Blu Radio conoció que la salida de Andrés Idárraga se debería a una molestia del propio presidente Gustavo Petro por varios episodios de fuego amigo dentro del Gobierno. Y es que el exministro de Justicia encargado, a mediados de enero, acusó al Ministerio de Defensa de estar detrás del espionaje a su celular a través del polémico software Pegasus.Sin embargo, la gota que rebosó la copa habría sido el contrapunteo con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien dijo que estaba siendo víctima de una presión política por parte del saliente ministro encargado y su esposa, quien hasta hace unos días se desempeñaba como directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía.Los hechos se remontan a la polémica imputación de cargos contra Rodríguez por supuestas omisiones en la seguridad del fallecido precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Imputación que duró pocas horas por un reversazo de la Fiscalía que terminó costándole el cargo a Andrea del Pilar Verdugo, esposa de Idárraga.Y es que, aunque en su momento no se conocieron mayores detalles sobre la renuncia de Verdugo, fuentes confirmaron que el hecho estaría directamente relacionado al caso del director de la UNP.Dentro de la lista de hechos que han llegado a Petro también está una alerta que el propio Augusto Rodríguez llevó al despacho presidencial sobre las presuntas intenciones del ministro encargado Idárraga para que la SAE cambiara el depositario de un bien expropiado en 2024 a Mauricio Vélez Hernández, alias 'Fortuna', según reveló el diario El Tiempo.Mientras tanto, este viernes se oficializó la llegada del abogado Jorge Iván Cuervo como ministro de Justicia en propiedad tras la salida hace dos meses de Eduardo Montealegre de esa cartera y lo que dicen fuentes al interior del Gobierno es que en el contrapunteo de Idárraga con dos hombres fuertes del presidente Petro (Pedro Sánchez y Augusto Rodríguez), el perdedor fue el hoy exministro encargado.
En una reciente y masiva intervención en el sistema penitenciario colombiano, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó los hallazgos de los operativos como un “triste buen resultado”. La acción, que se llevó a cabo en 124 centros penitenciarios de todo el país, permitió la incautación de una cantidad alarmante de elementos prohibidos, revelando las profundas fallas de seguridad y la posible corrupción interna en las cárceles.Un balance alarmante en los centros penitenciariosDurante los operativos, realizados con el apoyo de 3.900 funcionarios del Inpec, las autoridades lograron incautar 1.320 celulares, más de 1.700 tarjetas SIM, 3 millones de pesos en efectivo, 470 litros de licor, 27 kilogramos de estupefacientes y 480 armas cortopunzantes. El ministro enfatizó que, aunque el resultado es importante por su magnitud inédita, es "triste" porque evidencia la facilidad con la que estos objetos ingresan a los penales, lo que sugiere una complicidad de funcionarios y fallas graves en las requisas.Idárraga ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que investigue quién permite el ingreso de estos elementos. Según el funcionario, los métodos de contrabando han evolucionado, utilizando desde palomas hasta drones y posibles irregularidades en las visitas conyugales. Además, instó a verificar las cuentas bancarias de las personas que trabajan en el entorno carcelario debido a las transacciones sospechosas que facilitan este mercado ilegal.El abandono de la infraestructura y el bloqueo de señalesUno de los puntos más críticos señalados por el ministro es el abandono de las líneas de telefonía fija desde el año 2012. Al no funcionar estos canales legales de comunicación, se ha "naturalizado" el uso ilegal de celulares, creando industrias criminales dedicadas a la extorsión y el robo de identidades desde las prisiones.El plan del Gobierno incluye la reparación de los teléfonos fijos en un plazo de 15 días para luego proceder al bloqueo efectivo de señales de celular, comenzando por las cárceles de Cómbita, La Dorada y Valledupar. El ministro explicó que en lugares como La Picota, el bloqueo de señal ha sido difícil debido a la cercanía de viviendas y las tutelas interpuestas por ciudadanos que ven afectado su derecho a la comunicación.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional volvió a poner en entredicho la metodología con la que se están midiendo las cifras de cultivos y producción de cocaína en el país.El Ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos técnicos y estadísticos para demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde 2022.Idárraga explicó que el sistema de monitoreo continuará, tal como lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro, pero articulado con los mecanismos de seguimiento de la Policía Nacional.Sin embargo, el Gobierno adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que este tema será uno de los puntos centrales de discusión.“La negación de continuar con ese tipo de sistemas porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también con el diálogo con EE. UU., quien sería el verificador en Europa. Estamos en las conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían, por ejemplo, entrar a asumir esa verificación”, dijo Andrés Idárraga.Con esto, el jefe de la cartera de Justicia encargado confirmó que ya se adelantan conversaciones para que Estados Unidos asuma un rol como verificador y que incluso se evalúa la posibilidad de que miembros del Parlamento Europeo participen en el proceso de validación de las cifras.
Andrea del Pilar Verdugo Parra, esposa del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, presentó su renuncia al cargo de directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación. La dimisión fue aceptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en medio de una controversia pública que ha expuesto tensiones internas al interior del Gobierno Nacional y cruces de señalamientos entre altos funcionarios del Estado.La salida de Verdugo se produce luego de las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien aseguró que el ministro Idárraga tendría “mucho poder” dentro de la Fiscalía, debido al cargo que desempeñaba su esposa en esa entidad. Las afirmaciones fueron hechas en el contexto de la imputación solicitada contra Rodríguez por el caso relacionado con la seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, diligencia que, según el jefe de la UNP, estaría vinculada a dichas tensiones.El episodio fue interpretado como un caso de “fuego amigo” dentro del Gobierno, luego de que Rodríguez sugiriera, en diálogo con Blu Radio, que su situación judicial tendría relación con disputas internas y con el papel que desempeñan funcionarios cercanos al Ejecutivo en entidades de control y judiciales. En ese mismo escenario, el director de la UNP denunció roces con altos funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia encargado y jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, a quien señaló de haberlo acusado de participar en supuestas “chuzadas”, versión que Rodríguez calificó como falsa.Andrea del Pilar Verdugo Parra es abogada y especialista en Alta Dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sector público, con cargos de relevancia en distintas entidades del orden nacional y distrital. Antes de llegar a la Fiscalía, se desempeñó como secretaria general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y ha trabajado en entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Trabajo.Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Justicia han informado si la renuncia guarda relación directa con las declaraciones del director de la UNP o con eventuales consideraciones de carácter institucional.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga. Según explicó, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de ese tipo. “Lo que ya hemos confirmado hasta ahora, al interior del Ministerio de Defensa, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa”, afirmó.Sánchez precisó que Pegasus sí estuvo en el país, pero dejó de utilizarse hace más de dos años. “Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que enfatizó que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares emplea actualmente ese tipo de herramientas.En ese sentido, fue enfático en descartar órdenes irregulares: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa, o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.El ministro también subrayó que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales. “Nosotros no utilizamos ese tipo de software y, si se llegara a utilizar, debe ser con orden judicial y con todo el proceso; de lo contrario, es una violación a la ley”, sostuvo. Agregó que el Ministerio solo ordena labores de contrainteligencia interna, limitadas a pruebas de confiabilidad para proteger la seguridad de funcionarios y decisiones estratégicas.En relación con los señalamientos contra un suboficial mencionado en las denuncias, Sánchez advirtió sobre los riesgos de exponer información personal sin pruebas. “Exponer la hoja de vida, el nombre o las imágenes de nuestros suboficiales no solo los pone en riesgo, sino que también viola su privacidad y afecta el debido proceso”, dijo. Finalmente, anunció que se activaron todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y reiteró que la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes, mientras llamó a un manejo responsable de la información para evitar desinformación y señalamientos sin sustento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente a la denuncia sobre un posible espionaje a través del software Pegasus contra el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y aseguró que ya sostuvo una conversación directa con él para aclarar el alcance de la situación. Según explicó, desconoce los detalles del hecho denunciado, pero expresó total disposición para colaborar en lo que sea necesario con el fin de esclarecer el caso.Sánchez afirmó que el señalamiento es “muy grave y delicado” y subrayó que resulta inaceptable que en el país pueda llegar a ocurrir un episodio de espionaje ilegal como el que se ha puesto en conocimiento público. En ese sentido, recalcó que cualquier uso irregular de herramientas de inteligencia debe ser investigado a fondo y con absoluta transparencia.El ministro de Defensa también informó que se comunicó con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, así como con el contralor y el procurador, con el objetivo de articular esfuerzos institucionales y colaborar plenamente con las investigaciones que se adelanten desde los organismos de control y judiciales.De manera paralela, Sánchez ordenó a la cúpula militar y policial iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes y avanzar con la mayor celeridad posible para esclarecer la denuncia formulada por el ministro de Justicia encargado.Además, anunció que en los próximos minutos convocará de urgencia a la Junta de Inteligencia Conjunta, instancia en la que se impartirán las directrices específicas para el manejo y seguimiento de este caso.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la denuncia presentada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, contra ella, al igual que contra la representante a la Cámara, Lina María Garrido, y el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández; al asegurar que “no existe el delito de opinión” y que se trata de un intento del Gobierno por silenciar a la oposición a través del aparato judicial.Tras conocer la acción legal, Cabal afirmó que invocar el artículo 455 del Código Penal para perseguir a congresistas por sus posturas políticas constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y a la democracia. En ese sentido, advirtió que ninguna crítica, disenso o propuesta contraria al Gobierno puede ser tratada como un delito.La denuncia fue radicada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra. Según el ministro de Justicia, las acusaciones se derivan de publicaciones en redes sociales que serían “delictuosas” por, presuntamente, promover acciones militares de Estados Unidos contra Colombia.Para la senadora, este tipo de actuaciones buscan sentar un precedente peligroso. “Hoy somos tres congresistas; mañana puede ser cualquier ciudadano que alce la voz”, afirmó Cabal, al señalar que se trata de una estrategia de intimidación contra la oposición política.La senadora dejó claro que no se dejará amedrentar y que continuará ejerciendo control político, así como defendiendo el derecho de los colombianos a expresarse libremente frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Se trata de tres hombres implicados en delitos relacionados con asesinato, narcotráfico y lavado de activos. De acuerdo con el documento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos la búsqueda y recompensa de los integrantes de esta organización se estaría dando de manera conjunta con el FBI , la DEA y el Departamento de Justicia, de la siguientes manera:Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, recompensa de hasta 4 millones de dólares hasta 20 millones de dólares.Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “Giovanni” “El Viejo”, recompensa de hasta 5 millones de dólares hasta 15 millones de dólares.Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, recompensa de hasta 15 millones de dólares.Los tres señalados ocupan posiciones clave dentro de la estructura criminal, estando al frente de operaciones relacionadas con el narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, secuestros y asesinatos en varios países de la región, relacionados además con el apoyo de material a una organización terrorista extranjera. Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, sería el máximo jefe de la organización, mientras que alias “Giovanni” y alias “Juancho”, estarían implicados directamente con hechos internacionales, en su mayoría en Venezuela.Las autoridades estadounidenses hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con su paradero, así como la divulgación de los carteles respectivos de búsqueda recompensa.
Ya pasó un año del atroz caso en Florencia Varela, en Argentina, cuando tres jóvenes, entre ellas una menor de 15 años, fueron asesinadas a manos de ‘Pequeño J’, un hombre que se dedicaba al narcotráfico y sus cercanos, quienes las engañaron para que llegaran a una fiesta y luego les quitaron la vida.Los cuerpos de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15 fueron hallados sin vida en una vivienda de Florencio Varela. Los restos se encontraban enterrados en el patio de la casa, situada a unos 45 kilómetros de Ciudad Evita, donde las jóvenes habían sido vistas por última vez.Un video revive el caso tras un año de lo sucedidoTras un año de este caso, un nuevo video salió a la luz en donde se ve, lamentablemente, cómo una de las víctimas era torturada por sus agresores en el interior de la casa de Villa Vaettone en donde las amenazaban: “¡Te voy a volar el dedo, concha tu madre! (…) Agárrala, causa, agárrala, agárrala. Vuélale el dedo ya. ¿Entonces vas a hablar o no?”, decía.El hallazgo de las autoridades se produjo tras un análisis en el celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, un ciudadano peruano de 35 años detenido en una causa por narcotráfico, quien operaba, al parecer, de la mano del ‘Pequeño J’ y habría participado en este crimen.Brutalidad en un triple feminicidioLo cierto es que el reporte de la autopsia de las victima ya había declarado que habían sido asesinadas con brutalidad. Por ejemplo, el cuerpo de Lara, de apenas 15 años, presentaba signos de haber sido degolladas con una corte en su arteria y amputación en cinco dedos de su mano para quemarlos.Según la investigación, la sesión de tortura habría sido transmitida en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram con unos 45 participantes, en su mayoría mandos medios de una organización narcocriminal de origen peruano y buscaban mostrar su mandato en la zona de lo que podrían ser capaces de hacer, usando a estas tres jóvenes como ejemplo.
En la tarde de este jueves, 5 de noviembre, el Grupo Nutresa compartió un comunicado en el que confirmó que asumió oficialmente el control de la cadena Presto y sus 86 restaurantes. El plan inicial contempla la reactivación de 12 de estos locales comerciales.En desarrollo...
Un reloj de lujo suizo valorado en 290.000 dólares, robado la semana pasada de una tienda de Tokio, Japón, tuvo un final impensado cuando fue devuelto junto a una nota de disculpa, informó la prensa local.El robo ocurrió cuando un hombre que se hizo pasar por cliente se probó el Audemars Piguet y huyó de la tienda en la capital japonesa con la pieza.El caso tuvo un giro inesperado cuando la marca de lujo recibió un paquete con el reloj, junto a una nota escrita a mano pidiendo disculpas, informó el lunes el diario Asahi Shimbun y otros medios, que citaron a fuentes policiales no identificadas.El número de serie del reloj permitió confirmar que se trataba del mismo que había sido sustraído, según los reportes.La tienda no quiso comentar el caso al ser consultada por la AFP. La policía de Tokio continúa buscando al sospechoso del robo, según Asahi.
La consulta de los resultados de Chontico Noche es habitual entre miles de apostadores del Valle del Cauca y otras regiones del país. Este juego, identificado con la tradición regional del chontaduro, cuenta con diferentes modalidades para participar y acceder a premios según los aciertos.Número ganador del Chontico Noche de hoy 5 de noviembre de 2026El resultado del sorteo de este jueves 5 de noviembre de 2026 es el . Los participantes podrán consultar las cifras oficiales y compararlas con las registradas en sus tiquetes.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Quinta balota: ¿Cómo funciona la quinta balota del Chontico Noche?La quinta balota es un número adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta alternativa permite acceder a premios complementarios cuando la cifra coincide con alguna de las jugadas realizadas por los participantes.Su incorporación amplió las opciones disponibles para quienes participan en este chance.¿A qué hora juega el Chontico Noche?Los horarios oficiales del Chontico Noche cambian según el día:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.La marca también cuenta con otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Chontico Noche?Los jugadores pueden elegir entre seis modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que quieran apostar:Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: premia cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del número ganador¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Los montos establecidos son:Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.Cada jugador puede elegir el valor de su tiquete según su presupuesto y la modalidad seleccionada.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios?Para cobrar un premio del Chontico Noche, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados.Los documentos básicos son:Tiquete original correctamente diligenciado y sin enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: también es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.
