El Gobierno de Trump puso fin a TPS con Honduras y Nicaragua: ¿qué viene para Colombia?

La administración de Donald Trump ha intensificado su enfoque en los procesos de desnaturalización y en la revocatoria de beneficios como el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que ha generado preocupación e incertidumbre entre miles de inmigrantes en todo el país. Así lo explicó en entrevista con Mañanas Blu Pablo Pérez, abogado migratorio radicado en Estados Unidos, que mencionó las implicaciones legales y humanas de esta nueva ofensiva migratoria.Aunque las leyes que permiten revocar la ciudadanía estadounidense no son nuevas, el Gobierno ha decidido destinar más recursos y personal para investigarlas y aplicarlas con mayor rigurosidad. Según Pérez, existen dos grandes causales para la desnaturalización: el fraude en el proceso de obtención de la ciudadanía, como falsificación de identidad o antecedentes ocultos; y la comisión de delitos graves ya siendo ciudadano. Este último escenario, según advirtió, podría abrir un profundo debate constitucional, pues plantea si es legítimo revocar la ciudadanía por crímenes cometidos después de su adquisición legal.“Ya estamos viendo entrevistas de naturalización con niveles de escrutinio que no había visto en más de 10 años de práctica”, comentó Pérez, al señalar que las preguntas, la verificación de datos biométricos y las revisiones en bases de datos se han endurecido notoriamente.A esto se suma la reciente cancelación del TPS para hondureños y nicaragüenses, una medida que golpea fuertemente a comunidades con más de dos décadas en el país. "Muchos de ellos llegaron tras el huracán Mitch en 1999, han construido vidas, empresas, y tienen hijos en universidades", recordó el abogado. Las opciones para quienes pierden el TPS son limitadas y dependen del caso específico. Pérez recomendó buscar asesoría legal lo antes posible, especialmente si aún se está dentro del margen de los 60 días establecidos por el Gobierno.Por otro lado, el tratamiento a menores de edad con estatus migratorio irregular también es motivo de inquietud. Aunque enfrentan los mismos criterios de deportación que los adultos, su proceso es distinto, con plazos más amplios y jueces especializados. Sin embargo, la reducción del financiamiento a organizaciones que los protegen ha debilitado aún más su ya precaria situación."La deportación no es un escenario lejano para muchos", concluyó.