Cancillería había negado recursos solicitados por Óscar Muñoz para fiesta vallenata
Entre los asistentes a la fiesta estuvo Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.
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El encargado de negocios de Colombia en Nicaragua había enviado una carta a la Cancillería solicitando el uso de recursos de la Embajada para hacer la fiesta el 11 de diciembre. Incluso, el documento habla de una cofinanciación con el Teatro Nacional Rubén Darío, que fue el lugar en el que se realizó el evento.
En ese documento, Muñoz entrega detalles de lo que tenían previsto con 120 invitados, entre ellos funcionarios diplomáticos, empresarios y connacionales. Entre esos asistentes estuvo Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.
El 15 de diciembre, después de que se había realizado el evento y el mismo día que se conoció la presencia de Carlos Ramón González, la Cancillería respondió a Muñoz con otra carta en la que negaba esta petición y argumentaba que no estaba claro en qué se usaría el dinero.
En ese documento, en poder de este medio, se niega la reasignación de recursos solicitada por la Embajada de Colombia en Nicaragua, al considerar que la iniciativa no se ajusta a los lineamientos vigentes de la Estrategia de Diplomacia Cultural 2025. Y reiteran que ninguna actividad puede adelantarse ni generar compromisos sin la aprobación previa y formal de la Dirección de Asuntos Culturales.
En esta carta, la Cancillería dice que no tuvo conocimiento de que la actividad propuesta se realizó, pero asegura que no se ejecutó con cargo a recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a que no contaba con la autorización correspondiente.
Finalmente, la Dirección de Acción Cultural precisó que los recursos del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior (PPCE) no están destinados al patrocinio de actividades y que la solicitud presentada no cumplió con el nivel de detalle requerido. En particular, se cuestiona que el formato remitido solo consignara de manera genérica un aporte en “otros gastos de producción”, sin la desagregación necesaria para su evaluación y aprobación.