La demanda que admitió el Consejo de Estado que busca tumbar la intervención a la Nueva EPS
Ante el alto tribunal fue presentada una acción de nulidad contra la resolución que ordenó la intervención forzosa administrativa de la NUEVA EPS, la entidad promotora de salud más grande del país, con más de 11 millones de afiliados.
El demandante Samuel Alejandro Ortiz, solicitó que se declare la nulidad de la Resolución expedida por la Superintendencia Nacional de Salud el 3 de abril de 2024, al considerar que vulneró de forma grave derechos fundamentales y principios constitucionales.
La demanda, radicada en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, también solicita una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo mientras se resuelve el fondo del asunto.
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Foto: Consejo de Estado
El ciudadano sostiene que el acto administrativo incurrió en irregularidades sustanciales que lo hacen nulo, en primer lugar, argumenta que la resolución fue expedida sin respetar el debido proceso, ya que no se garantizó a la EPS el derecho de defensa, audiencia ni contradicción probatoria antes de ordenar una medida tan extrema como la toma de posesión de sus bienes y su intervención administrativa por un año.
En segundo lugar, plantea que la decisión fue adoptada con falsa motivación y desviación de poder, pues según el demandante responde a una represalia por parte del Gobierno Nacional tras el archivo del proyecto de reforma a la salud en el Congreso. “El acto fue expedido como un castigo político, no por razones técnicas o legales”, sostiene Ortiz.
Asimismo, denuncia que se alteraron las reglas de juego al aplicar de manera súbita la sanción más severa del régimen de inspección, vigilancia y control, sin agotar previamente otras medidas menos gravosas ni permitir a la EPS presentar un plan de mejora.
Habrá que esperar qué decisión toma el Consejo de Estado sobre la solicitud de una suspensión provisional, recordemos que, la Corte Constitucional tumbó la intervención con su prórroga del Gobierno a la EPS Sanitas al considerar que se vulneró el derecho al debido proceso.