Fuentes cercanas al proceso informaron que la Fiscalía ordenó una serie de diligencias judiciales en un predio rural del municipio de Silvania, Cundinamarca, ante la posibilidad de hallar una fosa común con los restos de por lo menos 14 víctimas de desaparición forzada ocurridas entre 2002 y 2003. Entre los casos, se encuentran los de cuatro campesinos desaparecidos en octubre de 2002 en zonas rurales de Fusagasugá, en un proceso que ha salpicado judicialmente al exciclista colombiano Lucho Herrera.
La indagación, a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se desarrolla bajo la Ley 600 de 2000, correspondiente al antiguo sistema penal. Como parte de la investigación, se ordenó a la policía judicial recolectar elementos materiales probatorios y realizar diligencias de exhumación en la finca señalada por varios exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quienes afirmaron que allí fueron enterrados cuerpos, incluidos los de las cuatro víctimas inicialmente reportadas como desaparecidas.
El proceso tomó un giro decisivo el pasado 7 de abril de 2025, cuando el Juzgado Cuarto Penal de Fusagasugá condenó a 22 años y medio de cárcel al exparamilitar Luis Fernando Gómez, alias 'Ojitos', por la desaparición forzada de Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diuviseldo Torres, ocurrida el 23 de octubre de 2002 en las veredas Piamonte y La Aguadita.
Alias 'Ojitos', quien se acogió a sentencia anticipada, relató durante el proceso que el exciclista Lucho Herrera habría solicitado el asesinato de estas personas, bajo el argumento de que eran milicianos de la guerrilla. Según Gómez, Herrera entregó $40 millones a las AUC para ejecutar la operación y autorizó el uso de su finca, identificada como Tierra Negra o Agua Negra, como lugar de entierro. “Nos dan la orden que lo que el señor Lucho necesitara… En Fusa el señor Lucho nos da $40 millones para comprar unas armas y unas motos… recogieron en La Aguadita y los mataron y enterraron en la misma finca del señor Lucho Herrera”, declaró Gómez ante la justicia en 2013.
Las acusaciones de Gómez fueron corroboradas por otros exparamilitares. Héctor Díaz Gaitán, alias 'Camargo', excomandante de los grupos especiales urbanos de las Autodefensas Campesinas del Casanare, también vinculó a Herrera con los hechos. En su declaración del 17 de julio de 2018, indicó que, tras una solicitud de ayuda por parte de 'Cascaron', procedió a identificar y capturar a las víctimas, haciéndose pasar por integrante del desaparecido DAS. Posteriormente, los hombres fueron asesinados y enterrados en una finca de la zona, según su testimonio.
Otro exparamilitar, Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias 'Menudencias', también aportó detalles sobre la operación. En indagatoria ante la Fiscalía el 26 de julio de 2018, describió cómo recogieron a las víctimas en una camioneta Toyota Hilux, utilizaron distintivos del DAS, y luego las degollaron y descuartizaron antes de enterrarlas en dos fosas pequeñas al borde de la carretera que conduce de Novilleros a La Aguadita.
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La declaración más comprometedora contra Herrera, sin embargo, la rindió nuevamente alias 'Ojitos' el 11 de octubre de 2022. Aseguró que, siendo el encargado de finanzas en Fusagasugá, negoció directamente con Herrera luego de una reunión organizada por miembros de las AUC con los comandantes alias 'Martin Llanos' y 'Héctor'. “Lucho Herrera dijo que tiene que mandar a limpiar a una gente, que era miliciana de la guerrilla, pero que cualquier cosa nos entendiéramos con un señor de nombre Rafael… me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas… y en el otro sobre habían $40.000.000”, relató. Luego, se supo que las víctimas no eran milicianos, sino campesinos que, al parecer, se negaron a vender sus tierras, las cuales colindaban con la finca de Herrera.
Tras conocer estos testimonios, el juez del caso ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General para que se investigue formalmente al exciclista, en caso de que no exista ya una indagación en curso. Será el ente acusador el que determine si los testimonios de los exparamilitares son verídicos y si Herrera tuvo participación en las conductas punibles de desaparición forzada agravada y homicidio agravado.
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