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Coca amenaza con volver en el suroriente del país ante incumplimientos en sustitución
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Durante la Misión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los pobladores del Meta y el Guaviare denunciaron incumplimientos en la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos (PENIS), luego de arrancar de manera voluntaria las matas de coca. La mayor consecuencia ante esta situación, temen los habitantes de los departamentos, es el regreso de la coca.
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El Guaviare y el Meta son dos departamentos que históricamente han sido golpeados por la guerra, pero ahora sus habitantes padecen de otro grave problema, los incumplimientos en la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos tras la firma de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.
No nos ha respondido el Estado y estamos en espera, pero la mayoría de los programas nos han incumplido. Estamos abandonados prácticamente, nos sentimos abandonados por el Estado porque siempre son incumplimientos”, dijo Andrés García, secretario del Cabildo Mayor de la Comunidad Indígena Jiw, en Mapiripán.
Víctor Manuel Rodríguez, campesino de la vereda el Tigre, manifestó durante la reunión con el Defensor del Pueblo su inconformismo.
“Para qué se comprometieron a lo que no podían, si vieron que no se podía hacer carreteras. Era de haberle dicho a la gente, si arranca su coca arránquela, pero allá no se les va a hacer carretera”, declaró Rodríguez.
Los incumplimientos están generando un sentir colectivo entre los campesinos, el regreso inminente de volver a cultivar coca, así lo dijo Noé Bonilla secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre.
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“Por mi hijo me he retenido de hacerlo. Si lo hicimos era con el ánimo de que el Gobierno nos cumpliera para legalizarnos, pero viendo la crisis económica, estaría dispuesto a volver a sembrar”, declaró Bonilla.
Edgar Mejía, presidente del Consejo Comunitario Afro en la vereda Las Charras, también manifestó su posición de regresar a cultivar coca. “Desafortunadamente yo le tengo que decir que sí, porque es la única alternativa que tenemos para buscar el pan de cada día”, dijo.
Según los pobladores, los proyectos productivos que les está ofreciendo el Gobierno lo único que generan es pobreza y hambre ante los costos que traen los insumos que les suministran, de hecho, varios de los asistentes a las reuniones con la Defensoría denunciaron las perdidas que les estaría generando la sustitución.
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“Una bomba que vale $ 215.000 viene por $ 285.000, una carretilla que vale $ 130.000 viene por $ 225.000. Dirán de parte de nosotros que somos groseros, pero no pensamos recibir ese proyecto por que viene muy caro”, denunció Víctor Manuel Rodríguez, campesino de la vereda el Tigre.
Edgar Mejía, presidente del Consejo Comunitario Afro en la vereda Las Charras reiteró las irregularidades. “Nada de eso fue comprado ni siquiera en San José del Guaviare todo es traído de Bogotá, ósea a nosotros que nos dejan, ni siquiera el comercio. Es que la plata se la quedan es otros”.
Según los líderes sociales,, denunciar este tipo de irregularidades en Meta y Guaviare también trae otras dificultades relacionadas con amenazas de muerte. Así lo manifestó un defensor de derechos humanos. “Me mandan razones con personas que me dicen que yo porque me meto en eso, que no sea sapo, que los estoy perjudicando, que me van a matar, que me van a levantar. Yo estoy en una cárcel en mi casa”, sostuvo el activista que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.
La compleja situación la conoció de primera mano la Defensoría del Pueblo durante su misión humanitaria por 5 días en el Meta y Guaviare, de hecho, el Defensor Carlos Alfonso Negret, aseguró que hay que buscar prontas soluciones para evitar el regreso de la coca a estas zonas.
“Hay que trabajar rápidamente pero fuertemente, la sociedad rodeando al Estado, para que estos programas sigan adelante como en efecto nosotros hemos visto que el doctor Emilio Archila, está trabajando para que le lleguen los recursos y se acaben las quejas”, sostuvo el funcionario.
“La droga no se queda aquí, la droga se va para los grandes centros urbanos y entonces serán nuestros hijos los que Dios no lo quiera cojan el camino de la droga”, advirtió Negret.
Algunas versiones dan cuenta de que el regreso de la coca está siendo incentivado por la disidencia de las Farc, quienes además estarían prohibiendo el turismo en el Guaviare. Esta versión la confirmó un guía en el raudal del Guayabero, una zona atractiva para los visitantes por la presencia de pinturas rupestres.
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“Nos dijeron que no había más permiso de turismo, pero se le dijo hermano si ya vendímos unos paquetes para Semana Santa y dijo bueno listo, se terminó Semana Santa y se acabó el turismo hasta nueva orden”, declaró el guía.
Los campesinos que habitan en Meta y Guaviare aseguraron que todas las opciones están abiertas ante el hambre que se vive. Según sus versiones, en tiempos de guerra sostenían a sus familias con la coca que vendían a grupos ilegales, pero ahora ante la crisis podrían tomar medidas extremas, como regresar a los cultivos ilegales.
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