Veeduría ciudadana explica las razones que justifican la suspensión del gerente de Emcali

El veedor ciudadano Ángelo Muñoz aclaró ante la opinión pública los motivos que, según la veeduría, justifican la suspensión impuesta por la Procuraduría al gerente de Emcali, en medio del proceso de selección del aliado estratégico que operaría el alumbrado público de Santiago de Cali por más de 20 años.Muñoz señaló que la medida disciplinaria no es arbitraria, sino consecuencia de hechos documentados que evidencian presuntas irregularidades en el manejo de dicho proceso. Según explicó, aunque el gerente Mina ha sostenido públicamente que no existía una contratación formal sino un estudio de mercado con “ofertas no vinculantes”, la documentación oficial de EmCali demuestra lo contrario.“El propio cronograma del proceso incluye etapas, plazos definidos, evaluación, adjudicación y firma del contrato. Jurídicamente eso configura un proceso precontractual, no un simple ejercicio exploratorio”, indicó el veedor.La veeduría también advirtió que existió una restricción indebida a la libre concurrencia de oferentes. Actos administrativos de Emcali establecieron que solo podrían presentar ofertas vinculantes las empresas previamente invitadas en la etapa inicial, lo que habría cerrado la competencia y vulnerado los principios de transparencia, pluralidad e igualdad.“El diseño del proceso fue cerrado desde su origen y favoreció a un único oferente”, aseguró Muñoz, al advertir que de diez invitaciones cursadas solo se recibió una oferta, presentada por la empresa TC, una sociedad con menos de dos años de existencia y sin experiencia proporcional a la magnitud del contrato.Con base en estos hallazgos, la veeduría consideró válida y necesaria la suspensión del gerente Mina, como una medida preventiva que busca proteger la transparencia de la gestión pública y garantizar el correcto uso de los recursos de los caleños.“Lo que hemos hecho es poner en conocimiento de la ciudadanía los documentos que explican por qué la decisión de la Procuraduría tiene fundamento jurídico y fáctico”, puntualizó Muñoz.