Posibles hallazgos con alcance fiscal en auditoría de Contraloría a MinInterior

La Contraloría publicó los resultados de la auditoría al Ministerio del Interior con corte al 31 de diciembre de 2017 y encontró trece hallazgos administrativos de los cuales hay ocho con posible incidencia disciplinaria y cinco con posible alcance fiscal. En el caso de los recursos, el ente de control halló incongruencias de $938’358.440.La mayoría de los hallazgos tienen que ver con la época de Juan Fernando Cristo y todos están relacionados con la firma de convenios y contratos con municipios y entidades administrativas, como Fonade y Findeter, para la construcción de Centros de Integración Ciudadana.Concretamente, los municipios son Cerro de San Antonio en Magdalena en donde se asignaron $735’000.000 para la construcción del CIC con el objeto de promover la seguridad y la gobernabilidad ciudadana. Y se pagó también para los estudios y la interventoría $672’900.000.El ente de control encontró que hubo diferencias técnicas entre lo pactado en el contrato y lo materializado en la obra y lo mismo ocurre con otros doce municipios, en todos los casos para la construcción de los Centros de Integración.Otro de los contratos en los que se encontraron hallazgos se presentó en Ocaña, Norte de Santander, en donde se contrató los diseños con el Fonade, Fonsecon y el municipio. En este caso, se estableció el proyecto en un predio específico, pero el interventor, Fonade, encontró que las características del lugar hicieron inviable la ejecución del proyecto”.También se investigaron los CIC de Vélez, Santander y Repelón, Atlántico, en donde se halló fallas graves de calidad en la obra. Hubo hallazgos en Pinilla, Bolívar; Chibolo, Magdalena; Belmira, Antioquia; Garagoa, Boyacá; Florida, Valle del Cauca, y otros más.En la mayoría de casos, el problema fue que entre los contratos y el resultado final de la obra, hubo diferencias en la cantidad de materiales y la calidad de los proyectos.Según la Contraloría, hubo “deficiencias en el proceso de aprobación y viabilización de los proyectos presentados por las entidades territoriales, en el que se evidenció incumplimiento de condiciones, requisitos y criterios básicos, falencias en los estudios y diseños, debilidad en la supervisión e interventoría, e incumplimientos en la gestión contractual”.La Contraloría enviará el informe a la Procuraduría para que esta determine si hay lugar a sanciones disciplinarias.