Gremio de seguridad privada apoya iniciativa de Petro contra empresas con nexos criminales

Tras el anuncio del presidente Petro, en sus redes sociales, de que todas las empresas de seguridad privada inscritas en la Superintendencia de Vigilancia serán "reexaminadas" tras la captura de dos oficiales por nexos criminales, la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip) mostró su apoyo a esta iniciativa.Y es que, en un comunicado, la Superintendencia de Vigilancia confirmó las capturas de el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido y el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, quienes contaban en su posición bienes de hasta 1.000 millones de pesos con nexos con el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado que usaban empresas de vigilancia como fachada para lavado de activos.“Este es uno de los golpes más contundentes que logramos dar a las estructuras criminales que, de forma sistemática, utilizan las empresas de seguridad como fachadas para delinquir. Seguiremos con nuestras actividades de inspección y control para garantizar la seguridad de los colombianos y colombianas, de acuerdo con las instrucciones que nos ha dado el presidente Gustavo Petro”, sostuvo Yenniffer Parra, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.Dice el gremio de seguridad privada que, en este momento, existe una gran preocupación por estos acontecimientos que ponen en riesgo la rigurosidad y transparencia de las entidades de vigilancia, poniendo en tela de juicio la ética de cada una de ellas. "Es importante que se diferencie claramente entre las empresas que operan de manera legal y ética y aquellas que no cumplen con las normas. La industria de la seguridad privada es importante para la economía colombiana, ya que genera más de 380.000 empleos y contribuye a la seguridad social y la estabilidad en el país”, afirmó Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip.Confevip insta a las autoridades a investigar y judicializar a los responsables de irregularidades en el sector sin estigmatizar a todas las empresas, diferenciando entre compañías reguladas y aquellas con licencias irregulares. Solicita la cancelación inmediata de más de 40 licencias expedidas sin cumplir los requisitos legales y la implementación de controles más estrictos para garantizar que solo operen empresas con altos estándares de calidad.