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El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que fue radicada una denuncia ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la representante Lina María Garrido y los senadores, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal, por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional. Según explicó el funcionario, la acción judicial se sustenta en manifestaciones públicas que, a juicio del Gobierno, incentivarían acciones hostiles contra la soberanía y la autodeterminación del país.
A través de su cuenta en la red social X, el ministro señaló que la denuncia se fundamenta en expresiones que invitan o promueven una intervención militar extranjera en Colombia. En su mensaje, sostuvo que este tipo de pronunciamientos no se enmarcan en la libertad de opinión, sino que constituyen “un acto de hostilidad” que rompe la inviolabilidad parlamentaria al no guardar relación con la función legislativa. Agregó que la autodeterminación nacional no es negociable y que la investidura congresional no puede ser utilizada para legitimar injerencias externas, reiterando que el Estado de derecho “se defiende, no se entrega”.
A esta iniciativa se suma la del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien confirmó la decisión de presentar denuncias penales contra los congresistas Jota Pe Hernández, Lina María Garrido y Miguel Polo Polo. De acuerdo con Sanguino, la actuación judicial obedece a una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales en los que, según su criterio, se instiga a una potencia extranjera, específicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a intervenir en asuntos internos de Colombia.
En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se citan mensajes específicos difundidos por los congresistas. Entre ellos, una publicación de la representante Lina María Garrido en la que expresó: “Bienvenido a #Colombia, Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto, por favor”, y otra en la que propuso la instalación de una base militar estadounidense permanente al señalar que “la base antinarcóticos más grande del mundo deben ponerla los Estados Unidos en Colombia”.
En el caso del senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, la denuncia recoge mensajes dirigidos al presidente Gustavo Petro, en los que utiliza expresiones que, según el Gobierno, exceden la crítica política. Por su parte, frente a las manifestaciones de la senadora María Fernanda Cabal, se menciona un pronunciamiento en el que afirmó que celebraría un respaldo tecnológico y militar de Estados Unidos en regiones como el Catatumbo, Cauca, Putumayo, Guaviare, Nariño y Chocó, bajo el argumento de liberar a la población civil del terror y ganar la guerra con apoyo aliado y superioridad aérea.
En ese sentido, la denuncia advierte que estas conductas se alejan del debate democrático y se ubican en un escenario de riesgo para la soberanía nacional.
El ministro también argumentó que, si bien las manifestaciones se produjeron en redes sociales, espacios donde se expresan opiniones diversas, la libertad de expresión tiene límites claramente establecidos por la Corte Constitucional. Recordó que la propaganda a favor de la guerra es considerada un discurso prohibido, al estar orientado a afectar gravemente los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que respaldar operativos militares extranjeros en territorio nacional pone en riesgo la institucionalidad y la autodeterminación del país, por lo que no estaría amparado por la libertad de expresión y podría configurar una conducta reprochable desde el punto de vista penal.
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