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El partido Farc envió una solicitud a la Procuraduría para que intervenga de manera preventiva y proteja los derechos frente a lo que dicen, un incumplimiento de medidas de seguridad por parte de funcionarios del Gobierno, en medio de los frecuentes homicidios de excombatientes que luego de la firma del acuerdo de paz ya dejan 234 exguerrilleros asesinados.
En la solicitud, dirigida directamente al procurador Fernando Carrillo y a la procuradora delegada Elena Ambrossi, los delegados del componente Farc ante la CSIVI, Rodrigo Granda, Jairo Estrada y Jairo Rojas, solicitan de manera urgente que insten al Gobierno a que tomen medidas necesarias y sin demoras, planes de protección, en especial el programa de protección integral para quienes conforman el movimiento político y se solicita que intervengan para que se pueda contar con una política en materia de protección.
Solicitamos, además, su intervención como garante de derechos fundamentales, a efectos de que cada una de las instancias diseñadas para la implementación del Acuerdo Final, en particular, las concernientes a las garantías de seguridad, cumplan su papel de acuerdo a lo establecido en el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política: Comisión Nacional de Garantías, Programa de Protección Integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política y Mesa de Seguridad y Protección
A su vez, le pide que el Gobierno, y en particular el Ministerio de Hacienda, asigne recursos para garantizar la vida e integridad física de los integrantes de las Farc como partido político y a aquellos que firmaron el acuerdo de paz, pues ya, desde hace cuatro años, se ha insistido en la falta de garantías e incluso, se ha manifestado lo que puede considerarse un exterminio.
Tras el asesinato de Juan de Jesús Monroy, líder del ETCR La Pista en Uribe, Meta, y su escolta Luis Alexander Largo, se convocó a una mesa de seguridad con 15 instancias del gobierno que se adelanta este lunes con el propósito de revisar la situación, cuando la Fiscalía ya asumió la investigación de los dos firmantes del acuerdo, pero que, no deja de preocupar a Farc, pues manifiestan que no son suficientes las medidas que se han tomado y los riesgos a los que están expuestos.
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