El pasado 7 de marzo, el fiscal 103 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión autónoma e independiente de revocar la declaratoria de lesa humanidad relacionada con los cargos que se le imputaban a la baronesa Cielo Gnecco. Esta acción resultó en la nulidad de todo lo actuado en el proceso y la preclusión de la investigación debido a la prescripción de la acción penal.
Sin embargo, esta determinación del fiscal delegado en el Cesar ha generado controversia. El director especializado contra las violaciones a los derechos humanos ha advertido posibles extralimitaciones y excesos de competencia por parte del fiscal delegado ante el tribunal.
Se argumenta que su función se limitaba a pronunciarse sobre un recurso de apelación presentado por un representante del Ministerio Público contra la revocatoria de la medida de aseguramiento y la cancelación de la orden de captura emitida en noviembre del 2023.
Por otra parte, dice la Fiscalía en un comunicado que el fiscal no tenía la potestad de invalidar la declaratoria de lesa humanidad, la cual había sido emitida por un homólogo suyo en Valledupar el 6 de octubre de 2023.
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Ante estas presuntas irregularidades, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ha interpuesto una tutela. El objetivo es garantizar la continuación de la investigación y el ejercicio de la acción penal.
“Ante las presuntas irregularidades detectadas, por la gravedad de los delitos en estudio y en aras de proteger los derechos de las víctimas, desde la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos se interpuso una tutela para que se permita continuar con la investigación y el ejercicio de la acción penal en este caso”.
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Recordemos que a Cielo Gnecco se le vincula a una investigación por el supuesto asesinato de dos personas en el Cesar en 2002.
Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza, quienes eran contratistas de la Gobernación del departamento del César. Hasta el 31 de octubre del 2023, tenía una orden de captura por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio en persona protegida, hasta que fue levantada por una fiscal en Valledupar.
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