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El magistrado Hermes Lara, integrante del Tribunal Superior de Bogotá, manifestó el rechazo de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) frente a los pronunciamientos realizados por el presidente Gustavo Petro tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según el magistrado Lara, las declaraciones del mandatario, en las que cuestionó el fallo y sugirió la existencia de un supuesto “cartel de la toga”, constituyen una injerencia indebida en la rama judicial y ponen en riesgo la confianza ciudadana en la justicia.
El pronunciamiento se conoció luego de que el presidente Petro, durante un Consejo de Ministros, expresara su inconformidad con la decisión judicial, señalando: “Qué triste que en Colombia pasen esas cosas, y ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”. Para la Corporación de Jueces y Magistrados, esas palabras son “inadmisibles” en un Estado social de derecho, especialmente cuando provienen del jefe de Estado, llamado a respetar y garantizar la independencia de los poderes.
En el comunicado, la Corporación expresó su “suma preocupación” por la forma en que el presidente abordó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, advirtiendo que sus manifestaciones “pueden afectar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el funcionamiento del poder judicial en Colombia e, incluso, generar riesgos para la estabilidad de la democracia”.
El magistrado Hermes Lara reiteró que el Presidente de la República, como primer magistrado del país, tiene la obligación constitucional de respetar las decisiones judiciales, incluso aquellas que no comparte. “El primer magistrado del país, que es el presidente de la República, es quien, en primera fila, tiene la obligación de respetar y hacer respetar esas decisiones judiciales, y no salir a descalificarlas como lo han hecho, insisto, otros presidentes en Colombia. Es ya una manía ese ánimo de muchos presidentes de hacer lo mismo y descalificar las decisiones judiciales que no les gustan, que no les parecen o que van en contra de sus intereses o ideologías”.
La Corporación, además, expresó su solidaridad con las magistradas Alexandra Osa y Leonor Oviedo, y con el magistrado Manuel Antonio Merchán, quienes integraron la sala que absolvió a Uribe Vélez, así como con la jueza Sandra Heredia, responsable del fallo de primera instancia. En el mismo sentido, solicitó al Gobierno nacional y al Consejo Superior de la Judicatura adoptar medidas de protección para los jueces y magistrados involucrados, a fin de que puedan continuar ejerciendo sus funciones con independencia y sin presiones externas.
El comunicado concluye con un llamado general a las autoridades públicas, a los medios de comunicación y a la ciudadanía a respetar y acatar las decisiones judiciales, reafirmando que la independencia de la justicia es un pilar esencial de la democracia colombiana.
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