Fiscalía llama a juicio a Katerine Martínez por presunta participación en magnicidio de Miguel Uribe
La acusada habría ingresado desde enero de 2025 a una organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes y a la comisión de homicidios.
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La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra de Katerine Andrea Martínez Martínez, de 19 años, por su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio.
De acuerdo con la investigación, alias ‘Gabriela’ habría tenido un papel clave dentro de la estructura criminal que coordinó el ataque. Según el ente acusador, Martínez recogió en la localidad de Suba una pistola tipo Glock, modificada para aumentar su poder letal.
Posteriormente, se habría desplazado hasta el barrio Modelia, donde se reunió con otros implicados y entregó el arma a Élder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, quien, a su vez, la puso en manos del adolescente que finalmente disparó contra el senador Uribe Turbay.
Los investigadores de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá establecieron que, desde enero de 2025, la acusada habría ingresado a una organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes y a la comisión de homicidios selectivos en distintas zonas de la capital.
Con base en estos elementos de prueba, será acusada por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y concierto para delinquir agravado, cargos que deberá enfrentar en juicio oral.
Katerine Martínez fue capturada el pasado 14 de junio en Florencia, Caquetá, y actualmente permanece bajo medida de aseguramiento en centro carcelario. Recientemente, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, como parte del refuerzo de las investigaciones que buscan establecer los posibles vínculos del atentado con estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.
Esta medida se suma al traslado de otros procesados por el magnicidio del senador Uribe Turbay, quienes fueron recluidos en cárceles de máxima seguridad fuera de la capital, mientras avanzan las diligencias judiciales.