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En un debate de control político sobre la implementación del acuerdo de paz, la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el Gobierno respeta la paz, pero recibió un acuerdo desfinanciado.
La representante de Alianza Verde Juanita Goebertus fue quien citó al Gobierno a esta discusión y en una extensa presentación criticó la voluntad del Estado en materia de implementación de lo pactado en La Habana y la falta de recursos para el postconflicto.
“No hay suficientes recursos y el mismo consejero para el posconflicto lo ha señalado. Según la ley de financiamiento, hay un déficit de al menos 1.3 billones de pesos para poder financiar la implementación del acuerdo de paz”, dijo.
Para Goebertus, pese a que la implementación inició en el gobierno Santos, es el actual mandatario el responsable de que se cumpla lo firmado por ambas partes.
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“La ausencia de una política clara de reincorporación para los mandos medios excombatientes de las Farc tiene hoy en vilo el proceso de consolidación de seguridad a nivel territorial. Hay aproximadamente 2.000 excombatientes que en este momento no se sabe cuáles son los datos, pero eso no quiere decir que estén incumpliendo el acuerdo”, indicó Goebertus.
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La ministra de Interior le respondió a Goebertus que la paz no se evalúa solo desde las acciones del Gobierno sino de la voluntad de aquellos excombatientes que no se apegaron al compromiso pactado.
“¿Qué es lo que está pasando con aquellos jefes que no aparecen? Que firmaron un acuerdo y hoy en día no le dan la cara a la Justicia Especial para la Paz, muchos de ellos incursos en delitos de lesa humanidad. Eso es lo que ha venido pidiendo el presidente Iván Duque. Deben respetarse los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición; pero no puede ser que aquí vengamos a cuestionar un gobierno de 100 días”, dijo Gutiérrez.
Paso seguido, los actores estatales citados respondieron a los cuestionamientos de los congresistas.
Emilio Archila, alto consejero para el Postconflicto, se sumó a la posición de la ministra de Interior asegurando que “la decisión de delinquir o no delinquir es una decisión individual, es una decisión de cada uno de ellos”.
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“Nosotros podemos colaborar, podemos poner las condiciones, pero los que han traicionado el proceso de paz y se han ido de nuevo a narcotraficar o a cometer otro tipo de delitos, esa no es la responsabilidad del Gobierno”, indicó.
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El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, pidió al Congreso entendimiento del proceso de implementación, que tomará más tiempo.
“El Gobierno está comprometido, en este sentido yo quiero hacer varios llamados al Congreso y el primero es no cesar en el anhelo de la construcción de la paz y entender que el acuerdo que se firmó con el hoy partido político de las Farc en su momento, fue un comienzo para el avance de la paz, pero esa paz aún, doctora Juanita, está por ser construida”, manifestó.
Los representantes de la Farc, protagonistas de la discusión debido a que ocupan sus curules fruto del acuerdo de paz, escucharon las intervenciones del Gobierno y luego procedieron a pedir la palabra.
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“No les rinde mucho para hacer cosas para cumplir con la implementación, pero sí les rinde para hacer cosas contra los acuerdos o, ¿acaso las zonas de consolidación en la ley de orden público no van en contra del acuerdo? ¿Acaso los ataques contra la JEP no van en contra del acuerdo? Y tienen la cara para decir que es que la JEP no funciona y que necesitan que funcione rápido cuando no la han dejado funcionar”, dijo Marcos Calarcá.
La ministra de Justicia, Gloria Borrero, aseguró, por su parte, que desde que Jesús Santrich está recluido en La Picota, el Gobierno lo ha visitado dos veces.
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“Estamos muy pendientes de los presos de las Farc”, indicó.
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