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Esto teniendo en cuenta que las demandas contra el Estado por privación injusta de la libertad suman cerca de 38 billones de pesos. Además, que el hacinamiento carcelario suma más del 40% en todo el país.
Además de los requisitos generales de procedencia de las medidas de aseguramiento como que una persona representa riesgo para la sociedad, hay riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia, pide el fiscal a sus delegados que para solicitar medidas de aseguramiento en cárcel deben demostrar que se trata de algunos de los delitos o circunstancias siguientes: “delitos de competencia de jueces especializados; delitos en los que la pena mínima prevista supere los cuatro años de prisión; cuando la defraudación del caso sobrepase los 150 salarios mínimos mensuales vigentes, y finalmente, cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores”, dice el documento.
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Y es que las cuantías que ha perdido el ente acusador son alarmantes. Según la directriz, desde 2013, la Fiscalía ha sido condenada en 6.249 casos por privación injusta de la libertad y, por esas demandas, el Estado ha pagado 1.3 billones de pesos, cifra que representa el 84 % de todas las condenas a la entidad.
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