Funcionarios de ANT, bajo la lupa de Procuraduría por presuntas irregularidades en compra de predios

La Procuraduría General de la Nación tiene en la mira a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al abrir tres investigaciones disciplinarias contra altos funcionarios por presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de predios. Esto se basa en un informe del órgano de control, en el que se han observado serias deficiencias en 288 procedimientos de compra, con un potencial riesgo para el erario estimado en 136.000 millones de pesos.Dos de los funcionarios bajo escrutinio son Tony Luis Lozano Berrocal y Nury Luz Peralta Cardozo, quienes enfrentan dos de los tres procesos disciplinarios abiertos. Sorprendentemente, Lozano Berrocal figura en ambos casos, sumándose con Felipe Alberto Maldonado en el tercero. Cabe resaltar que los tres ocupan cargos clave como directores técnicos dentro de la Agencia Nacional de Tierras.Estas investigaciones se centran en posibles irregularidades en los conceptos técnicos empleados para evaluar la aptitud agropecuaria de los terrenos, señalando que algunos informes carecían de análisis rigurosos que justificaran las compras. Además, se han encontrado omisiones significativas en estudios de titulación que no mencionaban cuerpos de agua, humedales ni terrenos inundables, factores críticos que deberían haber sido evaluados antes de cualquier adjudicación.Como parte de las investigaciones en curso, se han solicitado a la ANT copias de todos los procesos de adquisición de predios, incluyendo análisis de suelos, estudios técnicos y de mercado, avalúos, y demás documentos pertinentes.Además de las investigaciones disciplinarias, la Procuraduría inició una indagación previa contra otros funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras por las supuestas deficiencias en la elaboración de avalúos comerciales, que se habrían realizado sin los exámenes de las condiciones jurídicas y técnicas de los predios.Este escándalo pone bajo la lupa la gestión de la ANT y sus altos funcionarios, cuestionando la transparencia y la diligencia en los procesos de adquisición de tierras destinadas a proyectos agropecuarios, levantando preocupaciones sobre posibles pérdidas millonarias para el Estado.