La Procuraduría General de la Nación confirmó que continúa realizando vigilancia preventiva sobre las actuaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) frente a Ecopetrol, debido a los riesgos que podría generar el pago del impuesto del IVA por un alto valor, lo que representa un problema para la estabilidad económica de la empresa.
Según la entidad, las medidas fiscales adoptadas por la autoridad tributaria podrían comprometer no solo las finanzas de la compañía, sino también el patrimonio público.
El caso comienza desde que se presenta un conflicto por la interpretación normativa relacionada con el pago del IVA en las importaciones de combustible. Esta situación llevó a que la Dian adelantara cobros y ordenara embargos superiores a 11 billones de pesos, lo que tendría un impacto de 22 billones de pesos. Este cobro afectaría de manera directa la sostenibilidad financiera y operativa.
La Procuraduría convocó a una reunión de urgencia para el 19 de noviembre, en la que participarán representantes de todas las entidades involucradas, ante la magnitud de estos riesgos. Durante el encuentro se revisarán los fundamentos jurídicos, doctrinales y técnicos que han sustentado las decisiones de la Dian, así como las implicaciones de las diligencias dentro del proceso judicial.
El organismo de control señaló que su objetivo es facilitar un espacio de diálogo institucional que permita encontrar una salida a la disputa fiscal, evitando mayores afectaciones a la principal empresa del Estado y garantizando la protección de los recursos públicos.
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