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La Contraloría General de la República anunció el fortalecimiento de la vigilancia fiscal preventiva ante el inicio del periodo electoral de 2026, con el fin de evitar el uso indebido de los recursos públicos durante la campaña presidencial y legislativa. El organismo de control activó alertas tempranas y hará seguimiento continuo a la contratación estatal, en el marco de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005).
De acuerdo con el ente fiscal, los picos más altos de contratos y convenios interadministrativos se presentaron antes de la entrada en vigor de las restricciones electorales, con $4,0 billones en septiembre y $3,5 billones en octubre de 2025. Por ello, la Contraloría advirtió que activará alertas tempranas para prevenir la firma de nuevos convenios de este tipo durante el periodo de prohibición.
El seguimiento se realizará mediante el Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, implementado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que permite monitorear la contratación pública, la nómina estatal, los subsidios y la ejecución presupuestal en todo el país. Este modelo integra bases de datos como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA) y los sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda, facilitando la detección de irregularidades y patrones de riesgo.
A partir del 31 de enero de 2026, la vigilancia se ampliará a la contratación directa, con especial atención a posibles desviaciones del gasto público durante la campaña. La Contraloría también anunció que articulará sus acciones con la Procuraduría General, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral para intercambiar alertas sobre posibles irregularidades.
El informe del organismo revela que, aunque la contratación directa no presenta variaciones que enciendan alarmas, los mayores montos se registraron en enero y febrero con $12,5 billones y $15,2 billones, respectivamente.
La Contraloría recordó que su modelo de vigilancia tiene un carácter preventivo, no sancionatorio, y busca fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana. Para ello, puso a disposición los canales de denuncia ciudadana: el Sistema de Información de Participación Ciudadana (SIPAR), la aplicación CGRCOL, la línea gratuita 199 y su portal web.
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