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Ejército y Policía, a abstenerse de realizar actividades que involucren niños: habla el demandante

El fallo de la Corte Constitucional representa un paso adelante en la protección de los derechos de los niños y niñas en Colombia, especialmente aquellos en zonas de conflicto, dice el demandante en Mañanas Blu.

Ejército
Ejército, imagen de referencia
Foto: BLU Radio

En un fallo histórico, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía Nacional abstenerse de involucrar a niños, niñas y adolescentes en actividades cívico-militares, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado.

Este dictamen surge como respuesta a una tutela presentada por varias ONG, entre ellas Humanidad Vigente, Corporación Jurídica, y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, ante la preocupación por la participación de menores en estas actividades, las cuales, según las organizaciones, podrían poner en riesgo su bienestar y seguridad.

Daniel Franco, abogado representante de Humanidad Vigente, expresó en Mañanas Blu su satisfacción con la decisión de la Corte.

"Recibimos con alegría esta decisión. Celebramos que se acate la tutela", afirmó Franco, quien ha sido una figura clave en la presentación y el éxito de esta acción legal. La tutela, interpuesta en 2021, buscaba hacer efectiva una prohibición ya contemplada en la Ley 1098 de 2006, la cual, a pesar de estar en vigor, no había sido plenamente respetada, según las ONG demandantes.

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El abogado Franco explicó que el fallo representa una victoria significativa para los niños y niñas de las zonas de conflicto, pues les reconoce el derecho a no ser vinculados a la guerra y a acceder a bienes y servicios sin la mediación de autoridades militares.

A pesar del claro mandato legal, existen desafíos en su implementación, especialmente en áreas donde las autoridades civiles tienen limitada presencia y el Ejército ha sido el principal proveedor de servicios y bienestar, reconoció Franco en Mañanas Blu.

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Además, la problemática del reclutamiento de menores por grupos irregulares persiste, lo que requiere una acción decidida y coordinada por parte del Estado y la comunidad internacional para erradicar esta violación de los derechos humanos.

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