Hasta conjuntos residenciales pagarían multas por permitir estacionar Uber, Didi y otros

Un nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transporte encendió el debate nacional sobre el futuro de las aplicaciones de movilidad en Colombia. La iniciativa, radicada el pasado 21 de enero de 2026, pretende declarar ilegal el transporte de pasajeros en vehículos particulares a través de plataformas tecnológicas como Uber, Didi y Cabify.La propuesta va más allá de la discusión tradicional sobre la regulación del transporte por aplicación: contempla multas para conductores, usuarios, plataformas e incluso conjuntos residenciales o empresas que permitan la operación o estacionamiento de vehículos vinculados a estos servicios.De acuerdo con el texto radicado, los administradores de propiedad horizontal que “promuevan, consientan o permitan directa o indirectamente la prestación de transporte informal” podrían enfrentar sanciones de hasta 60.000 UVT, equivalentes a más de 726 millones de pesos.“Estamos retrocediendo con un intento de prohibición”En entrevista con Mañanas Blu, José Daniel López, presidente de la asociación de aplicaciones Alianza In, calificó el proyecto como “autoritario, regresivo y destructor de empleo”. López advirtió que el Gobierno no está avanzando hacia una regulación moderna, sino que está "retrocediendo con un intento de prohibición que destruye cientos de miles de trabajos de gente honrada y limita las libertades de los ciudadanos”.El representante gremial señaló que Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no ha regulado de manera efectiva estas plataformas, junto con Surinam, Venezuela y Nicaragua. “No estamos frente a un vacío que deba llenarse con castigos —manifestó— sino ante una oportunidad perdida de formalización digital”.Multas para todos: conductores, usuarios y plataformasEntre las sanciones contempladas en el proyecto se incluyen multas de hasta 47 millones de pesos por viaje para usuarios y plataformas, e inmovilización de los vehículos particulares durante 60, 90 y hasta 120 días en caso de reincidencia.López explicó que, en la práctica, estas medidas implicarían la desaparición del servicio: “El conjunto de sanciones es tan grave que va a tener un efecto disuasivo. Los conductores dejarán de trabajar y los ciudadanos dejarán de usar estas opciones”.El dirigente alertó también sobre el impacto en la generación de ingresos: “Podrían perder su sustento más de 300.000 personas que hoy dependen directamente del transporte mediante plataformas”, advirtió.Cifras de un fenómeno masivoSegún datos de Alianza In, en 2025 se registraron más de 12 millones de cuentas de conductores en diferentes aplicaciones de movilidad y alrededor de 21 millones de cuentas de usuarios. Esto significa que “entre 8 y 10 millones de colombianos utilizan activamente estas plataformas como parte de su cotidianidad”, explicó López.Estas cifras, que reflejan una amplia adopción de los servicios digitales de transporte, contrastan con la dureza de la propuesta gubernamental que, de aprobarse, dejaría sin alternativa a un amplio segmento de la población urbana.El alcance del control y una “ley mordaza”El proyecto no solo define como ilegal la prestación del servicio, sino que también faculta al Gobierno y a las autoridades locales a investigar y sancionar actividades relacionadas con el transporte a través de plataformas.“El proyecto vuelve vigilables a todos los ciudadanos, tanto a usuarios como conductores, bajo supervisión de la Superintendencia de Transporte”, señaló el dirigente gremial. Además, se ordena a los alcaldes tomar medidas restrictivas en zonas de alta demanda como aeropuertos, terminales y centros comerciales, lo que López considera “una asfixia operativa que haría imposible la prestación del servicio”.Otro punto polémico, destacó, es el artículo que “prohíbe a congresistas, alcaldes y funcionarios públicos expresar opiniones que promuevan o legitimen estas plataformas”, lo que calificó como “una ley mordaza que atenta contra la libertad de expresión”.El debate llega al Congreso en un momento de creciente dependencia de la movilidad digital. Las aplicaciones se han integrado a la economía urbana, no solo como alternativa de transporte, sino como fuente de ingresos para familias afectadas por el desempleo.Expertos advierten que la aprobación del proyecto podría tener un fuerte impacto sobre la informalidad y los ingresos de la clase media. “Este no es un asunto de ricos o pobres —argumentó López—, es un ataque al derecho de trabajar y de elegir cómo moverse en el país”.