El cierre de la sede de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Washington marca un punto de inflexión en la política de ayuda internacional.
Tras la orden del presidente Donald Trump, la agencia, fundada en 1963 y la mayor del mundo en su tipo, con un presupuesto de 50.000 millones de dólares en 2023 y 10.000 empleados, fue desmantelada.
Este acto no es solo un cambio administrativo, sino un símbolo de la tensión entre la política gubernamental y la ayuda humanitaria. La retirada de los letreros y logos de las oficinas, junto con el cierre de la sede el 3 de febrero, simbolizan el fin de una era.
El desmantelamiento fue ordenado por Elon Musk, encargado de recortar el gasto público durante la administración de Trump.
El gobierno justifica esta decisión alegando ineficiencia y "subordinación" de los empleados de USAID, además de considerar que la agencia subvenciona programas innecesarios.
La medida pone en peligro programas vitales que asisten a millones de personas en todo el mundo, según denuncian organizaciones civiles.
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El diario The New York Times reporta que casi la totalidad de los 10.000 empleos de USAID serían eliminados, quedando un pequeño grupo de 290 trabajadores.
Sin embargo, un juez federal bloqueó el plan de despidos masivos. Este panorama destaca la incertidumbre sobre el futuro de la cooperación internacional y el impacto que estas decisiones tienen en comunidades vulnerables.
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