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El Gobierno de Venezuela denunció este sábado que un destructor de la Marina de Estados Unidos ocupó durante ocho horas una embarcación atunera venezolana con nueve pescadores a bordo. Según Caracas, el hecho ocurrió en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, cerca de la isla La Blanquilla, y representa un acto “ilegal” que busca justificar una escalada militar en el Caribe.
El canciller venezolano, Yván Gil, aseguró en una alocución televisada que la nave estadounidense involucrada fue el destructor USS Jason Dunham (DDG-109), equipado con misiles y armamento de guerra. “Desplegaron dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña embarcación, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores”, afirmó.
El comunicado leído por Gil enfatiza que los ocupantes del barco eran “humildes pescadores atuneros” que realizaban una faena autorizada. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, agregó, monitoreó el incidente con medios aéreos y navales hasta que los tripulantes fueron liberados.
Para el Ejecutivo de Nicolás Maduro, este hecho refleja “la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington” que utilizan recursos militares de alto costo “para fabricar pretextos de aventuras bélicas”. El gobierno exigió a Estados Unidos que detenga de inmediato lo que calificó como acciones de riesgo para la seguridad regional y llamó a los ciudadanos norteamericanos a rechazar que sus soldados sean usados “como piezas de sacrificio”.
Este incidente ocurre en un contexto marcado por la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe. Actualmente, Washington mantiene desplegados ocho buques de guerra equipados con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas venezolanas. A esto se suma el envío de diez aviones de combate F-35 a una base en Puerto Rico, movimiento que Caracas interpreta como parte de una estrategia para propiciar un “cambio de régimen”.
Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, al que señala de narcotráfico y terrorismo. Esa acusación ha sido la base para justificar la movilización militar y el aumento de la recompensa por información que lleve a la captura del mandatario venezolano, cifra que actualmente asciende a 50 millones de dólares.
Mientras tanto, el gobierno venezolano busca capitalizar políticamente el incidente, presentándolo como un ejemplo de intromisión extranjera y como un argumento más para reforzar su discurso de defensa de la soberanía nacional frente a lo que llama “amenazas imperiales”.
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