El Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le ordenó al presidente Gustavo Petro Urrego retractarse públicamente de una afirmación que, según el fallo, vulnera los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La decisión se deriva de una acción de tutela presentada por la exfuncionaria luego de que el mandatario, a través de su cuenta oficial en X, la vinculara con supuestos nexos de carácter delictivo.
El comentario del presidente fue publicado luego de una entrevista concedida por Ramírez a un medio nacional, en la que habló sobre militarizar la frontera con Venezuela y criticó su cercanía con el presidente Nicolás Maduro, a quien calificó como dictador.
En respuesta, Petro escribió en X: “No, señora excanciller. Voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”. Ante esta declaración, Ramírez interpuso una tutela alegando que la expresión presidencial la asociaba injustamente con actividades de narcotráfico y paramilitarismo, generando un grave daño reputacional.
El juzgado analizó el contexto y recordó que, aunque en la publicación no se mencionó expresamente al empresario Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como “Memo Fantasma”, nombre citado en la acción de tutela para probar que no existió ningún vínculo comercial con la accionante, la insinuación de que la exvicepresidenta mantenía relaciones con personas ligadas a actividades criminales sí constituyó una afectación directa a sus derechos.
El fallo resalta que la magnitud del impacto fue mayor debido al alcance de las redes sociales y a la relevancia del emisor, el presidente de la República:
“La sola insinuación de posibles vínculos comerciales con personas aparentemente vinculadas a los delitos de narcotráfico y paramilitarismo sí generó una repercusión y afectación a los derechos fundamentales de la honra y el buen nombre de la accionante, más aún cuando la aseveración se realiza por medios de amplia y rápida difusión como lo es una red social como X, que es consultada por millones de personas a diario a través de internet”, señala el despacho.
Antes de este pronunciamiento, la Casa de Nariño había sido requerida para rectificar la publicación, pero su respuesta fue considerada por el juez como “ambigua y evasiva”, además de no provenir directamente del presidente.
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En ese sentido, el despacho precisó que, dada la investidura del jefe de Estado, le corresponde presentar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes cuando tenga conocimiento de posibles delitos, y no limitarse a emitir declaraciones públicas que puedan afectar derechos fundamentales.
Con base en esos argumentos, el juzgado concluyó que la publicación presidencial careció de respaldo fáctico o probatorio y ordenó su rectificación formal, al considerar que, proviniendo de una figura de alto reconocimiento nacional como el presidente de la República, el mensaje tuvo la capacidad de generar un impacto desproporcionado sobre la imagen pública y la trayectoria de la exvicepresidenta.
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