La masacre del corregimiento de El Aro, en Ituango la cometieron los paramilitares del Bloque Mineros, allí fueron asesinadas 17 personas y otras más fueron desplazadas y los despojaron de sus bienes.En su audiencia reservada ante la JEP, Salvatore Mancuso aseguró que esta masacre se habría cometido, presuntamente, por solicitud de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.“El Aro, yo estuve previo al Aro, porque el Aro sí va a ser desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas, Iván Ramírez me lo encontré en la oficina de Elena y él me había mandado a hablar con el general Manosalva”, señaló Mancuso.El exjefe paramilitar dijo que, supuestamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tendría conocimiento de estos hechos.“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, aseguró Mancuso.Le puede interesar "La JEP acepta al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso":
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue aceptado en la JEP en las últimas horas. Ahora comparecerá ante la jurisdicción y ante Justicia y Paz, después de que Mancuso fuera aceptado se comenzaron a revelar algunos detalles sobre lo que contó durante una diligencia reservada y en unos documentos que envió a los magistrados que llevan el caso.Refiriéndose a los presuntos apoyos que habrían hecho las autodefensas a las campañas presidenciales, Mancuso hizo referencia a las elecciones presidenciales en 1998, aseguró que supuestamente Horacio Serpa había hablado con Carlos Castaño.“En la primera vuelta apoyamos a Serpa. Serpa se había reunido con el comandante Carlos Castaño en Cali, Carlos Castaño durmió esa noche en el palacio episcopal con el monseñor Duarte Cansino, creo que era el nombre del monseñor. En esa reunión, siendo Serpa ministro de Samper, le pidió, le ofreció a Carlos que avanzara en un proceso de negociación y que estaba dispuesto a desmovilizar todas las autodefensas”, señaló Mancuso en audiencia reservada.Según el relato del exjefe paramilitar, Serpa habría respondido que el Gobierno no tenía la capacidad para recibir los territorios que estaban en poder de las autodefensas y que no era el momento para desmovilizar a los paramilitares, además, Mancuso aseguró que quien presentó a Carlos Castaño con Horacio Serpa habría sido Orlando Henao, jefe del cartel del Norte del Valle.“Fue jefe del cartel del Norte del Valle que financiaron la campaña de Samper a través de recursos del narcotráfico. Cuando las elecciones que se estaban enfrentando entre Serpa y Pastrana casi todas las Autodefensas apoyamos a Pastrana. Carlos decía que era mucho mejor negociar con Horacio Serpa que era una persona ya conocida que traía vínculos de relaciones con el narcotráfico y era más fácil de ejercer presión y hacer pactos y convenios con personas como Serpa”, manifestó Mancuso.Sin embargo, el exjefe paramilitar dijo que al final habrían terminado apoyando la campaña de Pastrana.“Finalmente le hizo una embarrada Serpa a través de un pedido que Carlos le hizo, no recuerdo con exactitud la situación que se dio, ordenó para la segunda vuelta que apoyáramos a Pastrana a segunda vuelta y porque no pasaron el umbral de la primera vuelta del 50 % ninguno de los dos”, aseguró Mancuso.Le puede interesar "La JEP acepta al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso":
De acuerdo con la sala de definición de situaciones jurídicas de la Justicia Especial de Paz, lo que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso contó en sus audiencias de cuatro días en mayo, lo que aportó en varias diligencias reservadas y los documentos que entregó sustenta la manera en que se desarrolló la alianza entre el Estado, las Convivir y el grupo paramilitar de los hermanos Castaño.En una de esas audiencias, "Al coronel Barrero le pusimos mensualidad de $15’000.000”: Mancuso revela la nomina de las AUC, desde los rangos más bajos de la Policía hasta altos oficiales de las Fuerzas Militares.“A todos los que pasaron por la Brigada 11, yo le pongo el siguiente ejemplo, en la estación de Policía de San Pedro de Urabá, a los policías se le daban 200.000 pesos, a los cabos y sargentos 500.000 y a los oficiales un millón de pesos. Le pusimos una mensualidad al coronel Leonardo Barrero, creo que fue de 10 o 15 millones de pesos, no recuerdo con exactitud y al mayor René Sanabria como de 5 millones de pesos mensuales”, reveló Mancuso.Según Mancuso, las invitaciones por parte de las Fuerzas Militares eran “permanentes para hacer operaciones de fondo”.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial de Paz aceptó este viernes 17 de noviembre, el sometimiento "de manera excepcional" en ese tribunal de Salvatore Mancuso, excomandante de las paramilitares Autodefensas de Colombia "en calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública".En medio de la audiencia fueron liberadas varias horas de grabación con declaraciones del exjefe paramilitar que fueron tenidas en cuenta por la JEP, en una de ellas Mancuso habló sobre la presunta relación de las AUC, con empresas y multinacionales.“Fueron varias carboneras, estuvo la Drummond, fueron varias las reuniones. Yo me reuní creo que con Carbocol. Habían otras carboneras, como tres carboneras más para que colaboraran con Autodefensas, una que luego hizo parte del Sindicato Antioqueño. Yo no recuerdo de quién vino, si fue Atkins en el que entregó el listado de estos sindicalistas que ellos acusaban de hacer parte de la guerrilla”, reveló Mancuso en una diligencia.Mancuso hace referencia a James Lee Atkins, quien a finales de los años noventa y principios de los 2000 fue jefe de seguridad de la Drummond en Colombia y a quien el pasado mes de octubre la Fiscalía General ordenó la captura del exagente de la CIA.Según la Fiscalía, él y otros líderes de la multinacional se habrían aliado con los paramilitares de alias 'Jorge 40', durante esos años en que el grupo criminal controló el departamento del Cesar.Le puede interesar:
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró por medio de sus redes sociales que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había notificado el pasado sábado que le retirarían su esquema de seguridad. En el mismo sentido, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que interviniera ante esta situación.Ante ese mensaje, la Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado en el que asegura que en ningún momento la protección de Mancuso ha sido debilitada o anulada y que, por el contrario, cuenta con un esquema robusto.“Todo lo que ha ocurrido tiene que ver con el cambio de población. Mancuso Gómez estaba sujeto, hasta hace poco, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ahora ha pasado como gestor de la Oficina del Comisionado Consejero de Paz. Por ello, el esquema de protección ha sido unificado, consolidado y, además, extendido a su familia”, aseguran desde la UNP.En el mismo sentido, desde la entidad explicaron que tuvieron que hacerle un llamado de atención a Mancuso por el uso de su esquema de seguridad.“La UNP le hizo un llamado de atención a Mancuso Gómez, porque el protocolo de protección no permite la modificación de los vehículos ni de ningún implemento del esquema, como tampoco el acceso de personas armadas no autorizadas", agregó la UNP.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al entonces máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso y a 45 exintegrantes de esa organización ilegal por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados.Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos. Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley.Los condenados deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz. El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.
La jueza 44 de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, confirmó este miércoles, 20 de noviembre, que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso será citado como testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El proceso, que involucra acusaciones por manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal, también contará con la participación de otros testigos clave como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y el senador Iván Cepeda.Durante la audiencia preparatoria, la jueza aprobó que las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia a Álvaro Uribe y a su exabogado Diego Javier Cadena sean utilizadas como pruebas por la Fiscalía. Además, avaló las interceptaciones a los testigos Fabián Rojas, Juan José Salazar Cruz y Erudice Cortés Velasco, considerándolas legales. Estas pruebas serán presentadas en audiencia pública para esclarecer los hechos señalados en el escrito de acusación.La jueza también dio luz verde a los testimonios de los investigadores Óscar Álvarez Muñoz, Lina María Solano Cuéllar y Carolina Vargas Villamil, quienes participaron en la recolección de pruebas clave. Sin embargo, negó la inclusión del testimonio de Carlos Fernando Vélez Mejía, hijo del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, al considerar que su solicitud fue presentada de forma tardía.Con Mancuso como testigo, el caso cobra mayor relevancia en un proceso judicial que prescribirá el 8 de octubre de 2025.
Luego de conocerse que la Sala de Justicia y Paz de Tribunal de Barranquilla autorizó la participación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en actividades destinadas a la localización de bienes para la reparación de víctimas del conflicto armado en el Caribe, desde la Mesa de Víctimas en el Atlántico aplaudieron la decisión y esperan que, de esta manera, se fortalezca el proceso de restablecimiento de derechos para miles de familias en la región. Dicho permiso, que se extenderá hasta el próximo 31 de enero de 2025, se dio en cumplimiento a una solicitud de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que busca rastrear y recuperar activos entregados por las entonces AUC, siendo que muchos de estos predios han perdido registro desde su entrega al Estado colombiano.Misael Delgado, una de las cientos de víctimas de Mancuso en el Caribe, dijo sentirse conforme con el proceso que viene liderando el exjefe paramilitar y que la entrega de bienes a familias campesinas que lo perdieron todo (en su momento), "construye un verdadero camino hacia la paz"."Entonces vemos con buenos ojos que este señor tenga este permiso de la sala de Justicia y Paz para estar en las regiones de la costa norte colombiana, para que así pueda reunirse con los exparamilitares que él comandó hace más de 20 años y que pueda liderar este trabajo a favor de las víctimas", dijo. El auto judicial, firmado por el magistrado José Haxel de la Pava Marulanda y remitido al despacho del magistrado Carlos Andrés Pérez, permite entonces que Salvatore Mancuso esté presente en jornadas de localización que se desarrollarán en durante los próximos dos meses en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira.No obstante, la participación de Mancuso estará regulada dado el régimen de libertad condicionada con el que cuenta actualmente. Entre otras restricciones, además, se encuentra no acercarse a las víctimas o de concurrir en zonas donde tuvo una mayor participación criminal.
La Corte Suprema de Justicia en una decisión reciente cuestionó algunas designaciones de gestores de paz que ha hecho el Gobierno nacional, argumentando que no está primando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.En esa misma decisión, la Corte dice no estar de acuerdo con la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, aunque esta posición no afecta la situación de Mancuso pues Justicia y Paz le otorgó anteriormente la libertad.En las últimas horas Mancuso se refirió a este tema, asegurando que se vulneran los compromisos y propósitos de paz.“La reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al intentar impedir que actores del conflicto actúen como gestores de paz vulnera flagrantemente el compromiso y los propósitos de paz”, aseguró el exjefe paramilitar.En el mismo sentido dijo que en la sociedad colombiana la redención de los desmovilizados se da a cambio de que asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y cuenten la verdad.Por otro lado, cuestionó el sistema de justicia transicional en Colombia.“El sistema de justicia transicional nacido de las negociaciones con las autodefensas enfrenta hoy una profunda crisis de inseguridad jurídica que ha provocado el asesinato de más de 5.000 desmovilizados y muchos de los que han sobrevivido han sido forzados a volver a las trincheras. Hoy el sistema de justicia transicional en Colombia, lejos de ser garantía, se ha vuelto un factor de persistencia de la guerra, generando más víctimas, pobreza y desigualdad”, agregó Mancuso.Finalmente, dice que sin justicia no hay redención y que sin redención no habrá paz.“Una de las razones de ser de la justicia transicional es cerrar esos ciclos de violencia y para eso es fundamental garantizar los derechos de aquellos que han cumplido con las penas y sanciones a una segunda oportunidad para empezar de nuevo”, mencionó el exjefe de las Autodefensas.
La Corte Suprema de Justicia expresó sus reparos y preocupaciones a las formas en que el Gobierno Nacional ha hecho varias designaciones de gestores de paz y nombramientos similares pues asegura que no está primando el derecho a las víctimas a conocer la verdad y ser reparados.Las alertas las hizo al resolver un recurso en el proceso del exjefe paramilitar Salvatore Macuso, quien está en libertad desde el pasado 10 de julio, libertad con la que el alto tribunal no está de acuerdo y por eso ratificó su posición de que debe permanecer en un centro carcelario.Sobre ese punto, la Sala de Casación señaló que no hay balance entre los beneficios recibidos frente a lo que ha aportado en su proceso de verdad, es decir, incuple el principio de proporcionalidad y más en cuanto al o establecido por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Lo anterior, pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DDHH, lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas", informó la Sala en un comunicado.>>> Lea también: Procuraduría pide remitir casos de Mancuso a Justicia y Paz tras fallo de la CorteEn otras palabras, para la Corte le dio el beneficio de la libertad pero no hay suficiente contraprestación alguna por parte de Mancuso y en especial cuando a lo largo de los diferentes procesos en Colombia y Estados Unidos es ausente el aporte a la verdad y reparación.“Consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación", insiste la Corte.En su publicación, la Sala advierte además que en la resolución con la que el Gobierno Nacional lo nombra gestor de paz no está establecida la duración en el tiempo de este rol, abriendo las puertas a posibles irregularidades y, en esa línea, desestima que ese límite sea el de cuando acabe el conflicto armado o haya una desmovilización total, como lo dijo en su momento Mancuso.“Porque es una meta vaga y no hay clara fundamentación sobre cómo la eventual intervención del postulado pueda llegar a ser determinante para contribuir con ese objetivo. Sobre todo, porque ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos al margen con los que el Gobierno busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría tener con esas organizaciones, como así se adujo en las audiencias", puntualizó la Corte.Cabe aclarar que esta providencia de la Sala de Casación no implica que Mancuso regrese a una cárcel pues su libertad fue otorgada por un tribunal de Justicia y Paz, cuya competencia sobre los casos del exjefe paramilitar incluso fue ratificada en los últimos meses.Este pronunciamiento llega en medio de la polémica generada por la resolución 453 de 2024 con la que el Gobierno nacional nombró como gestores de paz a 18 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia para que contribuyan a las diferentes estrategias del proyecto de Paz Total.En la lista están Carlos Mario Jiménez, Macaco, excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, Hernán Giraldo, alias Taladro y quien fue expulsado de Justicia y Paz por abusar de varias menores de edad cuando estaba sometido a esa instancia. Ambos están en la cárcel en Colombia.También aparecen Ramón María Isaza Arango, uno de los fundadores de las AUC y Ramiro ‘Cuco’ Vanoy Murillo, ex comandante del Bloque Mineros.
