“Un triste buen resultado”: minjusticia por incautación de 1.300 celulares en cárceles
La acción, que se llevó a cabo en 124 centros penitenciarios de todo el país, permitió la incautación de una cantidad alarmante de elementos prohibidos, revelando las profundas fallas de seguridad y la posible corrupción interna en las cárceles.
La acción, que se llevó a cabo en 124 centros penitenciarios de todo el país, permitió la incautación de una cantidad alarmante de elementos prohibidos, revelando las profundas fallas de seguridad y la posible corrupción interna en las cárceles.
Un balance alarmante en los centros penitenciarios
Durante los operativos, realizados con el apoyo de 3.900 funcionarios del Inpec, las autoridades lograron incautar 1.320 celulares, más de 1.700 tarjetas SIM, 3 millones de pesos en efectivo, 470 litros de licor, 27 kilogramos de estupefacientes y 480 armas cortopunzantes.
El ministro enfatizó que, aunque el resultado es importante por su magnitud inédita, es "triste" porque evidencia la facilidad con la que estos objetos ingresan a los penales, lo que sugiere una complicidad de funcionarios y fallas graves en las requisas.
Idárraga ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que investigue quién permite el ingreso de estos elementos. Según el funcionario, los métodos de contrabando han evolucionado, utilizando desde palomas hasta drones y posibles irregularidades en las visitas conyugales. Además, instó a verificar las cuentas bancarias de las personas que trabajan en el entorno carcelario debido a las transacciones sospechosas que facilitan este mercado ilegal.
El abandono de la infraestructura y el bloqueo de señales
Uno de los puntos más críticos señalados por el ministro es el abandono de las líneas de telefonía fija desde el año 2012. Al no funcionar estos canales legales de comunicación, se ha "naturalizado" el uso ilegal de celulares, creando industrias criminales dedicadas a la extorsión y el robo de identidades desde las prisiones.
El plan del Gobierno incluye la reparación de los teléfonos fijos en un plazo de 15 días para luego proceder al bloqueo efectivo de señales de celular, comenzando por las cárceles de Cómbita, La Dorada y Valledupar. El ministro explicó que en lugares como La Picota, el bloqueo de señal ha sido difícil debido a la cercanía de viviendas y las tutelas interpuestas por ciudadanos que ven afectado su derecho a la comunicación.