El Ministerio de Justicia tiene listo el borrador de decreto que regularía la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea. Ya fue enviado para comentarios.
Entre otras cosas, establece que el Instituto Nacional de Salud debe realizar un seguimiento para determinar “posibles afectaciones a la salud que puedan derivarse de la ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método aspersión aérea”.
El INS debería adelantar las acciones para realizar un estudio sobre los posibles efectos adversos en la salud que se pueden generar por la ejecución del programa.
En el texto también se establece que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es la que debe realizar ese plan de seguimiento sobre posibles afectaciones ambientales en el programa, “incluidos sus pilotos”, y establecer, “medidas adicionales a fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos no previstos en el plan de manejo ambiental de la actividad”.
En el texto también se establece que cuando cualquier autoridad conozca sobre algún evento de salud, “bien sea de un particular o de la comunidad, que pudiera estar relacionado con el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método, deberá dirigir a los presuntos afectados a cualquier institución prestadora de servicios de salud pública o privada para que sean atendidos y se gestione en los términos de la ruta de atención de situaciones de salud relacionados con la aspersión aérea”.
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Las personas que consulten por un efecto de la salud deberán ser atendidas mediante una ruta especial. En la regulación, el ministerio también establece que ante las quejas por presuntos incumplimientos de las medidas ambientales la Anla podrá imponer las obligaciones que resulten necesarias.
El Consejo Nacional de Estupefacientes podrá realizar pilotos para para establecer la eficacia y eficiencia de las medidas como la protección de salud y medio ambiente. El texto contempla que la ejecución del programa estará a cargo de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional.
El Ministerio de Justicia puede suscribir contratos para el control sobre la operación y el Ministerio de Salud sobre el control del diseño y limitaciones a la salud.
Este decreto es uno de los requisitos de la Corte Constitucional para el regreso de la aspersión de cultivos con glifosato, suspendida en el país desde el 2015.
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