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La Fiscalía General de la Nación imputó a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico por presuntas irregularidades en la contratación de cascos en fibra de vidrio para lanchas de pesca artesanal. Entre los procesados se encuentra Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, quien en la actualidad ocupa el cargo de gerente Jurídica de la Previsora Seguros.
De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Sarmiento Ortiz, en su calidad de exsecretaria de Desarrollo Económico de Atlántico, habría ordenado en mayo de 2014 la apertura de una licitación por 1.000 millones de pesos para la compra de 170 cascos, fijando un precio de 5,8 millones de pesos por unidad, pese a que una consultoría previa había establecido un valor inferior. La licitación se declaró desierta por falta de oferentes.
Posteriormente, dispuso un proceso de selección abreviada que culminó con la adjudicación de un contrato de 980 millones de pesos a una fundación privada sin experiencia ni capacidad técnica. Según la Fiscalía, los pliegos de condiciones fueron modificados de forma irregular, se validaron documentos con información falsa y se vinculó, mediante un contrato de prestación de servicios, a un profesional para asesorar al contratista favorecido.
La ejecución del contrato también presentó fallas graves. Un día antes del plazo de entrega, solo se habían suministrado 32 cascos de los 200 pactados. El contrato fue suspendido bajo el argumento de las lluvias y luego reactivado en diciembre de 2014, cuando finalmente se entregaron los elementos faltantes.
Junto a Sarmiento Ortiz también fue imputado Martín Rafael Atencio García, exsubsecretario de Gestión Agropecuaria, quien como parte del comité evaluador habría recomendado de manera indebida la adjudicación, sobrevalorando documentos del contratista, y posteriormente, en calidad de supervisor, no advirtió sobre los incumplimientos en la entrega.
A los dos exfuncionarios se les atribuyen delitos como contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. En el caso de Sarmiento Ortiz, además, se suman cargos por falsedad en documento privado y fraude procesal.
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