BLU Radio conoció detalles de la resolución 7823 del 28 de octubre de 2021, a través de la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la actuación contra el presidente Iván Duque y su gerente de campaña, Luis Guillermo Echeverri, quienes eran investigados por supuestas irregularidades en la financiación.
Tras analizar varias pruebas y recoger distintos testimonios, la autoridad electoral consideró que ni Duque ni Echeverri infringieron las normas de financiación electoral, lo cual, sin embargo, no significa que no hayan existido hechos cuestionables en la campaña.
En primer lugar, María Claudia Daza, conocida como ‘Caya’ Daza, y quien integró la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe, no quiso rendir declaración, pues prefirió acogerse al principio de no autoincriminación, con lo cual, dentro de este proceso, no amplió su versión sobre las irregularidades del sonado caso de la “Ñenepolítica”.
Al no lograr obtener ese testimonio y tampoco el de la excongresista Aída Merlano, no se evidenció responsabilidad de Julio Gerlein, Faisal Cure, Alejandro Char ni Oswaldo Cisneros.
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De otro lado, se deja en evidencia que al menos nueve aportantes a la campaña presidencial obtuvieron con posterioridad cargos en el Gobierno Duque, entre ellos la excanciller Claudia Blum, quien donó $80.000.000, así como el embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve, con $30.000.000.
El CNE también encontró que Griselda Gil Arenas, quien aportó $15.000.000, tenía contratos con entidades públicas, pero como ese dinero equivalía a sólo el 0,072% del total de los ingresos de la campaña, la Sala Plena se abstuvo de iniciar actuación alguna en su contra.
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Las cuentas pendientes del Centro Democrático
Pese a todo lo anterior, la corporación mantuvo abierta la investigación contra el Centro Democrático al identificar que ese partido habría recibido aportes de personas jurídicas, los cuales tenían como destino final la campaña presidencial, conducta que está prohibida en la legislación electoral.
Dichas empresas son:
- Ingenio Risaralda con $100.000.000
- Distribuidora Comtek con $1.000.000
- Inmobiliaria CMB S.A.S con $560.000.000
Esta última ha sido relacionada con el controvertido empresario Carlos Mattos, capturado en España y quién está a la espera de que se defina su extradición a Colombia, en medio del proceso en su contra por el caso Hyundai.
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