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De acuerdo con la Corte Constitucional, la formación deberá incluir, además, una perspectiva interseccional que contemple el enfoque diferencial para atender casos de mujeres indígenas víctimas de violencia.
Esta decisión se tomó tras resolver una acción de tutela en donde una mujer denunció que a pesar de tener la custodia compartida, su expareja le impidió completamente el contacto con la niña.
También cuestionó que la comisaría de familia emitiera una medida de protección únicamente en su favor, dejando por fuera a su hija, pese a que ambas han sido víctimas de hechos de violencia.
Tras revisar el caso, la Corte Constitucional encontró que la comisaría no evaluó las reiteradas denuncias de Sandra sobre la imposibilidad de ver a su hija, ni valoró las pruebas que evidenciaban el actuar del padre de la menor.
Además, limitó la protección definitiva a la violencia ejercida contra la madre, sin analizar el derecho de la niña a tener una familia y no ser separada de ella.
El alto tribunal también cuestionó las dilaciones injustificadas en el trámite administrativo, que agravaron la situación de vulneración, y a partir de nuevas pruebas recabadas por el alto tribunal se advirtieron incluso nuevos hechos de violencia contra la menor.
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En su decisión, el tribunal ordenó a la comisaría remitir copia del expediente al juzgado que estudia la apelación interpuesta por la accionante, para que éste valore los nuevos elementos. También ordenó al ICBF y a las autoridades del cabildo indígena garantizar la integridad de Luisa y brindar acompañamiento psicosocial para restaurar el vínculo materno-filial.
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