En Ecuador “todavía no hay una decisión final sobre la muerte cruzada”, según dijo en diálogo con Mañanas Blu, Andrés Arauz, excandidato a la Presidencia de ese país. Esto, un día después de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea Nacional (Parlamento) y pidiera la convocatoria a elecciones generales anticipadas.
“El Ecuador está en un momento de tensión, todavía no hay una decisión final sobre la constitucionalidad del decreto de muerte cruzada, pero dado que los militares salieron a decir que era constitucional, estamos ante un hecho consumado, preocupante, pero consumado que da una oportunidad histórica de que el pueblo ecuatoriano pueda volver a pronunciarse democráticamente”, señaló.
Además, respondió sobre si es uno de los posibles candidatos que se lanzará en medio de la crisis política que atraviesa Ecuador: “Esa decisión aún no ha sido tomada y por eso no puedo responder. En todo caso, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad, pero la prioridad está en lo programático, no en el nombre”.
Sobre las elecciones, dijo que el próximo 24 mayo es la convocatoria y que a finales de agosto se realizará la primera vuelta y, en octubre la segunda.
“Frenar” a Guillermo Lasso
“Creemos que la Corte Constitucional, para cada decreto o ley, tendrá que ir frenando las ambiciones personales de Guillermo Lasso y evitar que pasen esas leyes que solo buscan desarmar los derechos de los trabajadores, seguridad social de los ecuatorianos y otros”, añadió.
"Muerte cruzada"
El conservador Lasso recurrió el miércoles, en medio de un juicio político en su contra, a la herramienta constitucional de la "muerte cruzada", por la que disolvió el Parlamento, de mayoría opositora, y adelantó las elecciones generales.
Cuando estaba a punto de llegar al ecuador de mandato presidencial, Lasso, quien fue elegido presidente en las elecciones de 2021, decidió no esperar al resultado de la votación de la moción de censura, que se llevaría a cabo en la Asamblea, promovida por la oposición, que tiene al correísmo como primera fuerza, y que lo acusa de un supuesto delito de peculado (malversación).
De esta forma, Lasso sacrificó la segunda mitad de su mandato a cambio de evitar una posible destitución bajo una acusación de corrupción en unos contratos de transporte marítimo de petróleo con condiciones supuestamente perjudiciales para el Estado, como según sostiene la oposición.
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