Benedetti tras reunión con exjefes paras: “Van a hablar de la clase política que estuvo con ellos”
El ministro del Interior se reunió con los 16 gestores de paz designados por el Gobierno y advirtió que sus revelaciones podrían involucrar a dirigentes políticos que hoy son candidatos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que se reunió con los 16 exjefes paramilitares designados como gestores de paz por el Gobierno. Según aseguró, lo que revelen “asombrará a Colombia”, pues no solo hablarán de la violencia pasada, sino también de las alianzas políticas que tuvieron y que hoy involucran a varios candidatos.
Benedetti explicó que los excomandantes se comprometieron a contar la verdad y que esa tarea debe hacerse en encuentros presenciales y en los territorios.
“Van a hablar de la clase política que estuvo con ellos. Varios de esos actores políticos son candidatos. Ya veremos qué de todo eso es verdad”, advirtió.
El ministro agregó que se trabaja en la construcción de cronogramas para llevar estos testimonios a las comunidades más afectadas por el conflicto, como parte del esfuerzo por reparar y esclarecer lo ocurrido.
Benedetti tras reunión con exjefes paramilitares: “Van a hablar de la clase política que estuvo con ellos”
Foto: suministrada
De su parte, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, recordó que el presidente Gustavo Petro encomendó al Ministerio del Interior, a la Presidencia y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la tarea de liderar este capítulo.
“La idea es que el país conozca la verdad de lo que ocurrió en las confrontaciones en el marco de justicia y paz”, sostuvo.
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El 21 de septiembre de 2025, mediante la Resolución 327, el Gobierno designó como gestores de paz a 16 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso, 'Jorge 40', Don Berna, Julián Bolívar y Cuco Vanoy. Su designación se extenderá hasta el 6 de agosto de 2026.
El Ejecutivo ha defendido que esta figura busca avanzar en verdad, reparación y no repetición, aclarando que el nombramiento no implica beneficios jurídicos ni suspende las condenas. Sin embargo, organizaciones de víctimas y sectores políticos han criticado duramente la medida, al considerarla una afrenta a la memoria y un mensaje de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad como masacres, desapariciones forzadas.
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