Al término del debate de control político que se realizó en la comisión primera del Senado, el gerente de la empresa Metro Leonidas Narváez aseguró que la orden del alcalde Carlos Fernando Galán es que la primera línea se ejecute como está contratada, es decir, elevada. Esto independientemente del informe que revelaría el próximo 13 de febrero la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para hacer un análisis técnico de las implicaciones que tendría soterrar un tramo del proyecto.
“Lo importante es que se ha ratificado que el contrato entre la ANI y la Sociedad de Ingenieros tiene como objeto crear una metodología para futuros proyectos férreos de pasajeros de carga o mixtos que estandaricen la manera en que se van a evaluar esos proyectos (…) esa metodología no tiene unas implicaciones hacia atrás porque la primera línea del metro se viene ejecutando como está pactada”, dijo el gerente.
Así fue el debate de control político sobre el avance del metro de Bogotá
El debate de control político citado en la comisión primera del Senado para evaluar el avance del metro terminó en un reproche a la Agencia Nacional de Infraestructura, que debía entregar un importante informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre las implicaciones que tendría soterrar un tramo de la primera línea, como lo propone el presidente Petro; sin embargo, esto no ocurrió.
Hernando Monroy, presidente de la sociedad, aseguró que no podían entregar mayor información porque habían firmado un contrato con la ANI, pero suscribieron una cláusula de confidencialidad.
Esto fue rechazado por la representante Carolina Arbeláez, citante del debate, quien calificó la ausencia del informe como una “falta de transparencia” y responsabilidad, y por ello pidió a la ANI definir una fecha para su entrega.
A esto se sumó el senador David Luna, quien explicó que el argumento de la Agencia no tiene fundamentos legales. “La reserva de información pública solo se justifica en tres motivos: la reserva legal, que claramente este contrato no lo tiene, la reserva constitucional, que tampoco lo contempla, y la reserva por motivos de seguridad nacional”, concluyó.
La ANI fue citada nuevamente el 13 de febrero, fecha en la que se espera conocer las consecuencias económicas y jurídicas que implicaría cambiar el objeto del contrato firmado para el proyecto del metro de la capital.
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