La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra el contralor departamental del Amazonas, Gustavo García Torres, por presunto ‘constreñimiento ilegal’, una falta que, según la ley, es considerada como un delito y una falta disciplinaria gravísima.
Según contó el contratista, García Torres lo habría obligado, con amenazas, la terminación de un contrato de prestación de servicios, además de poner a su disposición un documento que no se ajustaba a la realidad.
De acuerdo a lo que dice el ente investigador, el contratista se habría negado a firmar, lo que generó que García Peña ejecutara esta falta disciplinaria contra él y a un familiar suyo para obligarlo a aceptar lo consignado en el documento entregado por el contralor.
Conforme a lo expuesto por la Procuraduría, el contralor usó presuntamente su cargo de manera indebida “al aprovecharse del poder que le daba su condición de máxima autoridad en dicha entidad y constreñir ilegalmente a un contratista”. Por esto, la conducta fue calificada como una ‘falta gravísima a título de dolo’.
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