Blu Radio conoció que la salida de Andrés Idárraga se debería a una molestia del propio presidente Gustavo Petro por varios episodios de fuego amigo dentro del Gobierno. Y es que el exministro de Justicia encargado, a mediados de enero, acusó al Ministerio de Defensa de estar detrás del espionaje a su celular a través del polémico software Pegasus.Sin embargo, la gota que rebosó la copa habría sido el contrapunteo con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien dijo que estaba siendo víctima de una presión política por parte del saliente ministro encargado y su esposa, quien hasta hace unos días se desempeñaba como directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía.Los hechos se remontan a la polémica imputación de cargos contra Rodríguez por supuestas omisiones en la seguridad del fallecido precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Imputación que duró pocas horas por un reversazo de la Fiscalía que terminó costándole el cargo a Andrea del Pilar Verdugo, esposa de Idárraga.Y es que, aunque en su momento no se conocieron mayores detalles sobre la renuncia de Verdugo, fuentes confirmaron que el hecho estaría directamente relacionado al caso del director de la UNP.Dentro de la lista de hechos que han llegado a Petro también está una alerta que el propio Augusto Rodríguez llevó al despacho presidencial sobre las presuntas intenciones del ministro encargado Idárraga para que la SAE cambiara el depositario de un bien expropiado en 2024 a Mauricio Vélez Hernández, alias 'Fortuna', según reveló el diario El Tiempo.Mientras tanto, este viernes se oficializó la llegada del abogado Jorge Iván Cuervo como ministro de Justicia en propiedad tras la salida hace dos meses de Eduardo Montealegre de esa cartera y lo que dicen fuentes al interior del Gobierno es que en el contrapunteo de Idárraga con dos hombres fuertes del presidente Petro (Pedro Sánchez y Augusto Rodríguez), el perdedor fue el hoy exministro encargado.
En una reciente y masiva intervención en el sistema penitenciario colombiano, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó los hallazgos de los operativos como un “triste buen resultado”. La acción, que se llevó a cabo en 124 centros penitenciarios de todo el país, permitió la incautación de una cantidad alarmante de elementos prohibidos, revelando las profundas fallas de seguridad y la posible corrupción interna en las cárceles.Un balance alarmante en los centros penitenciariosDurante los operativos, realizados con el apoyo de 3.900 funcionarios del Inpec, las autoridades lograron incautar 1.320 celulares, más de 1.700 tarjetas SIM, 3 millones de pesos en efectivo, 470 litros de licor, 27 kilogramos de estupefacientes y 480 armas cortopunzantes. El ministro enfatizó que, aunque el resultado es importante por su magnitud inédita, es "triste" porque evidencia la facilidad con la que estos objetos ingresan a los penales, lo que sugiere una complicidad de funcionarios y fallas graves en las requisas.Idárraga ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que investigue quién permite el ingreso de estos elementos. Según el funcionario, los métodos de contrabando han evolucionado, utilizando desde palomas hasta drones y posibles irregularidades en las visitas conyugales. Además, instó a verificar las cuentas bancarias de las personas que trabajan en el entorno carcelario debido a las transacciones sospechosas que facilitan este mercado ilegal.El abandono de la infraestructura y el bloqueo de señalesUno de los puntos más críticos señalados por el ministro es el abandono de las líneas de telefonía fija desde el año 2012. Al no funcionar estos canales legales de comunicación, se ha "naturalizado" el uso ilegal de celulares, creando industrias criminales dedicadas a la extorsión y el robo de identidades desde las prisiones.El plan del Gobierno incluye la reparación de los teléfonos fijos en un plazo de 15 días para luego proceder al bloqueo efectivo de señales de celular, comenzando por las cárceles de Cómbita, La Dorada y Valledupar. El ministro explicó que en lugares como La Picota, el bloqueo de señal ha sido difícil debido a la cercanía de viviendas y las tutelas interpuestas por ciudadanos que ven afectado su derecho a la comunicación.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional volvió a poner en entredicho la metodología con la que se están midiendo las cifras de cultivos y producción de cocaína en el país.El Ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos técnicos y estadísticos para demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde 2022.Idárraga explicó que el sistema de monitoreo continuará, tal como lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro, pero articulado con los mecanismos de seguimiento de la Policía Nacional.Sin embargo, el Gobierno adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que este tema será uno de los puntos centrales de discusión.“La negación de continuar con ese tipo de sistemas porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también con el diálogo con EE. UU., quien sería el verificador en Europa. Estamos en las conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían, por ejemplo, entrar a asumir esa verificación”, dijo Andrés Idárraga.Con esto, el jefe de la cartera de Justicia encargado confirmó que ya se adelantan conversaciones para que Estados Unidos asuma un rol como verificador y que incluso se evalúa la posibilidad de que miembros del Parlamento Europeo participen en el proceso de validación de las cifras.
Andrea del Pilar Verdugo Parra, esposa del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, presentó su renuncia al cargo de directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación. La dimisión fue aceptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en medio de una controversia pública que ha expuesto tensiones internas al interior del Gobierno Nacional y cruces de señalamientos entre altos funcionarios del Estado.La salida de Verdugo se produce luego de las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien aseguró que el ministro Idárraga tendría “mucho poder” dentro de la Fiscalía, debido al cargo que desempeñaba su esposa en esa entidad. Las afirmaciones fueron hechas en el contexto de la imputación solicitada contra Rodríguez por el caso relacionado con la seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, diligencia que, según el jefe de la UNP, estaría vinculada a dichas tensiones.El episodio fue interpretado como un caso de “fuego amigo” dentro del Gobierno, luego de que Rodríguez sugiriera, en diálogo con Blu Radio, que su situación judicial tendría relación con disputas internas y con el papel que desempeñan funcionarios cercanos al Ejecutivo en entidades de control y judiciales. En ese mismo escenario, el director de la UNP denunció roces con altos funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia encargado y jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, a quien señaló de haberlo acusado de participar en supuestas “chuzadas”, versión que Rodríguez calificó como falsa.Andrea del Pilar Verdugo Parra es abogada y especialista en Alta Dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sector público, con cargos de relevancia en distintas entidades del orden nacional y distrital. Antes de llegar a la Fiscalía, se desempeñó como secretaria general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y ha trabajado en entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Trabajo.Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Justicia han informado si la renuncia guarda relación directa con las declaraciones del director de la UNP o con eventuales consideraciones de carácter institucional.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga. Según explicó, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de ese tipo. “Lo que ya hemos confirmado hasta ahora, al interior del Ministerio de Defensa, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa”, afirmó.Sánchez precisó que Pegasus sí estuvo en el país, pero dejó de utilizarse hace más de dos años. “Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que enfatizó que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares emplea actualmente ese tipo de herramientas.En ese sentido, fue enfático en descartar órdenes irregulares: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa, o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.El ministro también subrayó que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales. “Nosotros no utilizamos ese tipo de software y, si se llegara a utilizar, debe ser con orden judicial y con todo el proceso; de lo contrario, es una violación a la ley”, sostuvo. Agregó que el Ministerio solo ordena labores de contrainteligencia interna, limitadas a pruebas de confiabilidad para proteger la seguridad de funcionarios y decisiones estratégicas.En relación con los señalamientos contra un suboficial mencionado en las denuncias, Sánchez advirtió sobre los riesgos de exponer información personal sin pruebas. “Exponer la hoja de vida, el nombre o las imágenes de nuestros suboficiales no solo los pone en riesgo, sino que también viola su privacidad y afecta el debido proceso”, dijo. Finalmente, anunció que se activaron todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y reiteró que la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes, mientras llamó a un manejo responsable de la información para evitar desinformación y señalamientos sin sustento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente a la denuncia sobre un posible espionaje a través del software Pegasus contra el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y aseguró que ya sostuvo una conversación directa con él para aclarar el alcance de la situación. Según explicó, desconoce los detalles del hecho denunciado, pero expresó total disposición para colaborar en lo que sea necesario con el fin de esclarecer el caso.Sánchez afirmó que el señalamiento es “muy grave y delicado” y subrayó que resulta inaceptable que en el país pueda llegar a ocurrir un episodio de espionaje ilegal como el que se ha puesto en conocimiento público. En ese sentido, recalcó que cualquier uso irregular de herramientas de inteligencia debe ser investigado a fondo y con absoluta transparencia.El ministro de Defensa también informó que se comunicó con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, así como con el contralor y el procurador, con el objetivo de articular esfuerzos institucionales y colaborar plenamente con las investigaciones que se adelanten desde los organismos de control y judiciales.De manera paralela, Sánchez ordenó a la cúpula militar y policial iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes y avanzar con la mayor celeridad posible para esclarecer la denuncia formulada por el ministro de Justicia encargado.Además, anunció que en los próximos minutos convocará de urgencia a la Junta de Inteligencia Conjunta, instancia en la que se impartirán las directrices específicas para el manejo y seguimiento de este caso.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la denuncia presentada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, contra ella, al igual que contra la representante a la Cámara, Lina María Garrido, y el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández; al asegurar que “no existe el delito de opinión” y que se trata de un intento del Gobierno por silenciar a la oposición a través del aparato judicial.Tras conocer la acción legal, Cabal afirmó que invocar el artículo 455 del Código Penal para perseguir a congresistas por sus posturas políticas constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y a la democracia. En ese sentido, advirtió que ninguna crítica, disenso o propuesta contraria al Gobierno puede ser tratada como un delito.La denuncia fue radicada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra. Según el ministro de Justicia, las acusaciones se derivan de publicaciones en redes sociales que serían “delictuosas” por, presuntamente, promover acciones militares de Estados Unidos contra Colombia.Para la senadora, este tipo de actuaciones buscan sentar un precedente peligroso. “Hoy somos tres congresistas; mañana puede ser cualquier ciudadano que alce la voz”, afirmó Cabal, al señalar que se trata de una estrategia de intimidación contra la oposición política.La senadora dejó claro que no se dejará amedrentar y que continuará ejerciendo control político, así como defendiendo el derecho de los colombianos a expresarse libremente frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.
En medio de la angustia de habitantes de Manizales tras los daños provocados por el fuerte terremoto, una infraestructura en particular ha concentrado el interés de buena parte de sus habitantes: la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario.Posiblemente, el principal referente arquitectónico, religioso y cultural de la capital de Caldas sufrió graves daños estructurales incluyendo el colapso parcial de una torre lateral, la inclinación de otra torre, la caída de elementos de la cúpula y profundas grietas en sus muros.La compleja situación material ya empieza a movilizar a varios sectores, entre ellos, el privado que anunciaron su aporte para este proceso.La donaciónRecientemente, Acerías PazdelRio anunció la donación del 100% del acero necesario para llevar a cabo las labores de reconstrucción de este emblemático templo declarado Monumento Nacional de Colombia en 1984.De igual manera, sobre la catedral se refirió durante la reciente visita el presidente Abelardo de la Espriella, entregando ordenes a la ministra de Cultura, Paola Holguín.“Hay algo que me duele muchísimo a mí en lo personal, y es el daño que sufrió la catedral de Manizales, que es, de verdad, un ícono para Colombia. Le he dado instrucciones precisas a la ministra de Cultura, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea menester, a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica, que no solamente es un baluarte para los manizalitas, es también para toda Colombia”, destacó el jefe de Estado.Para evitar cualquier accidente con transeúntes, desde el momento de la emergencia sigue cerrada y custodiada por la fuerza pública tanto la catedral como Plaza de Bolivar y sus alrededores. Locales comerciales tampoco han reabierto para evaluar los daños registrados.
Las personas naturales y sucesiones ilíquidas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 tendrán más tiempo para presentar y pagar la declaración de renta, según los proyectos de decreto publicados por el Gobierno nacional.La medida fue anunciada este miércoles 12 de agosto por el Ministerio de Hacienda y la Dian, como respuesta a los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7,4. El calendario ordinario de renta para personas naturales estaba previsto entre el 12 de agosto y el 26 de octubre. Es importante precisar que, de acuerdo con el comunicado oficial, se trata de proyectos de decreto publicados para comentarios de la ciudadanía. La medida está dirigida a contribuyentes con domicilio fiscal registrado en municipios de las zonas afectadas.¿Quiénes podrán acceder al nuevo calendario de renta?El alivio está dirigido a personas naturales y sucesiones ilíquidas cuyo domicilio fiscal, registrado en el RUT al 10 de agosto de 2026, se encuentre en municipios pertenecientes a determinadas seccionales de la Dian.Los departamentos contemplados son:Valle del CaucaImpuestos de CaliImpuestos y Aduanas de PalmiraImpuestos y Aduanas de TuluáImpuestos y Aduanas de BuenaventuraRisaraldaImpuestos y Aduanas de PereiraQuindíoImpuestos y Aduanas de ArmeniaCaldasImpuestos y Aduanas de ManizalesChocóImpuestos y Aduanas de QuibdóCaucaImpuestos y Aduanas de PopayánLa medida también contempla a personas naturales que se inscriban por primera vez en el RUT, siempre que su domicilio esté ubicado en los municipios señalados.Para estos contribuyentes, los vencimientos que inicialmente correspondían a agosto serán trasladados a octubre y noviembre, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT, sin contar el dígito de verificación.¿Cuáles son las nuevas fechas para declarar renta en 2026?El nuevo cronograma comienza el 27 de octubre y se extiende hasta el 13 de noviembre de 2026. Las fechas quedaron así:NIT 01-02: 27 de octubre.NIT 03-04: 28 de octubre.NIT 05-06: 29 de octubre.NIT 07-08: 30 de octubre.NIT 09-10: 3 de noviembre.NIT 11-12: 4 de noviembre.NIT 13-14: 5 de noviembre.NIT 15-16: 6 de noviembre.NIT 17-18: 9 de noviembre.NIT 19-20: 10 de noviembre.NIT 21-22: 11 de noviembre.NIT 23-24: 12 de noviembre.NIT 25-26: 13 de noviembre.El Gobierno explicó que el objetivo es dar un margen adicional a quienes están atendiendo daños en sus viviendas, negocios y servicios básicos. La medida no elimina la obligación tributaria, sino que modifica temporalmente los plazos.¿Qué pasa con las retenciones y quiénes quedan por fuera?Los agentes de retención y autorretenedores que tengan domicilio fiscal en las zonas cobijadas también tendrán un plazo especial para declarar y pagar la retención correspondiente a julio de 2026. Los vencimientos irán del 9 al 22 de septiembre, según el último dígito del NIT.Sin embargo, el comunicado establece una excepción importante: estas medidas no aplican para grandes contribuyentes.Además, el Gobierno propuso suspender términos aduaneros entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre en varias seccionales afectadas.Por ahora, los contribuyentes deben revisar su domicilio fiscal en el RUT y verificar la aplicación definitiva de las medidas antes de modificar sus obligaciones. La Dian mantiene como referencia el calendario ordinario para quienes no estén cobijados por la medida.
Con el paso de las horas y el reporte de la ciudadanía la dimensión de la tragedia provocada por el reciente terremoto en el occidente del país sigue aumentando para la ciudad de Manizales.Así lo evidenció el más reciente reporte entregado por el alcalde Jorge Eduardo Rojas, quien manifestó que si bien la cifra de personas fallecidas no ha aumentado, las afectaciones en materia de infraestructura sí se han multiplicado. Además, aunque han incrementado la cantidad de inspecciones a estos lugares, aún quedan muchos por atender.En un solo día, según el mandatario, los damnificados por la tragedia aumentaron de 700 a 2.000, lo cual se traduce en 1.970 viviendas afectadas parcialmente y 1.150 con pérdida total cuando la primera jornada de atención solo eran 500.La solicitud permanente de las autoridades a la ciudadanía sigue siendo abstenerse de regresar a los inmuebles evacuados hasta tanto no sea seguro. También las solicitudes de visitas de inspección se elevaron de 300 a 655.“Como son tantas las las necesidades de visitas, entonces, por favor, yo sé que nadie tiene paciencia, pero hay que esperar a que llegue la gente. Si los desalojaron, no entren a su casa, porque si los desalojaron, es que, o bomberos o el equipo tiene alguna duda. Y si hay alguna duda es que puede haber colapso”, dijo el alcalde.En medio de la compleja situación que se vive en la capital de Caldas y las demás zonas del Eje Cafetero, en las últimas horas desde la sede central del Cuerpo de Bomberos de Manizales y tras una reunión con el Puesto de Mando Unificado, el presidente Abelardo De La Espriella anunció alivios en materia del pago de servicios públicos por tres meses para comerciantes y ciudadanos damnificados en todo Caldas.En la capital de Caldas sigue habilitado el coliseo mayor para la atención de la población evacuada y donde permanecen 164 familias.De igual manera, al estar llegando al tope de su capacidad, se habilitó un segundo albergue en el coliseo menor donde también se recolectan ayudas desde diferentes partes del departamento y del país.Mientras avanza la remoción de escombros en la zonas de mayor impacto por el sismo hay cierres viales para garantizar la movilidad de maquinaria pesada, mientras que permanece totalmente cerrada y custodiada por la fuerza pública la Plaza de Bolívar y sus alrededores.La emblemática Catedral sufrió graves daños principalmente en una de sus naves y como Monumento Nacional de Colombia ya el presidente De la Espriella impartió órdenes a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que se adelanten las acciones que permitan su restauración y reapertura.
La Alcaldía de de Cúcuta rechazó de manera categórica los asesinatos de Joselín Virginia Naín González y Ana Yamile Villamizar Téllez, ocurridos recientemente en hechos distintos en la capital de Norte de Santander.La Administración Municipal expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares y seres queridos de las dos mujeres y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.La secretaria de Equidad de Género y Mujer de Cúcuta, Jazlin Reslen, pidió a las autoridades competentes actuar con celeridad para esclarecer las circunstancias de ambos hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.“Cúcuta no puede ser indiferente ante la violencia contra las mujeres. Reiteramos nuestro llamado a prevenir, denunciar y rechazar cualquier forma de violencia de género”, señaló la funcionaria.El pronunciamiento de la Alcaldía de Cúcuta se produce en medio de la preocupación por los hechos de violencia que afectan a mujeres en la ciudad. La Administración Municipal insistió en la importancia de denunciar oportunamente cualquier situación de violencia de género y fortalecer las acciones institucionales de prevención.La Alcaldía recordó que las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, así como quienes conozcan un caso, pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 155, donde reciben orientación y acompañamiento.En situaciones de riesgo o emergencia inmediata, la recomendación es comunicarse con la línea 123.Las autoridades deberán establecer las circunstancias de cada uno de los asesinatos y determinar si alguno de los casos está relacionado con violencia de género o puede ser investigado como feminicidio.
La atención a las víctimas del terremoto continúa en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, mientras avanzan las labores de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.Medicina Legal confirmó que, hasta el momento, ha recibido 202 cuerpos relacionados con la emergencia ocasionada por el sismo. De ese total, los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 121 víctimas, entre ellas cinco menores de edad.La mayoría de las personas identificadas se encuentran en Pereira y Cali, de acuerdo con el reporte entregado por la entidad. En paralelo, continúa el proceso para garantizar la entrega de los cuerpos a sus familias. Esta labor se desarrolla de manera coordinada entre Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que se implementó un sistema único de información para agilizar el proceso de identificación de las personas fallecidas y facilitar posteriormente su entrega a los familiares.“Se implementó un sistema único de información que permite conocer en el menor tiempo posible la identificación, para la posterior entrega digna de las personas fallecidas a sus familiares”, señaló la Fiscalía, según la información suministrada.Además de las labores forenses, la Fiscalía mantiene desplegado personal para atender las diferentes necesidades derivadas de la emergencia. Más de 830 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) participan en las labores de búsqueda y rescate, levantamiento de cuerpos y demás diligencias relacionadas con la emergencia.La presencia de estos funcionarios se distribuyó de acuerdo con las necesidades de cada territorio, con especial despliegue en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.A estas labores se suma una iniciativa anunciada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien informó sobre una alianza con el sector funerario para brindar atención gratuita a las familias de las personas fallecidas. La alianza contempla dos modalidades de apoyo. La primera consiste en el acompañamiento y efectividad de pólizas, mediante orientación y gestión para hacer efectivos los seguros y planes exequiales vigentes ante las autoridades correspondientes y el Instituto Nacional de Medicina Legal.La segunda modalidad contempla la cobertura total de los costos de las honras fúnebres para aquellas familias que no contaban con ningún tipo de cobertura o seguro exequial.De acuerdo con la información entregada, las entidades del sector funerario que dispusieron su infraestructura para atender la emergencia son Capillas de la Fe, con cobertura focalizada en Manizales, Pereira y Cali; Funerales San Vicente, con presencia operativa en el departamento del Chocó, y Funerarias del Remanso.Mientras avanzan estas labores, las autoridades mantienen la coordinación para completar la identificación de los cuerpos que aún permanecen pendientes y garantizar que, una vez culminados los procedimientos correspondientes, puedan ser entregados de manera digna a sus familiares.
