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Ricardo González, segundo imputado por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes ,Jaime Moreno, ya fue trasladado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cartagena San Sebastián La Ternera, donde permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Su defensa confirmó que el próximo 16 de diciembre se llevará a cabo la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento, en la que un juez de segunda instancia definirá si González continúa en prisión o puede enfrentar el proceso desde su domicilio.
La abogada Marcela López, defensa del imputado, explicó que González “se entregó en la URI, en el barrio Canapote; ahí fue donde se materializó su entrega y posteriormente fue trasladado a actos urgentes, a las instalaciones principales de la Fiscalía, también en la ciudad de Cartagena, pero ya en el barrio Crespo. Recientemente fue trasladado al establecimiento penitenciario en La Ternera”, precisó.
La expectativa ahora se centra en la decisión del juez de segunda instancia el próximo 16 de diciembre en la mañana, quien revisará la medida impuesta por la juez de control de garantías. La defensa sostiene que hubo una falta de control material en la audiencia de imputación y confía en que estos argumentos sean tenidos en cuenta. “Esperamos que el juez haga un control constitucional sobre las actuaciones de la primera instancia. Consideramos que los elementos materiales probatorios muestran que Ricardo tiene arraigo familiar y social, y que procede una detención domiciliaria. No hay peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia”, señaló la abogada López.
Frente a la posibilidad de un preacuerdo, luego de que se conociera que la defensa de Juan Carlos Suárez, primer imputado en el caso, inició conversaciones con la Fiscalía, la abogada de González negó que exista una solicitud similar para su representado, aunque no descarta una negociación futura. “Estoy abierta a que, si la Fiscalía tiene interés en ofrecer un preacuerdo, estudiarlo y eventualmente aceptarlo. Lo importante es que sea ajustado a la realidad jurídica. Siempre he sostenido que estamos frente a un homicidio preterintencional y no hubo coautoría”, afirmó.
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