La masacre del corregimiento de El Aro, en Ituango la cometieron los paramilitares del Bloque Mineros, allí fueron asesinadas 17 personas y otras más fueron desplazadas y los despojaron de sus bienes.En su audiencia reservada ante la JEP, Salvatore Mancuso aseguró que esta masacre se habría cometido, presuntamente, por solicitud de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.“El Aro, yo estuve previo al Aro, porque el Aro sí va a ser desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas, Iván Ramírez me lo encontré en la oficina de Elena y él me había mandado a hablar con el general Manosalva”, señaló Mancuso.El exjefe paramilitar dijo que, supuestamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tendría conocimiento de estos hechos.“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, aseguró Mancuso.Le puede interesar "La JEP acepta al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso":
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue aceptado en la JEP en las últimas horas. Ahora comparecerá ante la jurisdicción y ante Justicia y Paz, después de que Mancuso fuera aceptado se comenzaron a revelar algunos detalles sobre lo que contó durante una diligencia reservada y en unos documentos que envió a los magistrados que llevan el caso.Refiriéndose a los presuntos apoyos que habrían hecho las autodefensas a las campañas presidenciales, Mancuso hizo referencia a las elecciones presidenciales en 1998, aseguró que supuestamente Horacio Serpa había hablado con Carlos Castaño.“En la primera vuelta apoyamos a Serpa. Serpa se había reunido con el comandante Carlos Castaño en Cali, Carlos Castaño durmió esa noche en el palacio episcopal con el monseñor Duarte Cansino, creo que era el nombre del monseñor. En esa reunión, siendo Serpa ministro de Samper, le pidió, le ofreció a Carlos que avanzara en un proceso de negociación y que estaba dispuesto a desmovilizar todas las autodefensas”, señaló Mancuso en audiencia reservada.Según el relato del exjefe paramilitar, Serpa habría respondido que el Gobierno no tenía la capacidad para recibir los territorios que estaban en poder de las autodefensas y que no era el momento para desmovilizar a los paramilitares, además, Mancuso aseguró que quien presentó a Carlos Castaño con Horacio Serpa habría sido Orlando Henao, jefe del cartel del Norte del Valle.“Fue jefe del cartel del Norte del Valle que financiaron la campaña de Samper a través de recursos del narcotráfico. Cuando las elecciones que se estaban enfrentando entre Serpa y Pastrana casi todas las Autodefensas apoyamos a Pastrana. Carlos decía que era mucho mejor negociar con Horacio Serpa que era una persona ya conocida que traía vínculos de relaciones con el narcotráfico y era más fácil de ejercer presión y hacer pactos y convenios con personas como Serpa”, manifestó Mancuso.Sin embargo, el exjefe paramilitar dijo que al final habrían terminado apoyando la campaña de Pastrana.“Finalmente le hizo una embarrada Serpa a través de un pedido que Carlos le hizo, no recuerdo con exactitud la situación que se dio, ordenó para la segunda vuelta que apoyáramos a Pastrana a segunda vuelta y porque no pasaron el umbral de la primera vuelta del 50 % ninguno de los dos”, aseguró Mancuso.Le puede interesar "La JEP acepta al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso":
De acuerdo con la sala de definición de situaciones jurídicas de la Justicia Especial de Paz, lo que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso contó en sus audiencias de cuatro días en mayo, lo que aportó en varias diligencias reservadas y los documentos que entregó sustenta la manera en que se desarrolló la alianza entre el Estado, las Convivir y el grupo paramilitar de los hermanos Castaño.En una de esas audiencias, "Al coronel Barrero le pusimos mensualidad de $15’000.000”: Mancuso revela la nomina de las AUC, desde los rangos más bajos de la Policía hasta altos oficiales de las Fuerzas Militares.“A todos los que pasaron por la Brigada 11, yo le pongo el siguiente ejemplo, en la estación de Policía de San Pedro de Urabá, a los policías se le daban 200.000 pesos, a los cabos y sargentos 500.000 y a los oficiales un millón de pesos. Le pusimos una mensualidad al coronel Leonardo Barrero, creo que fue de 10 o 15 millones de pesos, no recuerdo con exactitud y al mayor René Sanabria como de 5 millones de pesos mensuales”, reveló Mancuso.Según Mancuso, las invitaciones por parte de las Fuerzas Militares eran “permanentes para hacer operaciones de fondo”.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial de Paz aceptó este viernes 17 de noviembre, el sometimiento "de manera excepcional" en ese tribunal de Salvatore Mancuso, excomandante de las paramilitares Autodefensas de Colombia "en calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública".En medio de la audiencia fueron liberadas varias horas de grabación con declaraciones del exjefe paramilitar que fueron tenidas en cuenta por la JEP, en una de ellas Mancuso habló sobre la presunta relación de las AUC, con empresas y multinacionales.“Fueron varias carboneras, estuvo la Drummond, fueron varias las reuniones. Yo me reuní creo que con Carbocol. Habían otras carboneras, como tres carboneras más para que colaboraran con Autodefensas, una que luego hizo parte del Sindicato Antioqueño. Yo no recuerdo de quién vino, si fue Atkins en el que entregó el listado de estos sindicalistas que ellos acusaban de hacer parte de la guerrilla”, reveló Mancuso en una diligencia.Mancuso hace referencia a James Lee Atkins, quien a finales de los años noventa y principios de los 2000 fue jefe de seguridad de la Drummond en Colombia y a quien el pasado mes de octubre la Fiscalía General ordenó la captura del exagente de la CIA.Según la Fiscalía, él y otros líderes de la multinacional se habrían aliado con los paramilitares de alias 'Jorge 40', durante esos años en que el grupo criminal controló el departamento del Cesar.Le puede interesar:
El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la Resolución 244 de 2023, mediante la cual el Gobierno nacional designó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.En su decisión, el alto tribunal aclaró que el presidente de la República sí tiene la facultad de nombrar gestores de paz; sin embargo, esa competencia no es ilimitada y debe ejercerse dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y la ley.La corporación señaló que la mencionada resolución no definió con claridad los alcances de la designación en aspectos como los límites temporales, funcionales y territoriales de la labor que debía desempeñar Mancuso como gestor de paz, al indicar únicamente que actuaría en todo el territorio nacional.Según el Consejo de Estado, esta falta de delimitación podría afectar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, al otorgar beneficios sin precisar las obligaciones concretas que debía cumplir el designado.Por esa razón, el tribunal concluyó que, de manera preliminar, la resolución podría contrariar el artículo 229 de la Constitución y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el acceso a la justicia y la protección judicial efectiva.La suspensión tiene carácter provisional y estará vigente mientras el Consejo de Estado decide de fondo sobre la legalidad del nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz.
El reciente llamado a indagatoria de la Fiscalía General de la Nación al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia, generó reacciones opuestas entre la defensa del exmandatario y la representación de las víctimas. Mientras el abogado Jaime Granados calificó la decisión como “irregular” y “políticamente motivada”, el abogado Miguel Ángel del Río aseguró que se trata de un avance esperado durante años por las víctimas del caso.En entrevista con Blu Radio, el abogado de las víctimas afirmó: “Recibimos con mucha satisfacción la decisión por parte de la Fiscalía 3.ª Delegada ante la Corte de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Han sido muchos años de espera. La justicia tenía una deuda histórica con las víctimas, con la población civil, por estos hechos que llevamos muchos años denunciando, y eso nos lleva solamente a una conclusión: que nadie está por encima de la ley”.Por su parte, la defensa del expresidente cuestionó que la decisión se hubiera adoptado sin que, según sostiene, se hubieran practicado todas las pruebas solicitadas oportunamente por la defensa, decretadas por la Fiscalía y posteriormente prorrogadas a petición del propio ente acusador. Para Jaime Granados, resulta sorpresivo que se haya convocado a indagatoria sin completar esas actuaciones procesales.El abogado de las víctimas aseguró que el expediente cuenta con suficientes elementos para sustentar la decisión y destacó la independencia de la Fiscalía en el desarrollo de la investigación. “Hoy tenemos una Fiscalía con independencia que ha optado precisamente por hacer un trabajo riguroso y, en ese sentido, la decisión va en el camino correcto. No puede ser posible que un llamado a indagatoria esté construido sobre la ausencia de piezas procesales. Todo lo contrario: existen declaraciones, videos, documentos y próximos testimonios también, porque la Fiscalía incluso ha decidido llamar nuevamente a Salvatore Mancuso para precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar”, afirmó.Sobre el nuevo llamado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, Del Río señaló que su testimonio constituye una de las pruebas más relevantes dentro del proceso. “Esa es una de las declaraciones más importantes de un jefe paramilitar, que relaciona precisamente los hechos ocurridos en esos años con el despliegue de las fuerzas paramilitares. Se tiene prevista a futuro para el proceso también (...) y seguramente existirá la construcción de nuevos elementos materiales probatorios para fortalecer precisamente ese llamado a indagatoria”, explicó.Finalmente, el representante de las víctimas indicó que están a la espera de que la Fiscalía fije la fecha de la diligencia de indagatoria y aseguró que conoce que la defensa del expresidente prepara nuevas actuaciones procesales, entre ellas una eventual recusación contra la fiscal encargada del caso.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición impuesta al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para ingresar libremente o residir en Córdoba y otros departamentos donde ejerció influencia como comandante de las AUC y donde dejó miles de víctimas. La decisión mantiene el fallo de primera instancia proferido por una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz, quien dispuso que cualquier ingreso del excomandante a esos territorios solo puede hacerse mediante autorización judicial o en el marco de actos de perdón validados por las autoridades.Mancuso había solicitado tumbar la restricción argumentando que tenía arraigo en Montería y que la medida le impedía reunirse con su familia. Además, señaló que la decisión lo sometía a un “destierro” indefinido.La Sala Penal, sin embargo, rechazó de plano sus argumentos. Los magistrados concluyeron que la medida es proporcional y necesaria para la protección de los derechos de las víctimas, las cuales se concentran principalmente en los mismos territorios donde Mancuso delinquió. En el fallo se recuerda que la Ley 975 de 2005, que estructura el proceso de Justicia y Paz, fue diseñada precisamente para garantizar los derechos de quienes sufrieron la violencia paramilitar y que, por tanto, el Estado tiene la obligación de asegurar su efectiva protección.En la decisión, la Corte enfatizó que “aunque Mancuso asemeje la restricción impuesta a un ‘destierro’ por la amplitud de los lugares sobre los que recae, desconoce que ello se debe a que justamente coincide con los territorios en los cuales delinquió y donde se encuentran primordialmente sus víctimas”.También señaló que, si bien reconoce el compromiso de los postulados de Justicia y Paz, los derechos de las víctimas prevalecen y el proceso de reconciliación debe avanzar de manera progresiva y en coherencia con las distintas formas de reparación establecidas.Para la Sala, la centralidad de las víctimas dentro del proceso ratifica que la libertad de los excombatientes debe estar sujeta a garantías de no repetición y a condiciones que favorezcan la reparación y la reconciliación.
El exjefe paramilitar estuvo este miércoles en la noche en Casa de Nariño recibiendo la oficialización de su rol como gestor de paz, el exjefe paramilitar publicó una foto en la que aparece junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez.“Oficializamos mi aceptación de la gestoría de paz en la casa de Nariño con la doctora Angie Rodríguez De nuevo renovando nuestro compromiso inquebrantable con la paz. A ella y al señor presidente Gustavo Petro les digo: estamos listos para la recta final de la paz total”, dijo Mancuso.Es importante recordar que Salvatore Mancuso y otros 15 exjefes paramilitares fueron designados como gestores de paz por parte del Gobierno del presidente Petro.En la foto con la directora del Dapre Mancuso sale al lado de la paloma de la paz que hay en Casa de Nariño.Petro ha dicho que la designación de los gestores de paz se da porque él considera que el proceso que se hizo durante el Gobierno Uribe con las Autodefensas no culminó, pues asegura que aun las víctimas no conocen toda la verdad.Además, los exjefes paramilitares han dicho que todavía no han tenido un cierre jurídico en su proceso.