Blu Radio conoció que la salida de Andrés Idárraga se debería a una molestia del propio presidente Gustavo Petro por varios episodios de fuego amigo dentro del Gobierno. Y es que el exministro de Justicia encargado, a mediados de enero, acusó al Ministerio de Defensa de estar detrás del espionaje a su celular a través del polémico software Pegasus.Sin embargo, la gota que rebosó la copa habría sido el contrapunteo con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien dijo que estaba siendo víctima de una presión política por parte del saliente ministro encargado y su esposa, quien hasta hace unos días se desempeñaba como directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía.Los hechos se remontan a la polémica imputación de cargos contra Rodríguez por supuestas omisiones en la seguridad del fallecido precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Imputación que duró pocas horas por un reversazo de la Fiscalía que terminó costándole el cargo a Andrea del Pilar Verdugo, esposa de Idárraga.Y es que, aunque en su momento no se conocieron mayores detalles sobre la renuncia de Verdugo, fuentes confirmaron que el hecho estaría directamente relacionado al caso del director de la UNP.Dentro de la lista de hechos que han llegado a Petro también está una alerta que el propio Augusto Rodríguez llevó al despacho presidencial sobre las presuntas intenciones del ministro encargado Idárraga para que la SAE cambiara el depositario de un bien expropiado en 2024 a Mauricio Vélez Hernández, alias 'Fortuna', según reveló el diario El Tiempo.Mientras tanto, este viernes se oficializó la llegada del abogado Jorge Iván Cuervo como ministro de Justicia en propiedad tras la salida hace dos meses de Eduardo Montealegre de esa cartera y lo que dicen fuentes al interior del Gobierno es que en el contrapunteo de Idárraga con dos hombres fuertes del presidente Petro (Pedro Sánchez y Augusto Rodríguez), el perdedor fue el hoy exministro encargado.
En una reciente y masiva intervención en el sistema penitenciario colombiano, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó los hallazgos de los operativos como un “triste buen resultado”. La acción, que se llevó a cabo en 124 centros penitenciarios de todo el país, permitió la incautación de una cantidad alarmante de elementos prohibidos, revelando las profundas fallas de seguridad y la posible corrupción interna en las cárceles.Un balance alarmante en los centros penitenciariosDurante los operativos, realizados con el apoyo de 3.900 funcionarios del Inpec, las autoridades lograron incautar 1.320 celulares, más de 1.700 tarjetas SIM, 3 millones de pesos en efectivo, 470 litros de licor, 27 kilogramos de estupefacientes y 480 armas cortopunzantes. El ministro enfatizó que, aunque el resultado es importante por su magnitud inédita, es "triste" porque evidencia la facilidad con la que estos objetos ingresan a los penales, lo que sugiere una complicidad de funcionarios y fallas graves en las requisas.Idárraga ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que investigue quién permite el ingreso de estos elementos. Según el funcionario, los métodos de contrabando han evolucionado, utilizando desde palomas hasta drones y posibles irregularidades en las visitas conyugales. Además, instó a verificar las cuentas bancarias de las personas que trabajan en el entorno carcelario debido a las transacciones sospechosas que facilitan este mercado ilegal.El abandono de la infraestructura y el bloqueo de señalesUno de los puntos más críticos señalados por el ministro es el abandono de las líneas de telefonía fija desde el año 2012. Al no funcionar estos canales legales de comunicación, se ha "naturalizado" el uso ilegal de celulares, creando industrias criminales dedicadas a la extorsión y el robo de identidades desde las prisiones.El plan del Gobierno incluye la reparación de los teléfonos fijos en un plazo de 15 días para luego proceder al bloqueo efectivo de señales de celular, comenzando por las cárceles de Cómbita, La Dorada y Valledupar. El ministro explicó que en lugares como La Picota, el bloqueo de señal ha sido difícil debido a la cercanía de viviendas y las tutelas interpuestas por ciudadanos que ven afectado su derecho a la comunicación.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional volvió a poner en entredicho la metodología con la que se están midiendo las cifras de cultivos y producción de cocaína en el país.El Ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos técnicos y estadísticos para demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde 2022.Idárraga explicó que el sistema de monitoreo continuará, tal como lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro, pero articulado con los mecanismos de seguimiento de la Policía Nacional.Sin embargo, el Gobierno adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que este tema será uno de los puntos centrales de discusión.“La negación de continuar con ese tipo de sistemas porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también con el diálogo con EE. UU., quien sería el verificador en Europa. Estamos en las conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían, por ejemplo, entrar a asumir esa verificación”, dijo Andrés Idárraga.Con esto, el jefe de la cartera de Justicia encargado confirmó que ya se adelantan conversaciones para que Estados Unidos asuma un rol como verificador y que incluso se evalúa la posibilidad de que miembros del Parlamento Europeo participen en el proceso de validación de las cifras.
Andrea del Pilar Verdugo Parra, esposa del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, presentó su renuncia al cargo de directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación. La dimisión fue aceptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en medio de una controversia pública que ha expuesto tensiones internas al interior del Gobierno Nacional y cruces de señalamientos entre altos funcionarios del Estado.La salida de Verdugo se produce luego de las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien aseguró que el ministro Idárraga tendría “mucho poder” dentro de la Fiscalía, debido al cargo que desempeñaba su esposa en esa entidad. Las afirmaciones fueron hechas en el contexto de la imputación solicitada contra Rodríguez por el caso relacionado con la seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, diligencia que, según el jefe de la UNP, estaría vinculada a dichas tensiones.El episodio fue interpretado como un caso de “fuego amigo” dentro del Gobierno, luego de que Rodríguez sugiriera, en diálogo con Blu Radio, que su situación judicial tendría relación con disputas internas y con el papel que desempeñan funcionarios cercanos al Ejecutivo en entidades de control y judiciales. En ese mismo escenario, el director de la UNP denunció roces con altos funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia encargado y jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, a quien señaló de haberlo acusado de participar en supuestas “chuzadas”, versión que Rodríguez calificó como falsa.Andrea del Pilar Verdugo Parra es abogada y especialista en Alta Dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sector público, con cargos de relevancia en distintas entidades del orden nacional y distrital. Antes de llegar a la Fiscalía, se desempeñó como secretaria general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y ha trabajado en entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Trabajo.Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Justicia han informado si la renuncia guarda relación directa con las declaraciones del director de la UNP o con eventuales consideraciones de carácter institucional.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga. Según explicó, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de ese tipo. “Lo que ya hemos confirmado hasta ahora, al interior del Ministerio de Defensa, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa”, afirmó.Sánchez precisó que Pegasus sí estuvo en el país, pero dejó de utilizarse hace más de dos años. “Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que enfatizó que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares emplea actualmente ese tipo de herramientas.En ese sentido, fue enfático en descartar órdenes irregulares: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa, o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.El ministro también subrayó que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales. “Nosotros no utilizamos ese tipo de software y, si se llegara a utilizar, debe ser con orden judicial y con todo el proceso; de lo contrario, es una violación a la ley”, sostuvo. Agregó que el Ministerio solo ordena labores de contrainteligencia interna, limitadas a pruebas de confiabilidad para proteger la seguridad de funcionarios y decisiones estratégicas.En relación con los señalamientos contra un suboficial mencionado en las denuncias, Sánchez advirtió sobre los riesgos de exponer información personal sin pruebas. “Exponer la hoja de vida, el nombre o las imágenes de nuestros suboficiales no solo los pone en riesgo, sino que también viola su privacidad y afecta el debido proceso”, dijo. Finalmente, anunció que se activaron todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y reiteró que la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes, mientras llamó a un manejo responsable de la información para evitar desinformación y señalamientos sin sustento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente a la denuncia sobre un posible espionaje a través del software Pegasus contra el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y aseguró que ya sostuvo una conversación directa con él para aclarar el alcance de la situación. Según explicó, desconoce los detalles del hecho denunciado, pero expresó total disposición para colaborar en lo que sea necesario con el fin de esclarecer el caso.Sánchez afirmó que el señalamiento es “muy grave y delicado” y subrayó que resulta inaceptable que en el país pueda llegar a ocurrir un episodio de espionaje ilegal como el que se ha puesto en conocimiento público. En ese sentido, recalcó que cualquier uso irregular de herramientas de inteligencia debe ser investigado a fondo y con absoluta transparencia.El ministro de Defensa también informó que se comunicó con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, así como con el contralor y el procurador, con el objetivo de articular esfuerzos institucionales y colaborar plenamente con las investigaciones que se adelanten desde los organismos de control y judiciales.De manera paralela, Sánchez ordenó a la cúpula militar y policial iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes y avanzar con la mayor celeridad posible para esclarecer la denuncia formulada por el ministro de Justicia encargado.Además, anunció que en los próximos minutos convocará de urgencia a la Junta de Inteligencia Conjunta, instancia en la que se impartirán las directrices específicas para el manejo y seguimiento de este caso.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la denuncia presentada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, contra ella, al igual que contra la representante a la Cámara, Lina María Garrido, y el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández; al asegurar que “no existe el delito de opinión” y que se trata de un intento del Gobierno por silenciar a la oposición a través del aparato judicial.Tras conocer la acción legal, Cabal afirmó que invocar el artículo 455 del Código Penal para perseguir a congresistas por sus posturas políticas constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y a la democracia. En ese sentido, advirtió que ninguna crítica, disenso o propuesta contraria al Gobierno puede ser tratada como un delito.La denuncia fue radicada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra. Según el ministro de Justicia, las acusaciones se derivan de publicaciones en redes sociales que serían “delictuosas” por, presuntamente, promover acciones militares de Estados Unidos contra Colombia.Para la senadora, este tipo de actuaciones buscan sentar un precedente peligroso. “Hoy somos tres congresistas; mañana puede ser cualquier ciudadano que alce la voz”, afirmó Cabal, al señalar que se trata de una estrategia de intimidación contra la oposición política.La senadora dejó claro que no se dejará amedrentar y que continuará ejerciendo control político, así como defendiendo el derecho de los colombianos a expresarse libremente frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó una multa de 4.614 millones de pesos contra la Distribuidora Nacional Hospitalaria Cúcuta S.A.S., por vender medicamentos por encima de los precios máximos establecidos por la regulación. La sanción, por un valor exacto de 4.614.400.192 pesos, quedó en firme después de que la entidad resolviera el recurso de apelación presentado por la empresa, a través de la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.De acuerdo con la investigación, la distribuidora, que operaba como mayorista, comercializó 47 medicamentos con precios superiores a los autorizados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, establecidos en los artículos 3 y 4 de la Circular 13 de 2022. Los productos involucrados se utilizan para tratar enfermedades como epilepsia, diabetes, afecciones cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis, infecciones urinarias y trastornos de salud mental. También se identificaron medicamentos empleados para controlar sangrados durante cirugías y disolver coágulos sanguíneos.Entre los casos con mayores diferencias frente al precio regulado está el Depo-Medrol, utilizado para tratar la artritis, con un sobreprecio del 7.001 %. Le siguen el Verapamilo, para afecciones cardiovasculares, con un 1.912 %; el Tisseel, empleado para controlar sangrados durante cirugías, con un 711 %; y el Actilyse, utilizado para disolver coágulos, con un 586 %. La lista también incluye el Briviact, para el tratamiento de la epilepsia, con un sobreprecio del 408 %, y el Monuril, para infecciones urinarias, con un 394 %.La SIC reiteró que el cumplimiento de los precios máximos de los medicamentos es una medida fundamental para proteger los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La entidad señaló que estas reglas buscan evitar que los sobrecostos derivados del incumplimiento de la regulación terminen afectando los recursos destinados a la atención de los pacientes.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 21 de septiembre de 2026:Jaisson Carreño, gerente de Regiones de la Gobernación de Boyacá, explicó que más de 400 integrantes de organismos de socorro trabajaban para contener los incendios de Villa de Leyva y que tres helicópteros apoyaban las labores. También señaló que se solicitó una aeronave AT-802 para intervenir las zonas más altas y que la expectativa es alcanzar entre un 90 % y 100 % de control durante la tarde o la noche, dependiendo del clima.José Reinel Contreras, alcalde de El Carmen, Norte de Santander, se refirió al temor que han generado los ataques con drones atribuidos al ELN. Aseguró que algunas familias cercanas a la estación de Policía abandonaron sus viviendas y relató que habitantes incluso se refugian debajo de las camas ante el temor de que los explosivos caigan sobre sus casas.Guardias de seguridad de TransMilenio realizaron un plantón para exigir mayores garantías después del asesinato de Cristian Garzón. Algunos trabajadores denunciaron haber sufrido ataques con armas blancas mientras intentaban impedir la evasión del pasaje y cuestionaron que los elementos de protección que utilizan no son suficientes.La Fiscalía citó a interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico de 2025. Las diligencias quedaron programadas para el 23 y 24 de septiembre y buscan establecer si la información reportada sobre gastos, créditos y aportes corresponde con la realidad financiera de las campañas.Avariano Ojeda, cantante venezolano, contó cómo un encuentro con un policía en Pereira terminó convirtiéndose en un momento musical. El artista pensó inicialmente que el uniformado iba a decomisarle el parlante con el que trabaja en las calles, pero terminó acompañándolo mientras cantaba. Ojeda aseguró que sale diariamente a buscar su sustento y a llevar música a los habitantes de Pereira, especialmente después del terremoto.Escuche el programa completo aquí:
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 21 de septiembre de 2026:Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, informó que el incendio forestal en Villa de Leyva había consumido cerca de 290 hectáreas y permanece controlado aproximadamente en un 50 %. Aunque dijo no tener confirmación sobre el origen del fuego, aseguró que habitantes y algunos bomberos reportaron circunstancias que hacen sospechar que no habría comenzado de manera natural y anunció una recompensa de $45 millones por información que permita identificar a los responsables.Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, defendió la reforma tributaria que tramita el Concejo y aseguró uno de los puntos más importantes es crear un cobro para el alumbrado público. Advirtió que, si el proyecto se hunde, también caerían alivios para contribuyentes, incentivos para atraer inversión y herramientas financieras para proyectos futuros de la ciudad.El alcalde de la capital también abordó los problemas de seguridad y evasión en TransMilenio y defendió que la vigilancia privada no puede reemplazar la presencia de la Policía frente a hechos violentos dentro del sistema. También se refirió al reto de controlar a quienes ingresan sin pagar y garantizar mayor seguridad para los usuarios.Esneda Altamirano, víctima acreditada ante la JEP, relató cómo esa jurisdicción permitió a su familia conocer después de 19 años la verdad sobre el asesinato de su sobrino, Jhon Jarvi Cañas, quien fue presentado falsamente como guerrillero muerto en combate. Aseguró que los encuentros con los militares comparecientes les permitieron esclarecer lo ocurrido y afirmó que su familia sí se siente reparada por el proceso.Sigifredo López, exdiputado del Valle y víctima de secuestro de las Farc, expresó una visión opuesta sobre la JEP y aseguró que no se siente reparado con la sentencia contra el antiguo secretariado por el caso de secuestro. Cuestionó los resultados y costos de la jurisdicción y anunció que promoverá una iniciativa para reducir su presupuesto y reestructurar su funcionamiento, aunque sostuvo que no debería desaparecer.Mario Díaz-Balart, congresista republicano de Estados Unidos, consideró que un eventual encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez debe entenderse dentro del proceso que, según él, busca conducir a Venezuela hacia unas elecciones libres. Defendió mantener la presión de Washington sobre el gobierno venezolano y señaló que el cambio de instituciones debe preceder cualquier elección para garantizar condiciones electorales.Jefferson Montaño, subintendente de la Policía, contó la historia detrás del video viral en el que terminó cantando junto a un artista callejero en Pereira. El uniformado explicó que quiso apoyar al joven y promover una relación más cercana entre la Policía y la comunidad; tras la repercusión del video, fue invitado a Bogotá para recibir una condecoración.Milena Carmona, esposa de Jheyner Carmona, uno de los colombianos detenidos en Haití, aseguró que las familias no recibieron información oficial previa sobre el traslado de 17 colombianos a Estados Unidos para enfrentar el proceso relacionado con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Sostuvo que su esposo no participó en el crimen y explicó que ahora las familias buscan conocer los cargos y organizar su defensa ante una corte en Miami.Adriana María Guillén, presidenta de Asocajas, explicó los nuevos subsidios para las personas afectadas por el terremoto, que incluyen ayudas para arrendamiento y reparación de vivienda, además de un auxilio extraordinario para quienes hayan perdido su empleo. Para acceder a este último será necesario haber estado afiliado durante al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto a una caja de compensación y estar incluido en el registro oficial de damnificados.Nicolás Méndez, alcalde encargado de Villa de Leyva, reportó que el incendio había afectado aproximadamente entre 300 y 350 hectáreas y permanecía controlado en un 50 %. Confirmó restricciones como suspensión de clases, ley seca y limitaciones a actividades turísticas, y recomendó a los visitantes abstenerse de viajar al municipio durante esta semana mientras continúa la emergencia.Escuche el programa completo aquí:
Seis semanas después del terremoto del pasado 10 de agosto, las aseguradoras estiman que el valor de los siniestros reportados asciende a $5,5 billones, un billón más que en el informe de la semana anterior. De acuerdo con Fasecolda, las compañías han recibido 85.496 reclamaciones y han pagado $274.590 millones en indemnizaciones. Con corte al 18 de septiembre, los pagos registran un crecimiento del 48 % frente al reporte anterior. Durante la última semana, las aseguradoras desembolsaron 89.820 millones de pesos adicionales para atender a los afectados por la emergencia. En este momento, las compañías avanzan en la evaluación de los bienes afectados, con prioridad en los inmuebles colapsados y aquellos declarados como pérdida total. Este proceso se adelanta a través de más de 140 firmas de ajustadores, profesionales encargados de revisar los daños, cuantificar las pérdidas y determinar el alcance de las coberturas de cada póliza.El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, destacó la importancia de este trabajo técnico para agilizar la atención de las reclamaciones y movilizar los recursos necesarios para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. “Quiero rendirle un homenaje a los ajustadores, que son un ejército de profesionales, hombres y mujeres, que están recorriendo todo el país, evaluando las pérdidas, acompañando a las víctimas del terremoto, y nos están ayudando para hacer estos pagos”, afirmó Morales. Por tipo de seguro, el ramo de incendio y terremoto concentra la mayor cantidad de siniestros, con 61.250 reclamaciones y un valor estimado de 4 billones de pesos. Le siguen los seguros de hogar, con 18.755 casos y pagos proyectados por 541.000 millones de pesos. En los seguros de automóviles se reportan 1.252 siniestros, con un valor estimado de 21.000 millones de pesos. Los riesgos laborales suman 1.137 reclamaciones, por 18.000 millones, mientras que los demás ramos registran 3.102 casos, con una estimación de 69.000 millones de pesos.
La constructora Jaramillo Mora anunció la destinación de 22.000 millones de pesos para apoyar las labores de emergencia, recuperación y reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca. La compañía aseguró que el aporte incluye recursos económicos y capacidad técnica, que serán articulados con diferentes actores institucionales, empresariales y sociales para contribuir a la recuperación de las familias afectadas.La empresa señaló que esta destinación hace parte de su compromiso con la región y busca acompañar los procesos de reconstrucción, más allá de la entrega de recursos económicos. La compañía destacó que mantiene su apuesta por el desarrollo de Cali y el Valle del Cauca.“Nuestro compromiso va mucho más allá de una contribución económica. Creemos profundamente en el potencial de nuestra región y en la capacidad de su gente para salir adelante.” dijo Luisa Jaramillo Toro, directora ejecutiva de Jaramillo Mora.De manera paralela, Jaramillo Mora informó que activó sus protocolos de inspección técnica en los proyectos que actualmente tiene en construcción, como parte de las acciones adelantadas para verificar las condiciones de sus edificaciones y brindar tranquilidad a clientes, colaboradores y comunidades.“El desafío que hoy enfrentamos no consiste únicamente en reconstruir infraestructura. El verdadero reto es acompañar a las familias y comunidades para que recuperen la confianza, la estabilidad y las condiciones necesarias para volver a comenzar”, expresó la directora.Las inspecciones técnicas fueron realizadas en 27 proyectos activos ubicados en Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo. De acuerdo con la constructora, las evaluaciones permitieron validar la integridad y seguridad de todos los proyectos, con resultados satisfactorio
