalía compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente de la República, Gustavo Petro, por los presuntos delitos de violación de datos personales agravado, con circunstancias de mayor punibilidad, y homicidio culposo, dentro del proceso relacionado con la filtración de la historia clínica de Kevin Acosta Pico, un menor de edad con hemofilia cuyo fallecimiento dio lugar a denuncias por una presunta negligencia en la atención por parte de la Nueva EPS.
En la decisión, la Fiscalía cuestionó las declaraciones realizadas por el mandatario el 17 de febrero de 2026, durante un evento en Uribia, La Guajira, luego de conocerse el fallecimiento del menor y las denuncias sobre presuntas fallas en la prestación del servicio de salud.
Según el ente acusador, “es de conocimiento nacional, que el señor presidente de la República, al encontrarse en el departamento de La Guajira, en Uribia el día 17 de febrero de 2026 (…) refirió que la madre del menor era la responsable de estos lamentables hechos, primero, por haberse trasladado al departamento de Santander, por lo cual no recibió la dosis del mes de febrero, situación que no es de recibo, por cuanto la EPS estaba en la obligación de suministrarla”.
La Fiscalía agregó que el presidente también atribuyó responsabilidad a la madre del niño por permitir que montara bicicleta y por presuntamente negarse a una intervención quirúrgica, al tiempo que hizo referencia a información contenida en la historia clínica del menor.
Sobre ese aspecto, el documento sostiene que el mandatario “divulgó diferentes apartes de la historia clínica del menor, acción que le era prohibida, dado que la historia clínica es reservada y no puede ser divulgada sin consentimiento del paciente y en este caso concreto debía contar con la autorización de la progenitora del menor”.
Frente a la presunta divulgación de información reservada, la Fiscalía sostuvo que el presidente “no se encuentra facultado legalmente para divulgar dicha información, sumado a que su propósito era el de obtener un provecho tendiente a señalar que no es responsabilidad del Gobierno Nacional la demora en la entrega de los medicamentos del menor, pretendía con sus afirmaciones imprecisas eximir de responsabilidad al Gobierno Nacional de la crisis actual del sistema de salud y endilgar la responsabilidad a la madre del menor”.
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El ente investigador también cuestionó el interés del mandatario en obtener información relacionada con la necropsia del niño. Al respecto señaló “pretendía obtener la información relacionada con la base de opinión pericial de necropsia del menor, documento que también se encuentra sometido a reserva (…) información que judicialmente también fue negada, ya que el presidente no se encuentra facultado legalmente para obtenerla ni se encuentra expresamente autorizado por la madre del menor para tal fin”.
Adicionalmente, por el delito de homicidio culposo, la Fiscalía solicitó que se analice la eventual posición de garante del presidente frente al nombramiento del interventor de la Nueva EPS. Según la decisión, el funcionario designó a un auditor de concurrencia que “nunca hizo presencia ni atendió las contingencias”, pese a que debía gestionar la obtención inmediata de los factores de coagulación cuando el menor ingresó al Hospital de Pitalito.
Para la Fiscalía, “las omisiones y falta de control en el manejo del paciente, sumado a la falta de respuesta en el momento álgido de la contingencia, constituyen factores adicionales y desencadenantes de la complicación que presenta el menor”, ocurrida tras una caída.
Finalmente, la Fiscalía confirmó que, dentro de esta misma investigación, avanzará en el llamado a imputación de los presuntos responsables por la muerte del menor.
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