Defensoría del Pueblo rechaza ataques de Benedetti contra la magistrada Lombana
Advirtió que las declaraciones socavan la independencia judicial y podrían constituir violencia de género. Se suma al pronunciamiento del presidente de Corte Suprema en defensa de la magistrada.
La Defensoría del Pueblo se pronunció en respaldo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque, tras el rechazo que este expresó frente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana Velásquez.
El organismo advirtió que las palabras del ministro socavan la confianza en la administración de justicia y desconocen la independencia judicial, principio fundamental del Estado de Derecho y la democracia en nuestro régimen constitucional. Además, señalaron que las expresiones de Benedetti "son ofensivas, discriminatorias y pueden constituir violencia de género”.
“La Defensoría recuerda que todos los funcionarios y funcionarias públicas tienen el deber de respetar las decisiones judiciales y controvertirlas únicamente a través de los canales procesales. Este deber es más alto en el caso de altos funcionarios del Estado, pues su actuación es referente para los servidores públicos y la ciudadanía”, puntualizó la entidad.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025.
Foto: AFP
En este sentido, el presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro, también se había pronunciado para rechazar “las descalificaciones personales y los ataques verbales” del ministro contra una magistrada, advirtiendo que este tipo de comportamientos pueden afectar las investigaciones y debilitar la confianza ciudadana en la justicia.
El pronunciamiento se produjo en medio de la controversia que generaron las declaraciones tanto del ministro Benedetti como del presidente Gustavo Petro sobre la magistrada Lombana.
De hecho, el abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el jefe de Estado por presunta “violencia moral agravada” y “encubrimiento”, luego de que calificara como “secuestro familiar” el allanamiento ordenado por la magistrada a la residencia del ministro del Interior.