El ambicioso proyecto del Acueducto Complementario de Ibagué, lejos de representar una solución efectiva para el abastecimiento de agua en la ciudad, se ha convertido en un símbolo de malos manejos administrativos y promesas incumplidas.
Este proyecto, que prometía mejorar el suministro de agua potable en la capital tolimense, terminó dejando más irregularidades que avances en el servicio. Así lo reveló la Contraloría General de la República, que ratificó hallazgos fiscales por más de $8.271 millones tras una auditoría que destapó pagos sin respaldo técnico, redes mal construidas y un grave daño al patrimonio público.
La Contraloría confirmó un detrimento patrimonial que supera los $8.271 millones, como resultado de la revisión a los contratos de obra No. 019 y 128 de 2023, ejes centrales de esta iniciativa. El ente de control asumió la investigación mediante una intervención funcional de oficio, desplazando a la Contraloría Municipal.
En su informe, el organismo detectó 16 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen alcance fiscal y uno fue remitido para indagación preliminar por posibles responsabilidades penales o disciplinarias.
Pagos sin sustento técnico y obras sin funcionalidad dejaron millones enterrados en proyectos que no cumplen su objetivo. El hallazgo más crítico apunta a un detrimento patrimonial de $5.506 millones, invertidos en redes de distribución que no se ajustan a los diseños aprobados y que no garantizan el servicio de agua. En otras palabras, se construyeron tuberías sin asegurar que cumplieran su propósito técnico.
Entre las irregularidades más cuestionables se destacan pagos por conceptos difíciles de justificar:
- $864 millones por un entibado metálico en la planta de tratamiento de agua potable, sin soportes técnicos que validen su ejecución.
- $913 millones por la supuesta disposición de más de 26.000 metros cúbicos de material, aunque solo se ha evidenciado el retiro de menos de la mitad.
- $608 millones por entibados metálicos en más de 12.000 metros cuadrados, sin excavaciones que sustenten esa magnitud de obra.
Este nuevo capítulo de irregularidades revive la preocupación ciudadana sobre la ejecución del Acueducto Complementario, un proyecto que, en lugar de soluciones, ha traído más dudas y desconfianza frente al manejo de los recursos públicos. Estas operaciones se realizaron entre 2022 y 2024, según la Contraloría, y podrían dar lugar a procesos judiciales o disciplinarios.
Más allá del impacto económico, el verdadero perjuicio recae sobre comunidades como las de las comunas 12 y 13, que siguen sin recibir el servicio de agua potable a pesar de las millonarias inversiones.
El proyecto contemplaba una planta de tratamiento, un tanque de almacenamiento y redes de distribución, pero las múltiples fallas detectadas comprometen no solo la calidad de las construcciones, sino también su sostenibilidad en el tiempo.
Este episodio se suma a una larga lista de retrasos, sobrecostos y deficiencias técnicas que han marcado la historia del Acueducto Complementario, una obra que, tras más de diez años, aún no cumple su promesa más básica: llevar agua a los hogares ibaguereños.