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El 11 de abril de 2018 la directora del Servicio Público de Empleo, Isabel Cristina De Ávila, con su nombre y firma hizo un primer nombramiento a Guillermo Segundo Sierra Pérez como profesional especializado grado 20. El 15 de junio hubo otro nombramiento a Betzaida Cuero Ponce como profesional especializado grado 22 y hubo otro nombramiento a Carol Andrea Varela López.
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Las tres designaciones directas y sin concurso de mérito tienen un común denominador. Fueron efectuados bajo la Ley de Garantías, que establece que desde el 27 de enero de 2018 hasta el día exacto de la elección presidencial, el 17 de junio, no se podían hacer nombramientos de este tipo, ni contratar personal, ni realizar contratación directa de cualquier tipo. Tampoco pautar publicidad o entregar obras.
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Sin embargo, la directora argumentó que esos nombramientos eran excepcionales y que por eso podía hacerlo.
“Tal como señala la corte constitucional en sentencia c-1153/05 del 11 de noviembre de 2005, se entiende que la prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos, en ese sentido está prohibida la provisión de cargos salvo que se trate de solventar situaciones tales como, renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la administración pública”, explicó.
Por esos hechos, se radicó una denuncia más en Transparencia de Presidencia y la Procuraduría General. Pero hay otro dato. Luego de la revelación inicial de BLU Radio se conoció que la directora declaró insubsistente al secretario general de la entidad esta tarde.
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BLU Radio la llamó y aseguró que es un cargo de libre nombramiento y remoción y que el exsecretario, quien es Carlos Javier Ordóñez Rodríguez, le realizó desde que llegó al cargo una guerra política en la entidad y no la dejó trabajar.
De Ávila dijo también que hay un malestar entre varios funcionarios con ella porque se realizó un concurso de mérito a 50 empleados, que 48 no aprobaron y por lo que tienen que dejar el cargo.
“Yo no puedo hacer nada. Ellos no pasaron la prueba y si no se van, yo me meto en problemas. Todo esto ha sido un tema político en mi contra”, afirmó.
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