La Alcaldía de Bucaramanga manifestó su preocupación luego de que Findeter informara, durante una mesa de diálogo realizada con autoridades y comunidades del norte de la ciudad, que el proyecto de doble calzada La Virgen – La Cemento no sería considerado una vía nacional sino municipal, situación que, según el gobierno local, cambiaría las condiciones bajo las cuales se había planteado la financiación de la obra.La discusión se desarrolló en el colegio Maiporé, en el barrio Kennedy, donde participaron representantes de la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, comunidades del área de influencia y delegados de Findeter para revisar el estado del proyecto vial que busca mejorar la conexión entre Bucaramanga y Rionegro.El jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Jhon Manuel Delgado, aseguró que la nueva postura de Findeter tomó por sorpresa al municipio debido a que, según indicó, durante las mesas técnicas previas nunca se había planteado que el tramo fuera considerado una vía municipal.“Findeter ha anunciado y notificado que este tramo vial no es considerado como parte de una vía nacional, sino una vía municipal. Esto genera preocupación para el municipio de Bucaramanga porque hacemos parte de un comité técnico en el que esta consideración nunca se había planteado”, afirmó el funcionario.Delgado señaló que esta interpretación podría modificar la forma en que se espera financiar el proyecto y afectar el cierre financiero necesario para ejecutar la obra.“Pareciera que se busca generar una recomposición de la forma como se espera financiar el proyecto. Nosotros esperamos que al final logremos encontrar puntos de acuerdo para garantizar cómo le damos cierre financiero a la obra”, añadió.Desde la administración municipal insistieron en que la prioridad es sacar adelante una infraestructura considerada estratégica para mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las comunidades del norte de Bucaramanga y del municipio de Rionegro.“Si no encontramos puntos de acuerdo para la solución definitiva, definitivamente no vamos a lograr que las comunidades del norte de Bucaramanga y Rionegro estén conectadas y mejoren su calidad de vida”, puntualizó Delgado.Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que la reunión permitió avanzar en el diálogo institucional alrededor de una obra considerada clave para el área metropolitana.“Participamos en una mesa de diálogo para revisar el estado del proyecto vial La Virgen – La Cemento, una obra estratégica para el norte de Bucaramanga y el área metropolitana. Seguimos promoviendo el diálogo, la claridad y la gestión para sacar adelante los proyectos que necesita Santander”, expresó el mandatario departamental.Las declaraciones de Findeter también generaron críticas desde sectores ciudadanos. El veedor de contratación estatal, Rodrigo Fernández, calificó como “inaceptable” la posición de la entidad y aseguró que el tramo hace parte del Convenio 1113 de 2016, surgido tras el fracaso de la antigua concesión vial adjudicada por el entonces INCO, hoy ANI.Según Fernández, el proyecto incluso alcanzó a ser licitado antes de que el proceso fuera declarado desierto por presuntas irregularidades.“Findeter, como operador, no es competente para modificar el convenio ni disminuir las metas físicas del proyecto inicial”, afirmó el veedor, quien además recordó que otras obras urbanas como el tramo La Salle – El Palenque también hicieron parte de la concesión fallida.
El balance fue presentado este lunes por el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad, quien destacó que el 92 % de los recursos se concentraron en 708 municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, territorios que históricamente registran mayores necesidades básicas insatisfechas.De acuerdo con el informe, los recursos fueron destinados principalmente al sector energético (32,5 %), desarrollo urbano y vivienda (18,3 %), transporte (13,5 %), saneamiento fiscal (10 %), salud (8,4 %), agua potable y saneamiento básico (8%) y educación (3,7 %).Solo en el primer trimestre de 2026, Findeter reportó desembolsos por más de $1,42 billones para financiar 244 proyectos en 428 municipios de 27 departamentos, incluyendo Bogotá.Entre las iniciativas destacadas aparecen proyectos de transición energética como los parques solares Doña Juana, en La Dorada, y San Francisco, en Palestina (Caldas), además de obras de infraestructura vial, educativa y hospitalaria en departamentos como Cesar, Meta, Huila, Antioquia, Bolívar y Boyacá.En Bogotá, la entidad también confirmó recursos para la financiación del macroproyecto de rehabilitación de la línea Tibitoc-Casablanca, que busca fortalecer el sistema de acueducto de la capital.El presidente de Findeter aseguró que la meta de la entidad ha sido priorizar inversiones en territorios históricamente rezagados, con el propósito de cerrar brechas sociales y fortalecer la infraestructura regional.
Un nuevo llamado de atención hizo el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, a la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, y al contratista encargado de las obras en la Institución Educativa Dámaso Zapata, ante el bajo avance del proyecto de mejoramiento de infraestructura.Durante una visita al plantel, el mandatario cuestionó que, pese a los compromisos adquiridos hace tres meses, las obras no muestran resultados concretos.“Hoy hace 3 meses vinimos aquí al colegio y dentro del acta quedó establecido que comenzábamos. Le hemos hecho una serie de seguimientos, una serie de requerimientos. Vamos a acceder a una petición que ellos realizaron en ampliación de un plazo de 1 mes que nuestra Secretaría de Infraestructura y nuestro rector también lo avalaron de acuerdo con unas situaciones razonables. Todo nuestro apoyo, pero siempre y cuando respetando los tiempos porque son muchos los niños los que están esperando unas mejores instalaciones en su colegio, unos mejores salones”, afirmó.El alcalde Portilla insistió en que, aunque la administración ha sido flexible frente a solicitudes del contratista, en el caso del colegio Tecnológico, no se pueden seguir acumulando retrasos. Por ello, reiteró el llamado a acelerar la ejecución de las obras y cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad educativa.El proyecto hace parte de un paquete de inversiones aprobado en mayo de 2023, cuando el Concejo de Bucaramanga autorizó un empréstito por $80.000 millones de pesos para intervenir tres instituciones educativas de la ciudad: el Dámaso Zapata, el INEM y el Colegio Santander. Sin embargo, tres años después, las obras no registran avances significativos, lo que ha incrementado la preocupación en la comunidad educativa.A esta situación se suman las voces de otros planteles. El rector del INEM, Fabio Santos, aseguró que su institución también se ha visto afectada por los retrasos asociados al contrato 166, suscrito desde la administración anterior.“El contrato contemplaba una serie de obras para reestructurar y reacondicionar el bloque amarillo, donde están los salones de clase. Todo lo que correspondía a la institución educativa y a la administración municipal quedó listo desde abril de 2025. Solo faltaba subir la licitación al SECOP para iniciar el proceso de contratación”, explicó.El directivo cuestionó que, mientras en otros colegios se han anunciado o iniciado intervenciones sin contar con estudios completos, en el INEM el proceso sigue detenido.“Había un compromiso de Findeter para que a más tardar el 10 de marzo se iniciara el proceso, pero a la fecha no ha ocurrido nada. No hemos recibido respuesta y la preocupación sigue creciendo”, agregó.Las demoras ya empiezan a impactar las condiciones en las que reciben clases cientos de estudiantes, quienes continúan a la espera de mejoras en infraestructura y ambientes pedagógicos.La Alcaldía anunció que mantendrá el seguimiento a estos proyectos y espera que en el corto plazo se evidencien avances concretos en las intervenciones previstas para los tres colegios de Bucaramanga.
Más de 70 niños y niñas de zonas rurales del Catatumbo, en Norte de Santander, estrenarán mejores espacios para estudiar. El Ministerio de Educación, en articulación con Findeter, entregó este domingo varios proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa en tres municipios de la región, con una inversión total que supera los 1.800 millones de pesos.Las obras se realizaron en Teorama, Hacarí y San Calixto, territorios históricamente golpeados por el conflicto y por las dificultades de acceso a servicios básicos. En total fueron destinados $1.839 millones para la adecuación de aulas, cocinas y comedores escolares, cubiertas, baterías sanitarias, zonas exteriores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de dotación básica de mobiliario.En Teorama se intervino la Institución Educativa – Sede Pulpitos, ubicada en zona rural del municipio. Allí se invirtieron cerca de $279 millones en trabajos que se ejecutaron entre julio y diciembre de 2025 y que beneficiarán directamente a cinco estudiantes de la vereda.Por su parte, en Hacarí se desarrollaron dos proyectos. El primero se llevó a cabo en la Institución Educativa – Sede El Cerro, donde se invirtieron aproximadamente $680 millones para mejorar las condiciones de estudio de 13 alumnos. El segundo correspondió a la Institución Educativa El Valle, que recibió adecuaciones por $410 millones y beneficia a 17 estudiantes.En el municipio de San Calixto también hubo buenas noticias. Allí se entregaron las obras en la Institución Educativa Quebrada Azul, que atiende a 36 estudiantes de la zona rural y que contó con una inversión cercana a los $470 millones.Según el Ministerio de Educación, estas intervenciones buscan cerrar brechas históricas en el acceso y la calidad educativa en regiones apartadas del país, garantizando espacios dignos para el aprendizaje.Con estas entregas, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso con el fortalecimiento de la educación rural en el Catatumbo y con el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades educativas de Norte de Santander.
De acuerdo con la entidad, el 87 % de los municipios beneficiados pertenecen a las categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, aquellos con menor capacidad económica y mayores rezagos en infraestructura y servicios públicos. Estas inversiones se alinean con las metas del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Uno de los ejes más destacados fue la línea de Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS-VIP). A través de este programa se desembolsaron $994.882 millones, recursos que hicieron posible la financiación de 4.320 viviendas en 184 municipios, de los cuales 127 corresponden a territorios con mayores desafíos sociales.El componente de eficiencia energética también tuvo un papel central. En este sector se destinaron $1,43 billones para proyectos en 120 municipios, 90 de ellos de categorías 3 a 6. Estas inversiones respaldaron iniciativas de acceso, cobertura y modernización energética, consideradas clave dentro del proceso de transición energética justa.Otra línea prioritaria fue la de fortalecimiento institucional, orientada a mejorar las condiciones financieras de departamentos y municipios. Con desembolsos por $613.847 millones, Findeter apoyó a 165 entidades territoriales en procesos de saneamiento fiscal, modernización administrativa y ejecución de planes de desarrollo.La entidad también amplió su trabajo con intermediarios financieros del sector solidario. A través de cooperativas, cajas de compensación y fondos de empleados se canalizaron $80.817 millones, con impacto en 83 municipios, principalmente en proyectos de desarrollo urbano y minero-energético.“Estas cifras reflejan una banca de desarrollo conectada con los desafíos reales del territorio. Las inversiones evidencian el objetivo de contribuir de manera eficiente al cierre de brechas en los municipios con mayores necesidades del país”, afirmó el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás.Con estos resultados, Findeter consolida su papel como actor clave en la financiación del desarrollo territorial, enfocando sus recursos en proyectos de infraestructura social, acceso a vivienda, eficiencia energética y fortalecimiento de la gestión pública local.
Al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, llegó el pasado 12 de enero una queja disciplinaria en contra de quien hasta diciembre fungió como presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, y en contra de dos actuales funcionarios de la entidad.En la denuncia, presentada por el abogado y exzar anticorrupción Camilo Enciso, se señala que estas tres personas habrían incurrido en varias faltas graves correspondientes a temas como la omisión de declarar conflictos de interés y el presunto tráfico de influencias en la contratación pública.La historia es así: en junio de 2023, el presidente Gustavo Petro nombró como presidente de la entidad a Juan Carlos Muñiz, oriundo de Sabanalarga y quien había fungido en el pasado como secretario de Hacienda de la Gobernación del Atlántico. Al poco tiempo de llegar, Muñiz nombró como su asesora personal en la entidad a Betty Amada Ruiz Cantillo, la prima hermana de su esposa, Wadeth Chams Cantillo.Ruiz Cantillo registra hoy en el directorio de Findeter como gerente de Asuntos Estratégicos, oficina adscrita a la Presidencia y que, según se puede leer en el manual de funciones de la entidad, tiene entre varias funciones: “Formular y gestionar los proyectos y actividades transversales de cara al cumplimiento de las metas de la entidad”.Posteriormente, Muñiz nombró como director de Asuntos Contractuales a Iván Ramírez Rusinque, quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario general y hoy es el presidente encargado de la entidad tras la salida de Muñiz. Poco tiempo después, Ramírez Rusinque y Ruiz Cantillo iniciaron una relación de pareja.Con ocasión de la evolución de la relación, el 30 de octubre de 2025 Betty Amada radicó una declaración jurada y de conflictos de interés, en la que reportó que Iván Ramírez es su esposo. Sin embargo, no consideró que el hecho de que su esposo trabaje en la entidad pueda generar un potencial conflicto de interés entre ellos.De forma similar, con ocasión de su ascenso al cargo de secretario general de la entidad, Ramírez radicó una declaración de patrimonio y conflictos de interés en noviembre del año pasado, en la que declara de manera similar que su esposa es Betty Amada Ruiz Cantillo, pero tampoco vio ningún conflicto de interés, en contravía de la Política de Conflictos de Interés de la organización.Sumado a este posible caso de conflicto de intereses entre Muñiz, Ruiz Cantillo y Ramírez Rusinque, la denuncia de Enciso habla de un convenio interadministrativo que se habría firmado en noviembre de 2025 por valor de $22.000 millones de pesos entre Findeter y el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, primo del suegro de Muñiz, Jorge Chams Cure.Adicionalmente, el denunciante habla de tres fuentes internas de Findeter que han pedido la reserva de su nombre y que denuncian que existirían presuntos cobros de “coimas” o “comisiones” del 10 % al 20 % sobre el valor de contratos adjudicados por Findeter durante 2024-2025.Blu Radio consultó con Findeter y con el exdirector Muñiz sobre las denuncias de Enciso. En el caso de Muñiz, este señala que no tiene ningún tipo de conflicto, ni inhabilidad ni incompatibilidad que estén contempladas en la ley; que Betty Ruiz Cantillo no ostenta cargo directivo en la entidad, sino profesional; que Iván Ramírez tiene ocho años en Findeter y fue allí donde inició su relación sentimental, que llevó a su matrimonio en octubre de 2025; y que, frente al caso de Sabanalarga, no se trató de un convenio, sino de “una aprobación de un crédito, como se le hacen a todos los municipios del país, de acuerdo con su capacidad establecida en las normas pertinentes. Yo no tengo ninguna relación de consanguinidad ni conflicto de interés con ese alcalde”.Por su parte, desde Findeter rechazaron de manera categórica las denuncias sobre presuntos conflictos de interés y hechos irregulares en la entidad, al señalar que carecen de sustento fáctico y jurídico. Se aclaró que Betty Ruiz Cantillo no ocupa un cargo directivo, sino que se desempeña como profesional, y que tanto ella como Iván Ramírez ingresaron a la entidad antes de existir cualquier vínculo personal, lo que descarta inhabilidades o incompatibilidades. Frente al convenio por $22.000 millones con el municipio de Sabanalarga, se indicó que el crédito fue aprobado bajo los mismos procedimientos, controles y estándares aplicables a cualquier entidad territorial. Finalmente, se calificaron como falsas y temerarias las afirmaciones sobre supuestas coimas o comisiones, invitando a quienes las sostienen a presentar denuncias formales ante las autoridades competentes y advirtiendo que dichos señalamientos afectan injustamente el buen nombre de los funcionarios y de la entidad.
Con estos recursos, la banca de desarrollo triplicó el número de municipios y departamentos que han accedido a financiación con condiciones favorables para la ejecución de iniciativas que transformen los territorios.En ese sentido, la entidad pasó de financiar 111 entidades territoriales (16 departamentos y 95 municipios) en el período 2018–2022 a desembolsar recursos para 259 entidades territoriales (18 departamentos y 241 municipios) entre 2022 y octubre de 2025, lo que representa un aumento del 133 %.Así mismo, la financiación para municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, en donde hay mayores necesidades básicas insatisfechas, también aumentó y pasó de $293.068 millones a $771.538 millones, un incremento de más del 163 %.En lo corrido de 2025, con corte al 30 de noviembre, Findeter ha desembolsado más de $4 billones para la financiación de 531 proyectos que han impactado a 425 municipios, de los cuales 369, es decir, el 87 %, son de las categorías con mayores brechas, a los cuales se les ha financiado más de $1,4 billones.Entre los municipios impactados con los recursos de Findeter están Aguachica (Cesar), Albania (La Guajira), Chiquinquirá (Boyacá), El Cerrito (Valle del Cauca), Miranda (Cauca), Altos del Rosario (Bolívar), Andes (Antioquia), Arbeláez (Cundinamarca), Astrea (Cesar), Campoalegre (Huila), Dibulla (La Guajira), Fómeque (Cundinamarca), Frontino (Antioquia), Garagoa (Boyacá), Guamal (Meta), Guamo (Tolima), Luruaco (Atlántico), La Virginia (Risaralda), Palestina (Caldas), Purísima (Córdoba), Timaná (Huila), Cumbal (Nariño), entre otros.Algunos de los proyectos financiados y que benefician a estos municipios son la construcción de la concha acústica del municipio de El Peñón en Bolívar; el mejoramiento de la malla vial en Mompox (Bolívar); la construcción de cancha sintética en San Pablo (Bolívar) y la ampliación de servicios del hospital San José de Mariquita (Tolima).También la entidad ha financiado la optimización del alcantarillado, del acueducto y el mejoramiento de vías urbanas del corregimiento de San Roque, Curumaní (Cesar); el mejoramiento de la intercomunicación terrestre en la zona rural del municipio de Puerto Escondido (Córdoba); la construcción de infraestructura educativa en Colosó (Sucre); la construcción de la concha acústica en El Peñón (Bolívar), entre otros.
La crisis en la carretera que conecta Bucaramanga con Bogotá continúa sin un horizonte claro. Pese a una extensa jornada de diálogo realizada el pasado lunes, 17 de noviembre, en Curití, a la que asistieron delegados del Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander, empresarios y voceros de los transportadores, no se alcanzó un acuerdo que permita restablecer el cobro de los peajes en Oiba, Curití y Los Curos.Las comunidades ratificaron que mantendrán las talanqueras arriba, una decisión que completa más de 40 días, como medida de presión frente al deterioro del corredor vial. Aunque John Jairo González, director general (e) del Instituto Nacional de Vías, Invías, propuso reanudar los cobros mientras se avanzaba en soluciones técnicas y administrativas, los manifestantes insistieron en que no habrá marcha atrás hasta que se concreten compromisos verificables.Durante el encuentro, el Ministerio de Transporte presentó una hoja de ruta que contempla trasladar la administración del Convenio Vía de Los Comuneros a Findeter, bajo un esquema de pignoración de los recaudos y gestión integral del proyecto. Hasta ahora, dicho convenio está en manos de ENTerritorio. La propuesta incluye que en la primera semana de diciembre se realice una sesión de socialización en la que Findeter deberá definir si asume o no el manejo del programa.No obstante, las críticas frente al posible ingreso de Findeter no se hicieron esperar en Santander. Laureano Tirado, consultor político de la región, escribió en su cuenta de X: “Señor gobernador, @GralJuvenalDiaz, con todo respeto: @Findeter es el peor estructurador de proyectos. En Santander “no dan pie con bola” con el convenio las Cigarras ni con los colegios de Bucaramanga; en Cúcuta, llevan ocho años con el estudio del Policlínico. Increíble que esta decisión se tome sin director en propiedad de @InviasOficial, sin la presencia de la ministra de Transporte @maferojas, y sin su presencia. Lo mejor que le puede pasar a Santander es que llegue rápido el nuevo gobierno nacional para que sea el compromiso más importante de la historia la concesión 4G. ¡Se Puede!”Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, también se expresó a través de sus redes sociales: “Fundamental que @Findeter de por aprendidas las lecciones con Vías de las Cigarras en materia de revisar y validar los diseños antes de licitar. No se puede repetir el error del par vial El Cero - Puente Tierra. Lamentablemente tendremos la barrera de participación del cupo de crédito, dado que amparado en su “régimen especial”, Findeter no utiliza pliego tipo ni ley 80/93 y, en consecuencia, se reduce el número d oferentes. Ojalá no vayan a empaquetar los proyectos para limitar más”, escribió en su cuenta de X.Si el ingreso de Findeter se concreta, el Gobierno prevé actualizar estudios y diseños de obras estratégicas para el corredor, incluyendo terceros carriles y dobles calzadas, con el fin de avanzar en intervenciones estructurales más allá del mantenimiento rutinario.El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, quien participó en la reunión, expresó que “la conclusión puntual es que se va a reactivar el Convenio de los Comuneros, haciendo una actualización especialmente en las consideraciones técnicas y que permita desarrollar esta infraestructura proyectada”.Sin embargo, los voceros de la Alianza Ciudadana y Transportadores señalaron que no levantarán su protesta hasta que la reunión con Findeter se materialice y existan compromisos claros sobre inversiones y plazos.Cabe recordar que el convenio Vías de Los Comuneros se firmó en diciembre de 2024, pero hasta la fecha no se ha avanzado en nada. En esa fecha se explicó que el proyecto tenía como objetivo planificar, ejecutar y operar el corredor vial Zipaquirá-Bucaramanga-San Alberto, y se estimaba que el recaudo por concepto de peajes sería de $120.000 millones anuales durante los próximos 20 años.En esa oportunidad el Ministerio de Transporte, a través de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), informó que los 458 kilómetros de la Ruta de Los Comuneros estarían distribuidos entre los cuatro departamentos involucrados de la siguiente manera: 288 km en Santander, 84 km en Cundinamarca, 51 km en Boyacá y 34 km en Norte de Santander.Para el desarrollo del proyecto se estima una inversión total de $2,4 billones, de los cuales $1,36 billones se destinarán a obras de infraestructura y $1,09 billones a la operación y mantenimiento de las vías.Mientras se soluciona el tema las talanqueras seguirán levantadas, pues la comunidad sigue a la espera de decisiones que definan el futuro de uno de los corredores más importantes del país.
Mediante un comunicado, Findeter dio a conocer los avances en las labores de mantenimiento y mitigación en la vía que conecta el corregimiento de Palenque con el barrio Café Madrid, en Bucaramanga, especialmente en el sector conocido como Paso Malo, uno de los puntos más críticos por la presencia de una falla geológica activa. Esta condición obliga a intervenciones periódicas para evitar cierres y garantizar la seguridad de quienes transitan por este corredor.El tramo hace parte de los nueve corredores priorizados dentro del programa Vías de la Cigarra, liderado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, y ejecutado por Findeter. Este programa busca mejorar la conectividad y la movilidad urbana y rural en la región, pero en Paso Malo el reto es mayor debido al movimiento constante del terreno.Desde 2016, a través del convenio 1113, se han implementado contratos de mantenimiento vial integral que contemplan acciones cada tres meses, como fresado, conformación y nivelación de calzada, limpieza de obras hidráulicas y rocería. La más reciente intervención se llevó a cabo el 22 de mayo de este año, y estaba prevista una nueva jornada para el pasado 13 de agosto, la cual debió aplazarse por bloqueos en la vía y comenzó finalmente este viernes.Las obras fueron socializadas previamente con la Junta de Acción Comunal de Café Madrid, el gremio transportador SINALCO Colombia, veedurías ciudadanas, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Policía Metropolitana. Durante las labores se instalaron elementos de señalización para orientar a los conductores y prevenir accidentes.En 2024, Findeter entregó a Invías los estudios técnicos para una solución definitiva que permita estabilizar el terreno y eliminar el riesgo que hoy obliga a las intervenciones continuas. Con estos insumos, el comité directivo del programa evaluará la priorización del proyecto y la búsqueda de recursos para su ejecución.Mientras se concreta esta obra de fondo, el compromiso de las entidades es mantener las labores de mitigación con la frecuencia establecida, asegurando que el tránsito por este corredor estratégico de Bucaramanga no se interrumpa y que los usuarios cuenten con condiciones de seguridad en la vía
En medio de protestas y bloqueos, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reafirmó la decisión de reabrir el peaje de Rionegro, ubicado en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con el departamento del Cesar y la Costa Caribe. La reapertura del peaje está programada este miércoles 26 de marzo pese a la oposición de la comunidad, que se ha manifestado con bloqueos en el sector.El mandatario departamental explicó que la decisión fue tomada por un comité liderado por Findeter, el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte.Según Díaz, los recursos generados por el peaje son esenciales para la ejecución de obras viales clave en la región, incluyendo la intervención en el sector de La Virgen y la Cemento. Asimismo, resaltó que la comunidad solicitó estudios y diseños para la vía entre Cero y Rionegro, así como la exención de cobro para la categoría uno, medidas que ya han sido atendidas."El daño a Rionegro por no permitir el funcionamiento del peaje ha sido enorme. Se han perdido 58.000 millones de pesos, sin contar los intereses, que pudieron haberse invertido en una obra importante para la vía, además, el par vial Rionegro, que era una exigencia de la comunidad, ya se está ejecutando", afirmó el gobernador.Díaz advirtió que, en caso de que las manifestaciones impidan la reapertura del peaje, la Policía Nacional intervendrá para despejar la vía. Asimismo, anunció que se tomarán acciones legales contra quienes persistan en los bloqueos."Es una decisión de Findeter y he dado instrucciones a la Secretaría del Interior para que interponga la denuncia ante la Fiscalía. Es momento de ejercer autoridad", concluyó el gobernador.
Un sismo de magnitud 7,4 sacudió buena parte del territorio colombiano durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m., hora local, y tuvo como epicentro un punto ubicado a 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Según el reporte actualizado del SGC, el evento tuvo una profundidad de 96 kilómetros, con coordenadas aproximadas de 5,04 grados de latitud y -76,34 grados de longitud.UNGRD activa protocolos tras el fuerte sismo en ColombiaTras el movimiento telúrico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los protocolos de seguimiento y verificación en las diferentes zonas del país donde fue percibido.La entidad informó que mantiene comunicación con las autoridades territoriales y con las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para establecer si se presentaron daños o afectaciones.“Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) para verificar posibles afectaciones”, informó la entidad.Por ahora, el proceso se concentra en recopilar reportes de las regiones donde la intensidad del movimiento fue mayor y determinar si existen afectaciones en viviendas, infraestructura, vías o servicios públicos.Sismo se sintió en varias ciudades de ColombiaLa magnitud del evento hizo que el temblor fuera percibido en diferentes departamentos del país.Los reportes ciudadanos señalaron que el movimiento se sintió en ciudades como Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué, entre otras zonas del occidente y centro de Colombia.La profundidad del sismo, establecida en 96 kilómetros, también es un factor relevante para explicar que las ondas sísmicas fueran percibidas a una distancia considerable del epicentro.¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?El epicentro del sismo de este lunes 10 de agosto de 2026 fue localizado por el Servicio Geológico Colombiano a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó.El boletín actualizado establece:Hora: 7:34 a. m.Magnitud: 7,4Epicentro: 20 km de San José del Palmar, ChocóProfundidad: 96 kmLatitud: 5,04Longitud: -76,34El SGC advierte que la información de sus boletines sísmicos está sujeta a cambios mientras avanzan los procesos de revisión y procesamiento de los datos.
Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.4 se registró en Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. Según el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 07:34 hora local.El reporte gráfico publicado por la entidad técnica ubica el epicentro del evento sísmico en el occidente del territorio nacional, en una zona limítrofe entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con afectación percibida en varias regiones del centro y suroccidente del país.Detalles del informe preliminar del Servicio Geológico ColombianoDe acuerdo con el boletín preliminar oficial del Servicio Geológico Colombiano, la información procesada de manera automática señala los siguientes datos del evento sísmico:Fecha y hora: 10 de agosto de 2026 a las 07:34 (hora local).Magnitud: 7.4 en la escala de Richter.Ubicación del epicentro: Suroccidente y región del Pacífico colombiano.La entidad aclaró en su reporte inicial que la información proporcionada en el mapa es automática y preliminar, por lo que aún no ha sido revisada en su totalidad por un sismólogo. Asimismo, el SGC precisó que los datos oficiales definitivos de la localización de los eventos ocurridos en el área sombreada corresponden al procesamiento técnico posterior e información de agencias sismológicas internacionales, sujeto a actualización según avance la revisión.Reporte de la UNGRD y seguimiento a posibles afectacionesTras el movimiento sísmico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó los protocolos de verificación en las distintas regiones donde se sintió el sismo."Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) para verificar posibles afectaciones", informó la entidad técnica a través de sus canales oficiales.Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano indicó que, si bien el boletín preliminar generado por sus sistemas automáticos calculó inicialmente una magnitud de 6,7 en la franja pacífica, la revisión detallada fijó la magnitud del evento en 7.4 con una profundidad de 79 kilómetros en jurisdicción del Chocó.Percepción del sismo en el territorio nacionalDebido a la magnitud de 7.4 y la profundidad de 79 kilómetros, el sismo se percibió con fuerza en varios departamentos del occidente, centro y suroccidente de Colombia. Pobladores de ciudades principales como Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Bogotá reportaron haber sentido la sacudida.Sensación del sismo en el territorio nacionalPor la magnitud del evento, las ondas sísmicas alcanzaron a percibirse en principales centros urbanos del país, entre los que se destacan ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Bogotá. Habitantes de diversas zonas residenciales e institucionales reportaron la evacuación preventiva de edificaciones tras la sacudida inicial.Hasta el momento de emisión de este reporte, las autoridades locales de gestión del riesgo y los cuerpos de bomberos municipales adelantan el monitoreo en los departamentos más cercanos al epicentro para evaluar posibles afectaciones en infraestructuras físicas o líneas de servicios públicos.
La captura de alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como segundo cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’ e integrante de las disidencias de las Farc, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, confirmó que este objetivo de alto valor utilizaba tácticas de ocultamiento sofisticadas, que incluían intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia física y evadir a las autoridades.¿Quién es alias ‘Bonito’ y por qué era un objetivo prioritario?Alias ‘Bonito’ mantenía una trayectoria criminal de más de 20 años. Según el coronel Reyes, el capturado no solo tenía injerencia en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo, sino que extendía sus tentáculos hasta el Amazonas y el vecino país de Ecuador. “Coordinaba todas las actividades de narcotráfico y acciones contra la fuerza pública y población civil. Tenía un alcance importante”, explicó el oficial. Este hombre, que respondía a cabecillas como alias ‘El Árabe’, era pieza clave en el control de economías ilícitas y el sicariato en la región.¿Cómo lograba evadir a las autoridades este cabecilla?La investigación reveló que ‘Bonito’ adoptó el perfil de los denominados "narcos invisibles". En lugar de refugiarse en campamentos tradicionales en la selva, el criminal se hacía pasar por un próspero empresario o ganadero de la región. Esta fachada, sumada a su capacidad económica, le permitía vivir en propiedades de lujo que contrastaban con su actividad delictiva.El aspecto físico fue una de sus herramientas de camuflaje más recurrentes. "Estos sujetos, con su capacidad económica, pueden lograr cambios en su aspecto con cirugías. Al parecer sí se había hecho algunas mejoras o cambios en su fisonomía, por eso no era tan fácil llegar a ellos", señaló el coronel Reyes.¿Qué implica esta captura para la seguridad en el Meta?La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, resaltó que este resultado es fruto de una fuerza pública que hoy se siente "más confiada y tranquila" para ejecutar operativos. La mandataria enfatizó que, más allá de la acción militar, es imperativo un trabajo mancomunado que incluya la presencia integral del Estado. “Necesitamos llegarle más a la población con inversión en vías, salud y educación, para contrarrestar el control territorial que ejercen estos grupos insurgentes mediante la coerción a las comunidades”, indicó la gobernadora.Tras ser conducido a Bogotá, alias ‘Bonito’ quedó a disposición de las autoridades competentes. La operación, que requirió meses de trabajo conjunto entre el Gaula, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial, es vista como un golpe contundente a la estructura de los ‘Comandos de Frontera’, debilitando así la cadena de mando del narcotráfico en el sur del país.
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
