La Amazonía colombiana presentó una reducción del 25 % en la deforestación estimada durante los primeros nueve meses de 2025, según datos consolidados entre enero y septiembre. En ese periodo, la pérdida de cobertura boscosa pasó de cerca de 48.500 hectáreas registradas en 2024 a aproximadamente 36.280 hectáreas en 2025, lo que evidencia un descenso sostenido en comparación con el año anterior.De acuerdo con la información oficial, este comportamiento está asociado a la articulación entre el Gobierno nacional y las comunidades locales, mediante acciones orientadas a la restauración ecológica, la implementación de acuerdos voluntarios de conservación, el fortalecimiento de cadenas productivas sostenibles y el manejo forestal en distintos territorios amazónicos. Estas estrategias buscan reducir la presión sobre los bosques y promover alternativas económicas compatibles con la conservación ambiental.No obstante, los reportes advierten que persisten focos de alerta temprana en el arco noroccidental de la Amazonía, donde se concentran los principales núcleos de deforestación. Los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo continúan siendo las zonas con mayor atención por parte de las autoridades ambientales, debido a la recurrencia de eventos asociados a la pérdida de cobertura forestal.Las entidades encargadas del monitoreo señalaron que, aunque la tendencia general muestra una disminución, el seguimiento permanente y la continuidad de las acciones territoriales siguen siendo necesarios para mantener los resultados y atender las áreas donde se presentan mayores riesgos.
La transición energética en Colombia suma un nuevo hito con la entrada en operación de la planta solar flotante YurbaQua, un proyecto de 2,8 megavatios (MW) ubicado en el departamento de Bolívar, que se consolida como la mayor instalación de este tipo en el país. Detrás de esta iniciativa, desarrollada por ENEXA y el Parque Central Zona Franca, está el aporte tecnológico de Huawei, que suministró soluciones clave para garantizar eficiencia, confiabilidad y monitoreo inteligente del sistema.El proyecto está ubicado en Turbaco (Bolívar) y se instaló sobre cerca de 18.000 metros cuadrados de un reservorio de agua artificial dentro del Parque Central Zona Franca. Allí operan alrededor de 5.000 paneles fotovoltaicos, con una capacidad de generación estimada de 4,6 gigavatios hora (GWh) al año, suficiente para cubrir una parte significativa de la demanda energética del complejo industrial y reducir de forma sustancial su huella de carbono.La contribución de Huawei se centra en su portafolio de soluciones Smart PV, especialmente en inversores solares de alta eficiencia y sistemas de gestión digital que permiten monitorear en tiempo real el desempeño de la planta. Estas tecnologías optimizan la conversión de energía e incorporan analítica avanzada y capacidades de diagnóstico remoto, fundamentales en una infraestructura flotante donde la seguridad, la estabilidad operativa y el mantenimiento predictivo son determinantes.Con su entrada en operación, YurbaQua supera a Aquasol, la planta flotante de 1,5 MW inaugurada en 2023 en el embalse de la hidroeléctrica Urrá, en Tierralta (Córdoba), consolidándose como un referente nacional en energías renovables no convencionales.Con este proyecto, Huawei refuerza su presencia en el sector energético colombiano y su apuesta por la digitalización de la energía, demostrando cómo la tecnología puede ser un aliado estratégico para acelerar la transición hacia fuentes limpias, innovadoras y sostenibles, incluso sobre el agua.“Desde Huawei vemos en proyectos como Yurbaqua una muestra clara de cómo la tecnología puede acelerar la transición energética de manera sostenible e innovadora. Nuestras soluciones para plantas solares flotantes permiten maximizar la eficiencia, mejorar la seguridad operativa y asegurar una gestión inteligente de la energía, incluso en entornos complejos como los cuerpos de agua artificiales. Colombia tiene un enorme potencial en energías renovables y queremos seguir siendo un aliado tecnológico clave en ese camino”, señaló Diego Tang, Director de Digital Power para Colombia.
Colombia se consolida como uno de los países líderes emergentes en la transición energética de América Latina. En medio del impulso regional por las energías limpias, el país proyecta un crecimiento del 400 % en su capacidad de generación solar y eólica para 2030, una meta ambiciosa que no solo transformaría su matriz energética, sino que también abriría la puerta a miles de empleos verdes en distintas regiones.El avance ya es visible. En los últimos cinco años, Colombia cuadruplicó su capacidad instalada en fuentes no convencionales de energías renovables, al pasar de menos de 50 megavatios en 2020 a más de 250 megavatios en 2025. Este crecimiento refleja el alto potencial del país en energía solar, eólica e hidráulica, y marca un punto clave para acelerar la transición hacia un modelo más diversificado y sostenible.No obstante, el desafío sigue siendo significativo. De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el 66 % de la matriz energética nacional continúa dependiendo de fuentes hídricas, altamente vulnerables al cambio climático. Esta dependencia refuerza la urgencia de fortalecer fuentes más estables como la solar y la eólica, que permitan reducir riesgos y garantizar seguridad energética a largo plazo.El desempeño de Colombia también ha sido reconocido a nivel internacional. Según el informe Bloomberg NEF Climatescope 2024, el país ocupa el cuarto lugar mundial entre los mercados emergentes que más impulsan la transición energética y se ubica entre los tres mejores de América Latina, junto a Chile y Brasil. El reporte prevé que para 2025 las energías renovables no convencionales representen cerca del 12 % de la capacidad instalada, impulsadas por políticas públicas, inversión privada y el compromiso de empresas locales.Más allá del impacto ambiental, la transición energética representa una oportunidad económica. “Por cada megavatio instalado en energías renovables se generan entre cinco y siete empleos directos”, aseguró Edwin Hernández, CEO de Ecoled, empresa colombiana reconocida a nivel nacional e internacional por su aporte al desarrollo sostenible. Con una visión que integra innovación, crecimiento económico y responsabilidad ambiental, Colombia avanza hacia un modelo energético más limpio, resiliente y con mayor autonomía frente a los combustibles fósiles.
La selva amazónica está pasando lentamente a un nuevo clima ‘hipertropical’, más cálido y con sequías más frecuentes e intensas, unas condiciones que no se habían visto en la Tierra desde hace decenas de millones de años y que exponen a los árboles a un estrés mortal.Un estudio encabezado por la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.) prevé que si se siguen emitiendo altos niveles de gases de efecto invernadero, las condiciones de ‘sequía cálida’ podrían volverse más frecuentes en toda la Amazonía para 2100, hasta 150 días al año, incluso en la temporada húmeda.¿Qué pasaría si la Amazonía se vuelve hipertropical?Esta nueva situación podría provocar la muerte generalizada de árboles y afectar a la capacidad de la Tierra para hacer frente al aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico, ya que los bosques tropicales de todo el mundo absorben más emisiones de carbono humanas que cualquier otro bioma.Informes recientes han detectado un aumento del dióxido de carbono atmosférico tras las graves sequías en la Amazonía, lo que demuestra que el clima en los trópicos tiene un impacto cuantificable en el balance de carbono del planeta.Los científicos se refieren al nuevo régimen climático, o bioma, como los hipertrópicos, que está surgiendo debido al calentamiento global, el cual prolonga la típica estación seca de julio a septiembre, puesto que origina temperaturas más altas de lo normal.“Cuando se producen estas sequías cálidas, ese es el clima que asociamos con un bosque hipertropical, porque supera los límites de lo que consideramos actualmente un bosque tropical”, señaló el director del estudio, Jeff Chambers, en un comunicado de la Universidad de California en Berkeley.El estudio que publica Nature documenta que las condiciones de sequía y calor estresan a los árboles y aumentan su tasa normal de mortalidad.Los investigadores descubrieron por qué los árboles mueren en condiciones hipertropicales, que ahora solo se producen durante unos pocos días o semanas durante sequías extremas.Una vez que el contenido de humedad del suelo por volumen disminuye a aproximadamente un tercio, los árboles dejan de capturar carbono, mueren de inanición o desarrollan burbujas de aire en su savia.“Demostramos que los árboles de crecimiento rápido y baja densidad de madera eran más vulnerables y morían en mayor número que los árboles de alta densidad de madera”, precisó el investigador, que investiga sobre la Amazonía desde 1993 y en buena parte con el Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) en Manaos.Además, es probable que las condiciones hipertropicales aparezcan fuera de la Amazonía, en las selvas tropicales del África occidental y en todo el sudeste asiático.El investigador hizo hincapié en que se prevé el peor de los resultados si la sociedad hace muy poco para reducir las emisiones de dióxido de carbono que provocan el cambio climático.“Depende de nosotros hasta qué punto vamos a crear realmente este clima hipertropical”, indicó Chambers, y advirtió de que si se sigue emitiendo gases de efecto invernadero sin control: “Entonces crearemos este clima hipertropical antes”.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
Como cada año, de acuerdo con el porcentaje estipulado por el Gobierno nacional para el aumento del salario mínimo, el valor de la mesada pensional debe incrementarse a partir del primero de enero.En ese sentido, los pensionados deberían ver reflejado el aumento en el giro correspondiente a enero de 2026, según el valor de su pensión. Es importante tener en cuenta que el porcentaje de incremento varía dependiendo de si la persona recibía un salario mínimo o una mesada superior a los dos millones de pesos.¿Cómo quedó el salario mínimo para el 2026 en el país?De acuerdo con los decretos 1469 y 1470, que establecieron un incremento del salario mínimo del 23 %, las cifras quedaron en $1.750.905, más el auxilio de transporte, que corresponde a $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales.En este video de Blu Radio le contamos detalles del ajuste al salario mínimo¿Cuánto suben las pensiones con el ajuste del salario mínimo para el 2026?Con base en estas cifras y teniendo en cuenta que, según la ley, ningún colombiano puede recibir una pensión inferior a un salario mínimo, los valores de las mesadas quedaron de la siguiente manera:Las personas que recibían un salario mínimo en 2025 recibirán en 2026 el aumento proporcional al porcentaje del incremento, para un total aproximado de $1.750.905.Por su parte, quienes recibían más de un salario mínimo deberán calcular el aumento de su pensión teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC).¿Qué hacer si su pensión no sube en el 2026?Según lo indicado por Luna Chacón, abogada de la firma Erazo y Solarte Abogados, cuando una persona no recibe este incremento en su pensión durante el primer mes del año, existen algunas alternativas legales para reclamarlo.“El primer mecanismo de defensa con el que cuenta la persona pensionada es la presentación de un derecho de petición dirigido a la entidad privada prestadora del servicio, solicitando el reconocimiento y pago del reajuste pensional conforme al incremento del salario mínimo, así como el pago retroactivo de las diferencias dejadas de cancelar”, indicó.La abogada añadió que, si la entidad niega esta solicitud sin justificación alguna, “procede la interposición de una acción de tutela. Esta acción tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales resultan vulnerados por la falta de reajuste pensional”.
Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), habló en Mañanas Blu para analizar los efectos del aumento histórico del salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.El mandatario confirmó un incremento del 23,7 %, que fijó el salario mínimo en 2.000.000 de pesos, cifra que incluye el auxilio de transporte. Inicialmente se informó que el salario base sería de 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de subsidio; sin embargo, el Ministerio de Trabajo ajustó posteriormente las cifras y aclaró que para 2026 el salario mínimo será de 1.750.905 pesos, con un auxilio de 249.095 pesos, para completar el monto anunciado.Para Camacol, el impacto de esta decisión será significativo. Herrera aseguró que el aumento “debe analizarse desde varios ángulos, por la gran magnitud de efectos adversos que puede generar sobre la economía”, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.Según explicó, el primer efecto será inflacionario. “Este incremento se va a trasladar a los precios por el aumento de los costos laborales”, señaló, recordando que la construcción encadena a 34 subsectores económicos, lo que podría generar presiones sobre insumos como ladrillo, cerámica y otros materiales.Herrera también advirtió sobre las finanzas públicas y territoriales. “Los programas de subsidio de ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla, con presupuestos ya definidos, ahora van a rendir para menos familias”, dijo, al tiempo que cuestionó si el Gobierno evaluó el impacto sobre los programas sociales atados al salario mínimo.Otro de los puntos críticos es el empleo. El presidente de Camacol recordó que el Banco de la República ha documentado que incrementos reales elevados del salario mínimo pueden traducirse en pérdida de puestos de trabajo. “El 95 % de las empresas en Colombia son pymes y no todas resisten aumentos tan grandes en sus costos”, afirmó, agregando que en la construcción el 91 % de las empresas también son pequeñas y medianas.El impacto, según Camacol, se sentirá con especial fuerza en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Herrera reveló que en lo corrido del año más de 25.000 familias han desistido de comprar vivienda VIS, una cifra que podría aumentar. “El precio de la vivienda está indexado al salario mínimo y eso genera una presión adicional sobre los hogares”, explicó.Además, alertó que durante el último año se han cancelado más de 30.000 unidades de vivienda en todo el país, lo que compromete la oferta futura. Camacol estima que la mano de obra representa cerca del 25 % del costo directo de una vivienda y que, con los reajustes salariales, el costo de producir vivienda podría aumentar entre un 10 y un 15 %, un nivel que calificó como “altísimo”.Finalmente, Herrera aseguró que el gremio evalúa alternativas para mitigar el impacto. “Nuestra prioridad es buscar salidas para no afectar a las familias que ya iniciaron su proceso de compra y evitar que los desistimientos sigan creciendo”, concluyó.
La Gobernación de Antioquia invirtió cerca de 300.000 millones de pesos en vehículos y equipamiento para la Fuerza Pública en el 2025. En los próximos meses se harán más entregas de camionetas, drones, GPS y vehículos marítimos.Se cumple un año del recaudo de la polémica tasa de seguridad que implantó Andrés Julián Rendón en el departamento de Antioquia y por ello las autoridades han dado un parte de qué se ha hecho con los recursos que superan los 280.000 millones de pesos que fueron destinados a mejorar la operatividad, la tecnología y las condiciones de soldados y policías.Según el reporte de la Gobernación de Antioquia durante el 2025 se le entregó al Ejército Nacional, la Policía Nacional y a la Armada Nacional: 49 camionetas, 103 motocicletas, un camión, una lancha, 14 motores fuera de borda, 574 cascos balísticos y 706 chalecos antibalas. Además, dotaciones logísticas como morrales de campaña, botas de combate, hamacas, sobrecarpas y botiquines de primeros auxilios.Rendón fue enfático en asegurar que los recursos se han traducido en la adquisición de vehículos, equipos de protección, tecnología estratégica y adecuaciones de infraestructura, con el propósito de fortalecer la capacidad de reacción de la fuerza pública y mejorar la seguridad en las distintas subregiones.Por su parte, la Gobernación de Antioquia indicó que en materia de comunicaciones y control territorial, la inversión permitió la compra de radios Harris con accesorios especializados, así como la dotación de elementos para puestos de control, fundamentales para mejorar la coordinación operativa en zonas urbanas y rurales.Adicionalmente, la Gobernación anunció que en los próximos meses se entregarán camionetas blindadas, drones, sistemas antidrones, equipos GPS, camisetas balísticas y nuevas capacidades fluviales, con especial énfasis en regiones como el Magdalena Medio, Bajo Cauca y Urabá.
La muerte de un joven de 24 años, asesinado a puñaladas por una turba que se mofó de sus rasgos asiáticos y lo insultó llamándolo “chino”, ha provocado una fuerte sacudida política en la India y ha puesto bajo escrutinio a las autoridades, señaladas por una presunta negligencia en el manejo del caso.La víctima, Angel Chakma, oriundo del estado nororiental de Tripura, falleció el pasado 25 de diciembre en la ciudad de Dehradun, al norte del país, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante una agresión ocurrida dos semanas antes.“No somos chinos”De acuerdo con reportes policiales, el ataque se registró el 9 de diciembre en el mercado industrial de Selakui. Chakma caminaba junto a su hermano cuando fueron interceptados por varios hombres que comenzaron a hostigarlos con expresiones despectivas como “Momo”, “Chinki” y “chino”, en alusión a sus rasgos físicos.La investigación preliminar indica que la violencia escaló cuando la víctima respondió a los insultos racistas. “No somos chinos, somos indios”, habría dicho Chakma, una frase que en los últimos días se ha convertido en consigna de las protestas estudiantiles que reclaman justicia.Pradyot Manikya, líder del partido indígena Tipra Motha y jefe de la casa real de Tripura, denunció en declaraciones a EFE que este crimen expone una discriminación estructural contra las comunidades del noreste del país. “No es un hecho aislado. Desde hace años, las personas de esta región sufren agresiones y estigmatización”, afirmó, al advertir sobre el profundo sentimiento de exclusión que enfrentan.Extranjeros en su propio paísLos habitantes de los llamados estados de las “Siete Hermanas”, ubicados en el noreste de la India y colindantes con el Himalaya, pertenecen en su mayoría a etnias de origen tibetano-birmano. Su fisonomía, más cercana a la de poblaciones del sudeste asiático, los diferencia de la mayoría étnica del subcontinente y, con frecuencia, los convierte en blanco de discriminación por parte de otros ciudadanos que los confunden con extranjeros.En medio de las actuales tensiones militares entre Nueva Delhi y Pekín, ser señalado como “chino” ha dejado de ser solo un insulto xenófobo para transformarse en una etiqueta asociada a la idea de “enemigo interno”.Cuestionamientos a la actuación policialManikya también cuestionó la reacción inicial de las fuerzas de seguridad. “La policía tardó tres días en registrar la denuncia, algo que me resulta impactante”, sostuvo. Ese retraso de 72 horas permitió que el presunto autor material del apuñalamiento, identificado como Yagya Awasthi, escapara hacia Nepal y alimentó la percepción de inacción oficial en la región.Hasta ahora, cinco personas han sido detenidas, aunque las autoridades se han negado a imputar cargos por crimen de odio contemplados en el nuevo código penal indio. Según la policía, el hecho de que uno de los arrestados también sea originario del noreste, aunque de una etnia distinta, descartaría el móvil racista, un argumento que ha generado amplio rechazo.Datos de la Asociación para la Protección de los Derechos Civiles (APCR) señalan que entre 2024 y 2025 se registraron cerca de mil incidentes de odio en el país, lo que evidencia un aumento de la violencia colectiva contra minorías.
La moda sostenible está dejando de ser un concepto aspiracional para convertirse en un interés real entre los colombianos. Así lo revela un estudio de Ipsos Colombia, desarrollado a través de su comunidad cualitativa CONECTAD@S, que exploró cómo están cambiando las formas de consumir ropa, qué valores influyen en las decisiones de compra y de qué manera las personas están integrando la sostenibilidad en su día a día.El estudio, que incluyó a 163 participantes de estratos 2 y 3, encontró una comunidad diversa en motivaciones y comportamientos. Las mujeres representan el 67 % de los participantes, y el grupo etario más numeroso se ubica entre los 35 y 44 años. Pese a las diferencias generacionales, la mayoría coincide en algo: la preocupación por el impacto ambiental está presente, aunque todavía convive con otros factores que moldean las decisiones finales. Muestra de ello es que un 60 % ya contempla opciones como la reventa o el alquiler, mientras que un 30 % asegura que la sostenibilidad influye de manera decisiva en su elección de compra.En materia de durabilidad, las percepciones también están evolucionando. Los consultados entienden este concepto más allá de la simple resistencia física: esperan que una prenda conserve su funcionalidad y estética durante al menos tres años, y el 70 % asocia esa permanencia a la versatilidad, es decir, a que pueda acompañarlos en distintos momentos de la vida. Este hallazgo señala una oportunidad para las marcas, que pueden fortalecer la comunicación sobre materiales de calidad, origen responsable y prácticas sostenibles, aspectos que un 30 % de los encuestados asegura priorizar.El componente emocional aparece como un factor clave en la relación con la moda. Entre el 30 % y 35 % de los participantes afirma conservar prendas por razones sentimentales: regalos, recuerdos personales o piezas que representan hitos de vida. Esta conexión afectiva no solo prolonga la vida útil de la ropa, sino que se convierte en un punto de encuentro entre marcas y consumidores, donde la sostenibilidad no solo se mide en impactos ambientales, sino también en historias que se vuelven significativas.En ese sentido, el estudio plantea que la construcción de marca también está cambiando. Los consumidores buscan cercanía, mensajes claros sobre el propósito y experiencias que trasciendan la compra. Las empresas del sector tienen el desafío de volver tangible la sostenibilidad, traducirla en características visibles y convertirla en un valor cotidiano, deseable y accesible.La moda sostenible en el país, más que una tendencia, es un movimiento cultural en desarrollo. A medida que crece el interés y mejora la comprensión del consumidor, la industria colombiana se encuentra frente a un escenario prometedor: innovar, educar y ofrecer propuestas que armonicen conciencia ambiental, durabilidad y experiencias significativas. El camino, aunque apenas comienza, promete redefinir la manera en que los colombianos se relacionan con lo que visten.
Una buena noticia llegó para el ecosistema marino en medio del cambio climático. Profesores y estudiantes del Laboratorio de Biología Molecular Marina de la Universidad de Los Andes presentaron Seasprout, una tecnología que promete revolucionar la restauración de ecosistemas marinos. Este avance —actualmente en evaluación de patentabilidad— permite recuperar, en cuestión de meses, estructuras naturales que tardan hasta un siglo en formarse de manera espontánea, como los rodolitos y las praderas submarinas que sirven de refugio y soporte para una enorme diversidad de especies.Los rodolitos, algas coralinas que se calcifican hasta formar piedras vivas, desempeñan un papel clave en la creación de hábitats submarinos, la estabilización del fondo marino y la captura de carbono. Con Seasprout, los investigadores diseñaron rodolitos artificiales: sustratos biomiméticos, porosos y altamente estables que permiten que las algas coralinas y comunidades microbianas beneficiosas se adhieran y vuelvan a crecer. Cada nueva capa de calcificación fija carbono, acelerando la regeneración y fortaleciendo la función ecológica de estas estructuras.Esta innovación forma parte de los desarrollos más destacados de Sierra Valley, el primer laboratorio territorial de sostenibilidad del país, impulsado por AJE y la Alcaldía de Santa Marta. El proyecto busca demostrar cómo la ciencia y la tecnología pueden transformar la biodiversidad en prosperidad compartida, posicionando a Colombia como un referente internacional en transición climática. “Lo más poderoso de esta tecnología es que conecta la ciencia con las comunidades costeras. No solo se restauran ecosistemas, sino que también se crean nuevos oficios, se activan cadenas de valor que antes no existían y se promueve una relación más sostenible con el medio ambiente”, afirmó Uriel Sánchez, CEO de Seasprout.Esta tecnología es una invitación a sumar esfuerzos para que Colombia lidere, desde el Caribe, un modelo de desarrollo que inspire a otras ciudades del mundo: uno en el que la biodiversidad se convierte en motor de prosperidad compartida y las crisis ambientales se transforman en oportunidades para innovar y regenerar.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió una nueva resolución que reglamenta la Ley 2173 de 2021, una norma que busca promover la restauración ecológica del territorio nacional a través de la siembra de árboles y la creación de Áreas de Vida en todos los municipios del país.Estas Áreas de Vida serán zonas definidas por las alcaldías, en coordinación con las autoridades ambientales, para desarrollar programas de plantación, conservación y mantenimiento de especies nativas. Según la resolución, los municipios tendrán un plazo de seis meses para identificar y delimitar estas zonas, las cuales deberán ser reportadas al Ministerio para su registro oficial.La reglamentación también establece que las medianas y grandes empresas deberán participar en jornadas de siembra, elaborar planes de restauración y presentar informes de cumplimiento. Por su parte, las personas naturales que participen recibirán el Certificado “Siembra Vida Buen Ciudadano”, mientras que las empresas obtendrán el “Siembra Vida Empresarial”, ambos gratuitos y válidos por un año.El documento incluye la participación activa de comunidades indígenas, reconociendo su autonomía en la definición de lineamientos ambientales y el manejo sostenible de los bosques.Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer las políticas de restauración ecológica, gestión forestal y lucha contra la deforestación, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
En un esfuerzo por reducir el impacto ambiental y promover un consumo más responsable, la compañía Mabe, junto a Red Verde y Orinoco E-Scrap, lidera una iniciativa nacional que busca incentivar el cambio de electrodomésticos antiguos por equipos más eficientes. La propuesta incluye beneficios tributarios para los hogares de estratos 1, 2 y 3 que entreguen su nevera vieja y adquieran una nueva con mejor rendimiento energético.De esta alianza nació el programa Green Cycle, que no solo promueve el reciclaje responsable, sino que también educa a los consumidores sobre la correcta disposición de los residuos eléctricos y electrónicos (RAEE), una problemática que ha crecido un 82% a nivel global desde 2010, según el Global E-Waste Monitor 2024.Gracias al incentivo tributario, quienes participen en el programa podrán pagar solo el 5% del IVA en la compra de su nueva nevera, siempre que entreguen la antigua en un punto autorizado y que el valor del electrodoméstico no supere los 30 UVT. Este mecanismo busca facilitar la sustitución de equipos ineficientes y garantizar que las unidades recolectadas sean tratadas bajo normas ambientales seguras.En el corazón del proceso se encuentra Orinoco E-Scrap, una planta ubicada en Funza, Cundinamarca, donde se realiza la recolección, desmantelamiento y procesamiento de los electrodomésticos desechados. Allí opera Fiona, una de las máquinas más avanzadas de América Latina, capaz de procesar hasta una tonelada de residuos por hora, separando metales, plásticos y gases de manera automatizada.En lo corrido de 2025, Mabe y Red Verde han gestionado más de 1.600 toneladas de residuos electrónicos, con la meta de alcanzar 2.000 toneladas al cierre del año y 22.000 para 2030, consolidando un modelo de economía circular que combina innovación tecnológica, responsabilidad empresarial y compromiso ciudadano.Durante el conversatorio “Cómo deshacerte de tu electrodoméstico viejo sin dañar el planeta”, los voceros de Mabe y sus aliados destacaron que la transformación empieza en casa. Cada nevera entregada representa un paso hacia la sostenibilidad y una oportunidad para que más familias colombianas accedan a tecnología eficiente sin sacrificar el medio ambiente.Así, esta iniciativa demuestra que una acción pequeña —como reemplazar una nevera— puede generar un impacto colectivo en favor del planeta.Escuche aquí de qué se trata:
Bajo la premisa de lograr un Tumaco limpio, justo y lleno de vida, niñas, niños y adolescentes de la Red Nacional de Participación Lideramos el Cambio se unieron para investigar, analizar y proponer soluciones frente a uno de los mayores desafíos ambientales del municipio: la contaminación por residuos plásticos en los cuerpos de agua.Durante varios meses, este grupo juvenil identificó cómo la acumulación de basura en playas, mares y puentes de Tumaco refleja una grave deficiencia en los sistemas de recolección y disposición de residuos, una situación que pone en riesgo su derecho a un ambiente sano y el bienestar de toda la comunidad.Según los participantes, la falta de educación ambiental, la ausencia de infraestructura para depositar adecuadamente la basura y la poca articulación institucional han provocado una “emergencia silenciosa” que afecta directamente los ecosistemas costeros. “Podríamos contar con un espacio más limpio, pero con la ayuda de nuestra comunidad y de las autoridades, para así mantener un ecosistema y preservar la riqueza biocultural de nuestro territorio”, expresó Milagros, una participante de 13 años.Con el objetivo de generar conciencia y movilizar acciones concretas, los jóvenes lanzarán este jueves 16 de octubre la campaña “A cuidar y reciclar porque Tumaco merece brillar”, un proyecto que combina creatividad, liderazgo y educación ambiental. El proyecto, desarrollado junto a un equipo creativo bajo la metodología SHIFT de Save the Children, permitió que 32 niñas, niños y adolescentes construyeran una campaña de incidencia ambiental desde su propia experiencia. En el proceso crearon una canción original, una caja de herramientas digital con identidad visual, afiches, un mural colectivo, videos y contenido para redes sociales, todo con un mismo propósito: inspirar a Tumaco a cuidar el agua y actuar frente al cambio climático.
Santa Marta se prepara para dar un salto histórico hacia la sostenibilidad con el lanzamiento de Sierra Valley, una innovadora iniciativa liderada por AJE que busca convertir a la ciudad en la Capital Verde del Caribe. Este proyecto, pionero en Colombia, busca transformar los desafíos ambientales y sociales en motores de inclusión, innovación y competitividad, proyectando un impacto nacional e internacional.Sierra Valley se alinea con los instrumentos de política de la ciudad, como la Política de Emprendimiento e Innovación 2024-2035 y la Ruta 500+, que buscan impulsar el desarrollo económico sostenible. La iniciativa busca articular a diferentes actores para potenciar la riqueza natural y cultural de la región, promoviendo una economía regenerativa y del conocimiento.La iniciativa cuenta con seis motores de transformación:Territorio, Cultura y Comunidades: enfocado en el desarrollo comunitario y la preservación cultural.Soluciones basadas en la Naturaleza: busca implementar soluciones naturales para problemas ambientales.Innovación para la Sostenibilidad: impulsa la innovación y el desarrollo sostenible.Finanzas e inversión para la transición: gestiona recursos financieros para proyectos sostenibles.Riesgos y oportunidades climáticas: identifica y aborda los riesgos climáticos y busca oportunidades de desarrollo sostenible.Educación y formación para la transición: capacita a las comunidades para la transición hacia la sostenibilidad.Entre las apuestas innovadoras de Sierra Valley se encuentra Seasprout, una tecnología colombiana que acelera la regeneración de ecosistemas marinos, restaurando corales y praderas submarinas en meses, con beneficios en biodiversidad y captura de carbono.Con este proyecto, Santa Marta se proyecta como un escenario de referencia internacional en sostenibilidad y desarrollo, donde las crisis se convierten en oportunidades y la biodiversidad se transforma en prosperidad compartida. La ciudad busca inspirar a otras urbes del mundo a adoptar modelos de transición climática y desarrollo sostenible.
Consciente de los grandes desafíos que enfrenta la biodiversidad, la Fundación Santo Domingo asumirá en Colombia la implementación de la Iniciativa Impacto Jaguar, un esfuerzo regional impulsado por el brazo de innovación y capital emprendedor del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), que busca transformar la manera en que se financia la conservación del capital natural.La iniciativa propone un Sistema Colaborativo de Financiamiento Basado en Resultados (FBR), que tomará al jaguar como especie emblemática para movilizar actores y canalizar recursos públicos, privados e internacionales hacia metas verificables de restauración, conservación y desarrollo socioambiental.A diferencia de los modelos tradicionales, en los que los recursos se asignan por actividades ejecutadas, esta plataforma innovadora vincula el desembolso de fondos al cumplimiento de resultados previamente definidos, promoviendo así mayor eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la inversión. Con una inversión inicial estimada en USD 3,5 millones, el sistema impulsará proyectos que integren ciencia, innovación y gobernanza colaborativa para proteger los hábitats críticos del jaguar y de las 85 especies que dependen de su equilibrio ecológico.“Con la Iniciativa Impacto Jaguar queremos demostrar que es posible unir conservación y desarrollo social bajo un mismo modelo de resultados. Este proyecto no solo busca proteger hábitats estratégicos, sino también generar oportunidades para las comunidades que los habitan, integrando ciencia, innovación y financiamiento sostenible”, afirmó Daniel González, Director de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo.El jaguar, felino icónico de América y guardián de los ecosistemas tropicales, ha perdido el 39 % de su hábitat en Colombia, según la UICN. Esta pérdida no solo amenaza su supervivencia, sino que compromete regiones vitales para el planeta como la Amazonía, el Chocó biogeográfico y la Orinoquía, de donde proviene hasta el 70 % del agua del país y se almacenan más de 8.000 millones de toneladas de carbono.Colombia, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, se ha comprometido a conservar de manera efectiva al menos el 30 % de sus áreas terrestres y marinas para 2030. Este objetivo requiere fortalecer los esquemas de conservación, restauración y uso sostenible, así como movilizar recursos mediante mecanismos innovadores como pagos por resultados o bonos de biodiversidad.
Durante el segundo trimestre de 2025, las alertas de deforestación en la Amazonía colombiana disminuyeron un 16 % respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Boletín Trimestral de Detección Temprana de Deforestación publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).Entre abril y junio se estimó una pérdida de 1.198 hectáreas de bosque, frente a las 1.419 registradas en 2024, siendo la segunda cifra más baja de los últimos cinco años.El informe detalla que las mayores reducciones se concentraron en los departamentos de Meta, con 345 hectáreas menos, y Caquetá, con una disminución de 213. Sin embargo, en Guaviare y Putumayo las alertas aumentaron en 167 y 140 hectáreas, respectivamente. A nivel nacional, solo se identificó un núcleo de alerta temprana, la cifra más baja estimada en el mismo periodo desde 2020.Los municipios más afectados fueron Vistahermosa (Meta), Valle del Guamuez (Putumayo), El Retorno y Calamar (Guaviare). Las principales causas de pérdida de bosque identificadas fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, la expansión agrícola industrial y la construcción de infraestructura de transporte no planificada.
La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, junto a un grupo de veedores ambientales, está liderando una denuncia sobre un proyecto urbanístico en Dosquebradas, Risaralda, conocido como Bonaire.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, manifestó su preocupación por lo que está pasando en Dosquebradas. Y es que la controversia se centra en la presunta violación de normas de conservación y uso de suelo, ya que la construcción se está llevando a cabo en una de las pocas zonas verdes que quedan allí.La representante subrayó la necesidad de "repensar” cómo se están llevando a cabo las construcciones en las ciudades y municipios, porque muchas veces están quedando, según dijo, “puntos grises en medio de un paisaje hermoso del paisaje cultural cafetero”.La lucha ambiental y el déficit de espacio públicoLa zona afectada es una "zona verde, propiedad del municipio muy importante". Esta área se encuentra en el barrio Campestre D y es crucial, considerando que "Dosquebradas tiene 1.45 metros cuadrados por habitante”, espacio público, es decir, hace falta “muchísimo espacio público".Señaló que, además de ser un bien municipal, la zona cuenta con un guadual y está situada "al lado de una quebrada". Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), esta área está definida como "zona de protección del recurso hídrico".A pesar de la presunta vocación ambiental del terreno, el proyecto implica la construcción de unos edificios, los segundos más altos de Dosquebradas, de hasta 16 pisos, de acuerdo con Giraldo.Este desarrollo está causando un impacto ecológico inmediato. Giraldo explicó que la fauna está siendo desplazada y los animales allí están “saliendo”, como serpientes, zarigüeyas, iguanas y otras especies que, añadió, están "desplazadas y desorientadas”.Aunque no han comenzado los edificios, la constructora está "moviendo tierra" y tumbando tanto "los árboles que había sembrado la comunidad" como "buena parte del guadual". Giraldo teme que hayan tumbado "más allá de lo que les habían dado permiso".La principal "suspicacia" radica en la forma en que se han gestionado los permisos en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial. Giraldo sostuvo que el POT actual, aprobado en 2024, define claramente esta zona como "una zona de protección ambiental del recurso hídrico".Inicialmente, el concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CDER) fue negativo, según aseveró la representante.“Los primeros permisos que otorgó la CDER no los otorgó, es decir, el concepto técnico de la CDER salió en contra, o sea, les dijeron: 'Ahí no se puede constituir'". Sin embargo, la situación cambió.Según la representante, esto se debe a que las autoridades optaron por remitirse a la normativa antigua. El POT anterior, de la primera generación del año 2000, "no tenían las consideraciones ambientales" adecuadas.Escuche la entrevista completa aquí: