Contraloría insiste en que sí hay riesgos fiscales y de incumplimiento en nuevo modelo de pasaportes

La Contraloría acaba de enviarle un documento de siete páginas a la Canciller Rosa Villavicencio en el que ratifica las preocupaciones del ente de control ante el riesgo de que los colombianos nos quedemos sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del próximo primero de abril.Blu Radio tiene en su poder la carta enviada por el Contralor Delegado para la Gestión Pública Luis Enrique Abadía García, en la que explica por qué su despacho identificó que sí hay retrasos frente al cronograma inicial, entrega una explicación detallada de las demoras frente a las fechas previstas en principio y dedica un aparte a lo que califica “riesgos relevantes que no han sido atendidos”.Sobre el primer punto, dice el contralor Abadía que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.Luego, publica tres cuadros suministrados por la Cancillería titulados “cronograma de actividades”, en los que queda demostrado cómo mediante prórrogas se han modificado las fechas de cumplimiento de cada ítem, lo cual, según la Contraloría, “si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.En el tercer punto, la Contraloría hace una serie de advertencias de riesgos adicionales frente al nuevo modelo de pasaportes, entre ellas el riesgo de incremento de costos operativos y afectación de fuentes de financiación, sumado al riesgo cambiario que pueden afectar la sostenibilidad de este nuevo esquema.“Se constató que el esquema prevé obligaciones con pagos en euros y que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que se evidencie un estudio robusto de cobertura o mitigación”, señala el documento.Agrega que “la transición desde un esquema a demanda hacia uno con cantidad mínima anual predefinida genera obligaciones financieras y logísticas nuevas, sin que exista claridad suficiente sobre garantías de suministro cuando se requieran cantidades adicionales”.Además evidencia el riesgo de cobros adicionales por intereses por pagos extemporáneos, algo que no tiene el actual modelo.Adicionalmente, advierte “el riesgo de activación de una garantía a un primer requerimiento por un valor de 6.375.000 euros que podría convertirse en una afectación económica adicional para el Estado”, dependiendo del cumplimiento contractual, “el cual es latente frente a las situaciones de demandas vigentes, así como los retrasos que se vienen evidenciando”.