La Alcaldía de Bucaramanga manifestó su preocupación luego de que Findeter informara, durante una mesa de diálogo realizada con autoridades y comunidades del norte de la ciudad, que el proyecto de doble calzada La Virgen – La Cemento no sería considerado una vía nacional sino municipal, situación que, según el gobierno local, cambiaría las condiciones bajo las cuales se había planteado la financiación de la obra.La discusión se desarrolló en el colegio Maiporé, en el barrio Kennedy, donde participaron representantes de la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, comunidades del área de influencia y delegados de Findeter para revisar el estado del proyecto vial que busca mejorar la conexión entre Bucaramanga y Rionegro.El jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Jhon Manuel Delgado, aseguró que la nueva postura de Findeter tomó por sorpresa al municipio debido a que, según indicó, durante las mesas técnicas previas nunca se había planteado que el tramo fuera considerado una vía municipal.“Findeter ha anunciado y notificado que este tramo vial no es considerado como parte de una vía nacional, sino una vía municipal. Esto genera preocupación para el municipio de Bucaramanga porque hacemos parte de un comité técnico en el que esta consideración nunca se había planteado”, afirmó el funcionario.Delgado señaló que esta interpretación podría modificar la forma en que se espera financiar el proyecto y afectar el cierre financiero necesario para ejecutar la obra.“Pareciera que se busca generar una recomposición de la forma como se espera financiar el proyecto. Nosotros esperamos que al final logremos encontrar puntos de acuerdo para garantizar cómo le damos cierre financiero a la obra”, añadió.Desde la administración municipal insistieron en que la prioridad es sacar adelante una infraestructura considerada estratégica para mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las comunidades del norte de Bucaramanga y del municipio de Rionegro.“Si no encontramos puntos de acuerdo para la solución definitiva, definitivamente no vamos a lograr que las comunidades del norte de Bucaramanga y Rionegro estén conectadas y mejoren su calidad de vida”, puntualizó Delgado.Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que la reunión permitió avanzar en el diálogo institucional alrededor de una obra considerada clave para el área metropolitana.“Participamos en una mesa de diálogo para revisar el estado del proyecto vial La Virgen – La Cemento, una obra estratégica para el norte de Bucaramanga y el área metropolitana. Seguimos promoviendo el diálogo, la claridad y la gestión para sacar adelante los proyectos que necesita Santander”, expresó el mandatario departamental.Las declaraciones de Findeter también generaron críticas desde sectores ciudadanos. El veedor de contratación estatal, Rodrigo Fernández, calificó como “inaceptable” la posición de la entidad y aseguró que el tramo hace parte del Convenio 1113 de 2016, surgido tras el fracaso de la antigua concesión vial adjudicada por el entonces INCO, hoy ANI.Según Fernández, el proyecto incluso alcanzó a ser licitado antes de que el proceso fuera declarado desierto por presuntas irregularidades.“Findeter, como operador, no es competente para modificar el convenio ni disminuir las metas físicas del proyecto inicial”, afirmó el veedor, quien además recordó que otras obras urbanas como el tramo La Salle – El Palenque también hicieron parte de la concesión fallida.
El balance fue presentado este lunes por el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad, quien destacó que el 92 % de los recursos se concentraron en 708 municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, territorios que históricamente registran mayores necesidades básicas insatisfechas.De acuerdo con el informe, los recursos fueron destinados principalmente al sector energético (32,5 %), desarrollo urbano y vivienda (18,3 %), transporte (13,5 %), saneamiento fiscal (10 %), salud (8,4 %), agua potable y saneamiento básico (8%) y educación (3,7 %).Solo en el primer trimestre de 2026, Findeter reportó desembolsos por más de $1,42 billones para financiar 244 proyectos en 428 municipios de 27 departamentos, incluyendo Bogotá.Entre las iniciativas destacadas aparecen proyectos de transición energética como los parques solares Doña Juana, en La Dorada, y San Francisco, en Palestina (Caldas), además de obras de infraestructura vial, educativa y hospitalaria en departamentos como Cesar, Meta, Huila, Antioquia, Bolívar y Boyacá.En Bogotá, la entidad también confirmó recursos para la financiación del macroproyecto de rehabilitación de la línea Tibitoc-Casablanca, que busca fortalecer el sistema de acueducto de la capital.El presidente de Findeter aseguró que la meta de la entidad ha sido priorizar inversiones en territorios históricamente rezagados, con el propósito de cerrar brechas sociales y fortalecer la infraestructura regional.
Un nuevo llamado de atención hizo el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, a la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, y al contratista encargado de las obras en la Institución Educativa Dámaso Zapata, ante el bajo avance del proyecto de mejoramiento de infraestructura.Durante una visita al plantel, el mandatario cuestionó que, pese a los compromisos adquiridos hace tres meses, las obras no muestran resultados concretos.“Hoy hace 3 meses vinimos aquí al colegio y dentro del acta quedó establecido que comenzábamos. Le hemos hecho una serie de seguimientos, una serie de requerimientos. Vamos a acceder a una petición que ellos realizaron en ampliación de un plazo de 1 mes que nuestra Secretaría de Infraestructura y nuestro rector también lo avalaron de acuerdo con unas situaciones razonables. Todo nuestro apoyo, pero siempre y cuando respetando los tiempos porque son muchos los niños los que están esperando unas mejores instalaciones en su colegio, unos mejores salones”, afirmó.El alcalde Portilla insistió en que, aunque la administración ha sido flexible frente a solicitudes del contratista, en el caso del colegio Tecnológico, no se pueden seguir acumulando retrasos. Por ello, reiteró el llamado a acelerar la ejecución de las obras y cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad educativa.El proyecto hace parte de un paquete de inversiones aprobado en mayo de 2023, cuando el Concejo de Bucaramanga autorizó un empréstito por $80.000 millones de pesos para intervenir tres instituciones educativas de la ciudad: el Dámaso Zapata, el INEM y el Colegio Santander. Sin embargo, tres años después, las obras no registran avances significativos, lo que ha incrementado la preocupación en la comunidad educativa.A esta situación se suman las voces de otros planteles. El rector del INEM, Fabio Santos, aseguró que su institución también se ha visto afectada por los retrasos asociados al contrato 166, suscrito desde la administración anterior.“El contrato contemplaba una serie de obras para reestructurar y reacondicionar el bloque amarillo, donde están los salones de clase. Todo lo que correspondía a la institución educativa y a la administración municipal quedó listo desde abril de 2025. Solo faltaba subir la licitación al SECOP para iniciar el proceso de contratación”, explicó.El directivo cuestionó que, mientras en otros colegios se han anunciado o iniciado intervenciones sin contar con estudios completos, en el INEM el proceso sigue detenido.“Había un compromiso de Findeter para que a más tardar el 10 de marzo se iniciara el proceso, pero a la fecha no ha ocurrido nada. No hemos recibido respuesta y la preocupación sigue creciendo”, agregó.Las demoras ya empiezan a impactar las condiciones en las que reciben clases cientos de estudiantes, quienes continúan a la espera de mejoras en infraestructura y ambientes pedagógicos.La Alcaldía anunció que mantendrá el seguimiento a estos proyectos y espera que en el corto plazo se evidencien avances concretos en las intervenciones previstas para los tres colegios de Bucaramanga.
Más de 70 niños y niñas de zonas rurales del Catatumbo, en Norte de Santander, estrenarán mejores espacios para estudiar. El Ministerio de Educación, en articulación con Findeter, entregó este domingo varios proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa en tres municipios de la región, con una inversión total que supera los 1.800 millones de pesos.Las obras se realizaron en Teorama, Hacarí y San Calixto, territorios históricamente golpeados por el conflicto y por las dificultades de acceso a servicios básicos. En total fueron destinados $1.839 millones para la adecuación de aulas, cocinas y comedores escolares, cubiertas, baterías sanitarias, zonas exteriores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de dotación básica de mobiliario.En Teorama se intervino la Institución Educativa – Sede Pulpitos, ubicada en zona rural del municipio. Allí se invirtieron cerca de $279 millones en trabajos que se ejecutaron entre julio y diciembre de 2025 y que beneficiarán directamente a cinco estudiantes de la vereda.Por su parte, en Hacarí se desarrollaron dos proyectos. El primero se llevó a cabo en la Institución Educativa – Sede El Cerro, donde se invirtieron aproximadamente $680 millones para mejorar las condiciones de estudio de 13 alumnos. El segundo correspondió a la Institución Educativa El Valle, que recibió adecuaciones por $410 millones y beneficia a 17 estudiantes.En el municipio de San Calixto también hubo buenas noticias. Allí se entregaron las obras en la Institución Educativa Quebrada Azul, que atiende a 36 estudiantes de la zona rural y que contó con una inversión cercana a los $470 millones.Según el Ministerio de Educación, estas intervenciones buscan cerrar brechas históricas en el acceso y la calidad educativa en regiones apartadas del país, garantizando espacios dignos para el aprendizaje.Con estas entregas, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso con el fortalecimiento de la educación rural en el Catatumbo y con el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades educativas de Norte de Santander.
De acuerdo con la entidad, el 87 % de los municipios beneficiados pertenecen a las categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, aquellos con menor capacidad económica y mayores rezagos en infraestructura y servicios públicos. Estas inversiones se alinean con las metas del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Uno de los ejes más destacados fue la línea de Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS-VIP). A través de este programa se desembolsaron $994.882 millones, recursos que hicieron posible la financiación de 4.320 viviendas en 184 municipios, de los cuales 127 corresponden a territorios con mayores desafíos sociales.El componente de eficiencia energética también tuvo un papel central. En este sector se destinaron $1,43 billones para proyectos en 120 municipios, 90 de ellos de categorías 3 a 6. Estas inversiones respaldaron iniciativas de acceso, cobertura y modernización energética, consideradas clave dentro del proceso de transición energética justa.Otra línea prioritaria fue la de fortalecimiento institucional, orientada a mejorar las condiciones financieras de departamentos y municipios. Con desembolsos por $613.847 millones, Findeter apoyó a 165 entidades territoriales en procesos de saneamiento fiscal, modernización administrativa y ejecución de planes de desarrollo.La entidad también amplió su trabajo con intermediarios financieros del sector solidario. A través de cooperativas, cajas de compensación y fondos de empleados se canalizaron $80.817 millones, con impacto en 83 municipios, principalmente en proyectos de desarrollo urbano y minero-energético.“Estas cifras reflejan una banca de desarrollo conectada con los desafíos reales del territorio. Las inversiones evidencian el objetivo de contribuir de manera eficiente al cierre de brechas en los municipios con mayores necesidades del país”, afirmó el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás.Con estos resultados, Findeter consolida su papel como actor clave en la financiación del desarrollo territorial, enfocando sus recursos en proyectos de infraestructura social, acceso a vivienda, eficiencia energética y fortalecimiento de la gestión pública local.
Al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, llegó el pasado 12 de enero una queja disciplinaria en contra de quien hasta diciembre fungió como presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, y en contra de dos actuales funcionarios de la entidad.En la denuncia, presentada por el abogado y exzar anticorrupción Camilo Enciso, se señala que estas tres personas habrían incurrido en varias faltas graves correspondientes a temas como la omisión de declarar conflictos de interés y el presunto tráfico de influencias en la contratación pública.La historia es así: en junio de 2023, el presidente Gustavo Petro nombró como presidente de la entidad a Juan Carlos Muñiz, oriundo de Sabanalarga y quien había fungido en el pasado como secretario de Hacienda de la Gobernación del Atlántico. Al poco tiempo de llegar, Muñiz nombró como su asesora personal en la entidad a Betty Amada Ruiz Cantillo, la prima hermana de su esposa, Wadeth Chams Cantillo.Ruiz Cantillo registra hoy en el directorio de Findeter como gerente de Asuntos Estratégicos, oficina adscrita a la Presidencia y que, según se puede leer en el manual de funciones de la entidad, tiene entre varias funciones: “Formular y gestionar los proyectos y actividades transversales de cara al cumplimiento de las metas de la entidad”.Posteriormente, Muñiz nombró como director de Asuntos Contractuales a Iván Ramírez Rusinque, quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario general y hoy es el presidente encargado de la entidad tras la salida de Muñiz. Poco tiempo después, Ramírez Rusinque y Ruiz Cantillo iniciaron una relación de pareja.Con ocasión de la evolución de la relación, el 30 de octubre de 2025 Betty Amada radicó una declaración jurada y de conflictos de interés, en la que reportó que Iván Ramírez es su esposo. Sin embargo, no consideró que el hecho de que su esposo trabaje en la entidad pueda generar un potencial conflicto de interés entre ellos.De forma similar, con ocasión de su ascenso al cargo de secretario general de la entidad, Ramírez radicó una declaración de patrimonio y conflictos de interés en noviembre del año pasado, en la que declara de manera similar que su esposa es Betty Amada Ruiz Cantillo, pero tampoco vio ningún conflicto de interés, en contravía de la Política de Conflictos de Interés de la organización.Sumado a este posible caso de conflicto de intereses entre Muñiz, Ruiz Cantillo y Ramírez Rusinque, la denuncia de Enciso habla de un convenio interadministrativo que se habría firmado en noviembre de 2025 por valor de $22.000 millones de pesos entre Findeter y el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, primo del suegro de Muñiz, Jorge Chams Cure.Adicionalmente, el denunciante habla de tres fuentes internas de Findeter que han pedido la reserva de su nombre y que denuncian que existirían presuntos cobros de “coimas” o “comisiones” del 10 % al 20 % sobre el valor de contratos adjudicados por Findeter durante 2024-2025.Blu Radio consultó con Findeter y con el exdirector Muñiz sobre las denuncias de Enciso. En el caso de Muñiz, este señala que no tiene ningún tipo de conflicto, ni inhabilidad ni incompatibilidad que estén contempladas en la ley; que Betty Ruiz Cantillo no ostenta cargo directivo en la entidad, sino profesional; que Iván Ramírez tiene ocho años en Findeter y fue allí donde inició su relación sentimental, que llevó a su matrimonio en octubre de 2025; y que, frente al caso de Sabanalarga, no se trató de un convenio, sino de “una aprobación de un crédito, como se le hacen a todos los municipios del país, de acuerdo con su capacidad establecida en las normas pertinentes. Yo no tengo ninguna relación de consanguinidad ni conflicto de interés con ese alcalde”.Por su parte, desde Findeter rechazaron de manera categórica las denuncias sobre presuntos conflictos de interés y hechos irregulares en la entidad, al señalar que carecen de sustento fáctico y jurídico. Se aclaró que Betty Ruiz Cantillo no ocupa un cargo directivo, sino que se desempeña como profesional, y que tanto ella como Iván Ramírez ingresaron a la entidad antes de existir cualquier vínculo personal, lo que descarta inhabilidades o incompatibilidades. Frente al convenio por $22.000 millones con el municipio de Sabanalarga, se indicó que el crédito fue aprobado bajo los mismos procedimientos, controles y estándares aplicables a cualquier entidad territorial. Finalmente, se calificaron como falsas y temerarias las afirmaciones sobre supuestas coimas o comisiones, invitando a quienes las sostienen a presentar denuncias formales ante las autoridades competentes y advirtiendo que dichos señalamientos afectan injustamente el buen nombre de los funcionarios y de la entidad.
Con estos recursos, la banca de desarrollo triplicó el número de municipios y departamentos que han accedido a financiación con condiciones favorables para la ejecución de iniciativas que transformen los territorios.En ese sentido, la entidad pasó de financiar 111 entidades territoriales (16 departamentos y 95 municipios) en el período 2018–2022 a desembolsar recursos para 259 entidades territoriales (18 departamentos y 241 municipios) entre 2022 y octubre de 2025, lo que representa un aumento del 133 %.Así mismo, la financiación para municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, en donde hay mayores necesidades básicas insatisfechas, también aumentó y pasó de $293.068 millones a $771.538 millones, un incremento de más del 163 %.En lo corrido de 2025, con corte al 30 de noviembre, Findeter ha desembolsado más de $4 billones para la financiación de 531 proyectos que han impactado a 425 municipios, de los cuales 369, es decir, el 87 %, son de las categorías con mayores brechas, a los cuales se les ha financiado más de $1,4 billones.Entre los municipios impactados con los recursos de Findeter están Aguachica (Cesar), Albania (La Guajira), Chiquinquirá (Boyacá), El Cerrito (Valle del Cauca), Miranda (Cauca), Altos del Rosario (Bolívar), Andes (Antioquia), Arbeláez (Cundinamarca), Astrea (Cesar), Campoalegre (Huila), Dibulla (La Guajira), Fómeque (Cundinamarca), Frontino (Antioquia), Garagoa (Boyacá), Guamal (Meta), Guamo (Tolima), Luruaco (Atlántico), La Virginia (Risaralda), Palestina (Caldas), Purísima (Córdoba), Timaná (Huila), Cumbal (Nariño), entre otros.Algunos de los proyectos financiados y que benefician a estos municipios son la construcción de la concha acústica del municipio de El Peñón en Bolívar; el mejoramiento de la malla vial en Mompox (Bolívar); la construcción de cancha sintética en San Pablo (Bolívar) y la ampliación de servicios del hospital San José de Mariquita (Tolima).También la entidad ha financiado la optimización del alcantarillado, del acueducto y el mejoramiento de vías urbanas del corregimiento de San Roque, Curumaní (Cesar); el mejoramiento de la intercomunicación terrestre en la zona rural del municipio de Puerto Escondido (Córdoba); la construcción de infraestructura educativa en Colosó (Sucre); la construcción de la concha acústica en El Peñón (Bolívar), entre otros.
La crisis en la carretera que conecta Bucaramanga con Bogotá continúa sin un horizonte claro. Pese a una extensa jornada de diálogo realizada el pasado lunes, 17 de noviembre, en Curití, a la que asistieron delegados del Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander, empresarios y voceros de los transportadores, no se alcanzó un acuerdo que permita restablecer el cobro de los peajes en Oiba, Curití y Los Curos.Las comunidades ratificaron que mantendrán las talanqueras arriba, una decisión que completa más de 40 días, como medida de presión frente al deterioro del corredor vial. Aunque John Jairo González, director general (e) del Instituto Nacional de Vías, Invías, propuso reanudar los cobros mientras se avanzaba en soluciones técnicas y administrativas, los manifestantes insistieron en que no habrá marcha atrás hasta que se concreten compromisos verificables.Durante el encuentro, el Ministerio de Transporte presentó una hoja de ruta que contempla trasladar la administración del Convenio Vía de Los Comuneros a Findeter, bajo un esquema de pignoración de los recaudos y gestión integral del proyecto. Hasta ahora, dicho convenio está en manos de ENTerritorio. La propuesta incluye que en la primera semana de diciembre se realice una sesión de socialización en la que Findeter deberá definir si asume o no el manejo del programa.No obstante, las críticas frente al posible ingreso de Findeter no se hicieron esperar en Santander. Laureano Tirado, consultor político de la región, escribió en su cuenta de X: “Señor gobernador, @GralJuvenalDiaz, con todo respeto: @Findeter es el peor estructurador de proyectos. En Santander “no dan pie con bola” con el convenio las Cigarras ni con los colegios de Bucaramanga; en Cúcuta, llevan ocho años con el estudio del Policlínico. Increíble que esta decisión se tome sin director en propiedad de @InviasOficial, sin la presencia de la ministra de Transporte @maferojas, y sin su presencia. Lo mejor que le puede pasar a Santander es que llegue rápido el nuevo gobierno nacional para que sea el compromiso más importante de la historia la concesión 4G. ¡Se Puede!”Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, también se expresó a través de sus redes sociales: “Fundamental que @Findeter de por aprendidas las lecciones con Vías de las Cigarras en materia de revisar y validar los diseños antes de licitar. No se puede repetir el error del par vial El Cero - Puente Tierra. Lamentablemente tendremos la barrera de participación del cupo de crédito, dado que amparado en su “régimen especial”, Findeter no utiliza pliego tipo ni ley 80/93 y, en consecuencia, se reduce el número d oferentes. Ojalá no vayan a empaquetar los proyectos para limitar más”, escribió en su cuenta de X.Si el ingreso de Findeter se concreta, el Gobierno prevé actualizar estudios y diseños de obras estratégicas para el corredor, incluyendo terceros carriles y dobles calzadas, con el fin de avanzar en intervenciones estructurales más allá del mantenimiento rutinario.El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, quien participó en la reunión, expresó que “la conclusión puntual es que se va a reactivar el Convenio de los Comuneros, haciendo una actualización especialmente en las consideraciones técnicas y que permita desarrollar esta infraestructura proyectada”.Sin embargo, los voceros de la Alianza Ciudadana y Transportadores señalaron que no levantarán su protesta hasta que la reunión con Findeter se materialice y existan compromisos claros sobre inversiones y plazos.Cabe recordar que el convenio Vías de Los Comuneros se firmó en diciembre de 2024, pero hasta la fecha no se ha avanzado en nada. En esa fecha se explicó que el proyecto tenía como objetivo planificar, ejecutar y operar el corredor vial Zipaquirá-Bucaramanga-San Alberto, y se estimaba que el recaudo por concepto de peajes sería de $120.000 millones anuales durante los próximos 20 años.En esa oportunidad el Ministerio de Transporte, a través de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), informó que los 458 kilómetros de la Ruta de Los Comuneros estarían distribuidos entre los cuatro departamentos involucrados de la siguiente manera: 288 km en Santander, 84 km en Cundinamarca, 51 km en Boyacá y 34 km en Norte de Santander.Para el desarrollo del proyecto se estima una inversión total de $2,4 billones, de los cuales $1,36 billones se destinarán a obras de infraestructura y $1,09 billones a la operación y mantenimiento de las vías.Mientras se soluciona el tema las talanqueras seguirán levantadas, pues la comunidad sigue a la espera de decisiones que definan el futuro de uno de los corredores más importantes del país.
Mediante un comunicado, Findeter dio a conocer los avances en las labores de mantenimiento y mitigación en la vía que conecta el corregimiento de Palenque con el barrio Café Madrid, en Bucaramanga, especialmente en el sector conocido como Paso Malo, uno de los puntos más críticos por la presencia de una falla geológica activa. Esta condición obliga a intervenciones periódicas para evitar cierres y garantizar la seguridad de quienes transitan por este corredor.El tramo hace parte de los nueve corredores priorizados dentro del programa Vías de la Cigarra, liderado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, y ejecutado por Findeter. Este programa busca mejorar la conectividad y la movilidad urbana y rural en la región, pero en Paso Malo el reto es mayor debido al movimiento constante del terreno.Desde 2016, a través del convenio 1113, se han implementado contratos de mantenimiento vial integral que contemplan acciones cada tres meses, como fresado, conformación y nivelación de calzada, limpieza de obras hidráulicas y rocería. La más reciente intervención se llevó a cabo el 22 de mayo de este año, y estaba prevista una nueva jornada para el pasado 13 de agosto, la cual debió aplazarse por bloqueos en la vía y comenzó finalmente este viernes.Las obras fueron socializadas previamente con la Junta de Acción Comunal de Café Madrid, el gremio transportador SINALCO Colombia, veedurías ciudadanas, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Policía Metropolitana. Durante las labores se instalaron elementos de señalización para orientar a los conductores y prevenir accidentes.En 2024, Findeter entregó a Invías los estudios técnicos para una solución definitiva que permita estabilizar el terreno y eliminar el riesgo que hoy obliga a las intervenciones continuas. Con estos insumos, el comité directivo del programa evaluará la priorización del proyecto y la búsqueda de recursos para su ejecución.Mientras se concreta esta obra de fondo, el compromiso de las entidades es mantener las labores de mitigación con la frecuencia establecida, asegurando que el tránsito por este corredor estratégico de Bucaramanga no se interrumpa y que los usuarios cuenten con condiciones de seguridad en la vía
En medio de protestas y bloqueos, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reafirmó la decisión de reabrir el peaje de Rionegro, ubicado en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con el departamento del Cesar y la Costa Caribe. La reapertura del peaje está programada este miércoles 26 de marzo pese a la oposición de la comunidad, que se ha manifestado con bloqueos en el sector.El mandatario departamental explicó que la decisión fue tomada por un comité liderado por Findeter, el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte.Según Díaz, los recursos generados por el peaje son esenciales para la ejecución de obras viales clave en la región, incluyendo la intervención en el sector de La Virgen y la Cemento. Asimismo, resaltó que la comunidad solicitó estudios y diseños para la vía entre Cero y Rionegro, así como la exención de cobro para la categoría uno, medidas que ya han sido atendidas."El daño a Rionegro por no permitir el funcionamiento del peaje ha sido enorme. Se han perdido 58.000 millones de pesos, sin contar los intereses, que pudieron haberse invertido en una obra importante para la vía, además, el par vial Rionegro, que era una exigencia de la comunidad, ya se está ejecutando", afirmó el gobernador.Díaz advirtió que, en caso de que las manifestaciones impidan la reapertura del peaje, la Policía Nacional intervendrá para despejar la vía. Asimismo, anunció que se tomarán acciones legales contra quienes persistan en los bloqueos."Es una decisión de Findeter y he dado instrucciones a la Secretaría del Interior para que interponga la denuncia ante la Fiscalía. Es momento de ejercer autoridad", concluyó el gobernador.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
