Los abogados aseguraron que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá fue un análisis riguroso que corrigió los errores de la primera instancia y reivindicó el debido proceso.
El Grupo de los 38, conformado por reconocidos juristas del país, expresó su apoyo a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
En un comunicado, el grupo aseguró que el fallo de segunda instancia coincide con la posición que habían manifestado en julio pasado, cuando señalaron que no existían pruebas suficientes para condenar al exmandatario. Según el documento, la sentencia del Tribunal, de más de 700 páginas, representa un análisis riguroso y detallado de todas las pruebas del caso, en contraste con lo que calificaron como “graves deficiencias” del fallo anterior.
Los juristas destacaron que el Tribunal consideró ilícitas las interceptaciones telefónicas realizadas a Uribe y que estas vulneraron su derecho a la intimidad. Afirmaron además que la jueza de primera instancia actuó de manera “tendenciosa” y con errores metodológicos, lo que, según ellos, convirtió el proceso en un ejemplo de “lawfare” o persecución judicial.
“De manera especialmente relevante, el Tribunal declaró la ilicitud de las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente Uribe, al sostener que constituyeron una vulneración grave al derecho fundamental a la intimidad del que goza todo ciudadano. El error involuntario en la orden de interceptación no desvirtúa su ilicitud, como acertadamente señaló el magistrado ponente, sino que constituye negligencia grave que no puede convalidarse mediante doctrinas foráneas incompatibles con nuestro ordenamiento constitucional”, indicaron en el comunicado.
El grupo también subrayó la importancia de que los jueces que absolvieron a Uribe sean magistrados de carrera, lo que consideran una garantía de independencia e imparcialidad judicial. Aprovecharon para insistir en la necesidad de fortalecer la carrera judicial en Colombia, de modo que los jueces no estén sometidos a presiones externas.
Sobre el anuncio de un eventual recurso de casación, los juristas aclararon que este no implica una tercera instancia, sino una revisión limitada a posibles errores legales. En su opinión, el fallo absolutorio “se ajusta plenamente al derecho y respeta las garantías fundamentales”, por lo que no habría motivos para anularlo.
“Analizada la sentencia del Tribunal Superior y confrontada con las causales legales de casación, el Grupo de los 38 estima que -si bien será la Corte quien en su sabiduría y honrado su dignidad resuelva esta controversia-, en aplicación estricta del ordenamiento jurídico, la sentencia absolutoria no parece ser objeto de casación, pues se ajusta plenamente a derecho, respeta las garantías fundamentales y aplica correctamente los estándares de valoración probatoria que rigen en el sistema penal acusatorio”, aseguraron.
El comunicado concluye que la decisión del Tribunal representa “una victoria del debido proceso sobre la persecución política y del derecho sobre el sesgo ideológico” y confían en que la Corte Suprema de Justicia mantendrá en firme la absolución.
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