Terminado el primer semestre educativo de 2023, el Ministerio de Educación dio a conocer el informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar que da cuenta que de los 1.103 municipios del país en los que se ejecuta el PAE , en las áreas rurales o urbanas de 65 territorios persiste la no entrega del complemento alimentario debido a suspensiones en los contratos del programa de alimentación.
Esto está afectando a 317.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estos menores están en 27 municipios no certificados en educación de Córdoba, 28 de Magdalena, 8 municipios de Cauca y de manera parcial el municipio de Manaure en el departamento de La Guajira.
Además, este informe también alerta que la cifra de estudiantes afectados que no reciben el PAE puede aumentar en cerca de 148.000, teniendo en cuenta que cinco Entidades Territoriales Certificadas (ETC) tienen riesgo de no contar con operación del programa por la suspensión de contratos que podrían presentarse en el segundo semestre, una vez se retorne del receso de mitad de año.
“Hoy reiteramos nuestro llamado a todas las Entidades Territoriales Certificadas en Educación que ejecutan el PAE para que redoblen esfuerzos que garanticen la continuidad del programa. Si bien en el inicio del calendario 2023 se logró que la mayoría de las ETC iniciaran operación (81 de 97) en los tiempos establecidos, el reto conjunto debe ser el de garantizar que el PAE se preste durante todo el calendario, es decir, que continúen nuestros estudiantes recibiendo su complemento alimentario cuando regresen del receso estudiantil”, indicó Juan David Vélez, subdirector de la Unidad de Alimentos para Aprender.
¿Por qué no ha llegado el PAE?
El Ministerio de Educación entregó los detalles de lo que pasa en cada caso.
En la Entidad Territorial Certificada de Cauca lo que ocurrió es que la Gobernación modificó los contratos y el programa solo estaba garantizado hasta mediados de julio. Así, en los municipios de Almaguer, La Sierra, La Vega, Piamonte, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa y Timbío se están viendo afectados 11.356 estudiantes. La ETC explicó que adelantará un nuevo proceso de licitación que se financiará con recursos de regalías y que espera adjudicarlo en el mes de julio.
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En el caso de Córdoba, en tres municipios no certificados en educación del departamento no opera actualmente el PAE: Cotorra, Momil y Purísima. En los 24 municipios no certificados restantes se opera de manera parcial, principalmente en el área urbana, lo que afecta a 158.939 estudiantes que no cuentan con el PAE. La respuesta de la entidad territorial es que está tramitando recursos del Sistema General de Regalías y, de manera paralela, solicitó apoyo de la Nación para obtener recursos adicionales.
En La Guajira la atención está puesta en los 1.206 menores de Manaure que no reciben el programa. Allí, a través de dos contratos, uno de ellos que cuenta con la póliza requerida y que está pendiente de aprobación por parte de la Gobernación, y el segundo en trámite contractual. Actualmente, la ETC (departamento) está atendiendo a 79.122 estudiantes.
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En Magdalena se suspendió la operación el 21 de marzo de 2023, desde ese momento 99.750 estudiantes no están recibiendo alimentos por parte del PAE. Allí se adelanta un proceso de licitación pública que se encuentra en etapa de evaluación de propuestas. De acuerdo con lo informado por la entidad, la próxima semana estarían publicando los resultados de la evaluación definitiva.
En Girón se suspendió el servicio el 2 de mayo y se adelantó un proceso de contratación a través de la bolsa mercantil, fue adjudicado el 29 de mayo y proyectan reactivar la atención el 4 de julio de 2023, momento en el que se reinicia el calendario académico luego del receso escolar de mitad de año.
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Además, hay unos territorios identificados que pueden tener posible suspensión del PAE. Estos son:
- Caquetá, donde la gobernación realizó adición al contrato actual para garantizar la atención del programa hasta el 14 de junio del 2023, momento en el que inicia el receso escolar de mitad de año, pero se reportó que no se tiene los recursos para dar continuidad del programa durante el segundo semestre del 2023.
- En Chocó la gobernación está revisando la opción de operar hasta julio y se encuentra tramitando recursos a través del proyecto de regalías para continuar la operación del programa durante el segundo semestre.
- En La Guajira solo hasta el 23 de junio se ejecuta el PAE a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA). La gobernación debe adelantar los procedimientos internos para la incorporación de recursos en el presupuesto para la financiación del convenio y gestionar su continuidad con el PMA.
- En Pitalito, según la alcaldía, la atención va hasta el 16 de junio, cuando inicia el receso escolar e informan que no cuentan con suficientes recursos para la operación del programa hasta la finalización del calendario académico.
- En Villavicencio la alcaldía aseguró que solo puede garantizar el programa hasta el próximo 2 de agosto y no cuenta con recursos para adelantar un nuevo proceso de contratación. En esa ciudad se identificaron falencias en los procesos de planeación, por ejemplo, que la Entidad Territorial aumentó la cobertura pasando de 35.000 estudiantes a 57.000 en el 2021, al parecer, sin tener garantizados el total de los recursos para sostener en el tiempo este incremento.
Territorios sin PAE a la fecha
Además, el seguimiento que realiza la UApA a la operación del PAE da cuenta de otras 45 ETC con contratos que finalizarán en los próximos tres meses. Estas entidades comunicaron a la unidad que ya están adelantando los procesos contractuales para garantizar la continuidad del servicio.
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Informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar - INOP
El informe elaborado por la Unidad Alimentos para Aprender tiene como objeto consolidar periódicamente el estado de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con base en los reportes de las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación que ejecutan el programa, en el marco del seguimiento realizado por la unidad.
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Esta información corresponde al corte de junio 14 del 2023 y está sujeta a cambios por las dinámicas propias de la operación del PAE en cada uno de los territorios.
Finalmente, el informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar, que emite la Unidad Alimentos para Aprender, al cierre del primer semestre del 2023, más de 5.6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes están recibiendo el complemento alimentario del PAE, en más de 43.000 sedes educativas oficiales en todo el territorio nacional. Esto mientras el Gobierno asignó cerca de $1.3 billones para la ejecución del PAE en 2023.
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En los últimos días, Red PaPaz reveló cifras de un estudio que hicieron sobre el Programa de Alimentación Escolar. Allí, una de las principales conclusiones contradice los planes del Gobierno de poner en manos de los padres y las Juntas de Acción Comunal este programa. Esto porque muchas de las familias que estarían encargados de darles los alimentos a los menores están en situación de vulnerabilidad.
”La precariedad de las familias, básicamente el 50 % de las familias son pobres, pero el 50 % tienen una vulnerabilidad alimentaria, esto quiere decir que no se puede confiar a las familias para que provean la alimentación de los niños”, comentó el presidente del Centro Nacional de Consultoría, Carlos Leimoine, que junto a Red PaPaz dio a conocer los resultados del estudio.
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Además, una de las conclusiones de este estudio es que la mala alimentación sí tiene relación directa en deserción y el rendimiento en áreas como matemáticas y lenguaje. Por lo que los estudiantes que reciben el programa tendrían una probabilidad de deserción 32% menos que los que no la reciben.
Hay que agregar que este estudio también reveló que, si se elevara a un 100 % la cobertura del PAE, en las pruebas Saber se reduciría las proporciones en matemática se reduciría en un 32% en nivel inferior y subiría un 16% en el nivel superior. Mientras que en lenguaje se reduciría un 25 % en el nivel inferior y aumentaría un 11 % en el nivel superior.
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Finalmente se dio a conocer que programas como el de Madres Comunitaria del Icbf le cuesta al Estado por niño alrededor de tres millones de pesos, mientras que los gastos por estudiante en la universidad son de $20 millones, lo que significa que se invierte seis veces más en un universitario que en un niño, aunque la rentabilidad sea menor.
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