La jefa de misión del Centro Carter, Jenny Lincoln, aseguró que la reciente jornada electoral en Colombia dejó conclusiones positivas sobre el funcionamiento del sistema electoral colombiano, al que calificó como un referente para otros países de la región. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la observadora internacional destacó la organización del proceso, la participación ciudadana y la rapidez en la divulgación de los resultados como elementos que fortalecen la confianza en las elecciones.“La administración electoral fue ejemplar. Los colombianos pueden buscar la manera de tener confianza en su proceso electoral, y esta elección fue una muestra de un día de elecciones en paz y democracia”, afirmó Lincoln al referirse a las conclusiones del informe presentado por el Centro Carter.La representante del organismo internacional señaló que la participación ciudadana va más allá de los votantes y resaltó el papel de jurados, testigos electorales y personal involucrado en la logística de los comicios. “Ustedes tienen un modelo de elecciones para compartir con el hemisferio”, expresó.Asimismo, destacó la rapidez con la que se conocieron los resultados preliminares. Según explicó, a las 5:23 de la tarde ya se contaba con información correspondiente al 92 % de las mesas, mientras que cerca de las 6:00 de la tarde la cifra alcanzaba el 99 %. “Yo no tengo experiencia de ver eso en ninguna parte de América Latina”, sostuvo.Confianza basada en resultados y transparenciaFrente a los cuestionamientos que han surgido alrededor del sistema electoral colombiano, Lincoln indicó que la confianza debe construirse a partir del comportamiento de las autoridades electorales y de los resultados observables del proceso.“Es el comportamiento de las autoridades electorales, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral. Es la muestra de resultados, es la transparencia del proceso. Esas son las cosas que cuentan cuando usted está buscando una manera de tener confianza”, señaló.Además, recordó que el Centro Carter evalúa las elecciones con base en estándares internacionales y destacó que las autoridades colombianas han dado seguimiento a recomendaciones formuladas por la misión en procesos anteriores.Financiamiento de campañas y desafíos pendientesSobre las observaciones relacionadas con la financiación de campañas, Lincoln explicó que todos los sistemas electorales tienen fortalezas y debilidades y que uno de los retos es garantizar mecanismos efectivos de control y contabilidad de los recursos utilizados por los candidatos.“Hay que asegurar que los gastos para cualquier campaña se pueden contar. Colombia tiene un sistema bueno y hay que implementar con seguridad este proceso para tener una contabilidad para los colombianos”, manifestó.Rechazo a la injerencia externaEn relación con eventuales pronunciamientos o apoyos de líderes extranjeros a candidatos en contienda, la representante del Centro Carter fue enfática. “En estándares internacionales no es justo que ningún presidente, ninguna persona, ninguna entidad de sistema de computadora entra en el proceso de otro país. Punto final”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
A la espera de resultados finales está la Procuraduría General de la Nación con respecto a las 39 investigaciones que en estos momentos tiene abiertas contra distintos funcionarios en el país por participación indebida en política, de acuerdo a lo confirmado por el mismo procurador general, Gregorio Eljach, desde Barranquilla.Justo antes de participar en el Congreso Internacional de Contratación Estatal, organizado por la Universidad Externado de Colombia, Eljach indicó que algunas son preliminares pero que otras ya están cerca de entregar sanciones disciplinarias.“Nosotros estamos adelantando 39 averiguaciones, unas en investigación preliminar y otras en investigación disciplinaria. No hay resultados finales, son unos procesos lentos en donde hay plenas garantías del debido proceso, de presunción de inocencia, de derecho a la defensa que es una garantía constitucional. Entonces, no podemos avanzar más de lo que el procedimiento permite. Plenas garantías para los que están involucrados, pero los resultados se conocerán en su momento. No toda participación es censurable”, dijo a Blu Radio.El procurador aseguró que cuentan con la competencia para suspender a los funcionarios que incurran en estas acciones y que no se pronunciará más sobre una posible participación indebida del presidente Gustavo Petro, pues el control hacia él es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones.“El señor presidente es objeto de control por parte de la comisión de acusaciones. Él tiene un control constitucional integral privativo y solo desde allí se puede proceder en esos casos. El procurador no tiene competencia sobre eso”, agregó.Su mensaje principal desde Barranquilla fue que “sí hay garantías para las elecciones presidenciales” y que ya están trabajando para sacarlas adelante.“Venimos atendiendo personalmente el tema de la paz electoral, que fue exitoso en la jornada de Congreso. Creemos que es un buen esquema. Y hemos tenido realmente, y hay que decirlo, la presencia activa del Ministerio del Interior, que representa al Gobierno Nacional, a la UNP que también ha prestado sus servicios, y creemos que en el momento no hay motivos para desconfiar de que eso se vaya a hacer de una manera diferente. Vamos a sacar adelante las elecciones, Colombia va a tener elecciones y vamos a quedar todos bien”, apuntó.La Procuraduría también mantiene investigaciones sobre la empresa Air-e Intervenida para verificar si hay irregularidades en sus procesos de contratación y en la operación que adelantan para los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena.Además, aprovechó su presencia en la ciudad para hablar de la inseguridad que se vive en la capital del Atlántico. Al respecto, mencionó que será un tema al que le prestará principal atención cuando le entreguen los informes de gestión de las autoridades distritales y departamentales.
Los problemas de orden público tiene afectado el proceso electoral en Córdoba, donde 1.406.985 personas están habilitadas para votar, pues la comunidad de una vereda del municipio de San Antero decidieron no permitir el ingreso del material electoral. Al parecer, la situación se da por la inconformidad que tiene la población frente a la no intervención de un puente que lleva varios meses averiado y que es clave para la conexión de la comunidad con el resto del departamento. "Hemos visto a la fuerza pública desplegada y está presente en los territorios. Tenemos un solo incidente en el municipio de San Antero, en una vereda. Al parecer, la población tiene unas dificultades con una vía o un puente y están manifestando que necesitan el puente, pero vamos a trabajar de la mano de la fuerza publica para que puedan votar, indicó el gobernador Erasmo Zuleta. El departamento de Córdoba es uno de los que más suele tener participación en estas elecciones, siendo que habitualmente el porcentaje de participación supera el 60%, lo que le ha permitido elegir seis senadores a este departamento tanto en las elecciones de 2018 como las de 2022.Incluso, en este departamento se presentaron dos de las 20 votaciones más altas al Senado.
Este domingo 8 de marzo se realizará en Colombia una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos elegirán a los integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030. En estas elecciones se definirán los 102 senadores y 182 representantes a la Cámara que tendrán la responsabilidad de legislar durante los próximos cuatro años.La jornada de votación se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que más de 40 millones de colombianos habilitados para sufragar podrán acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.Además de escoger a los nuevos congresistas, los votantes también participarán en las consultas interpartidistas, mediante las cuales se definirán algunos de los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial el 31 de mayo. En esta ocasión se realizarán tres consultas: Gran Consulta por Colombia, Frente por la Vida y Consulta de las Soluciones.ABC de las elecciones de este domingo 8 de marzoLos votantes recibirán dos tarjetones obligatorios y uno opcional, uno de Senado y Cámara de Representantes y otro de las consultas interpartidistas, pero los ciudadanos tendrán que solicitar al jurado alguna de las tres consultas.Existe un tercer tarjetón habilitado para este día, pero está dirigido a las zonas rurales de los municipios priorizados por el acuerdo de La Habana, para votar por las curules de paz.Al momento de ejercer el derecho al voto, para Senado y Cámara, el ciudadano tiene dos formas de hacerlo: lista abierta o cerrada. En la primera se escoge a un candidato específico dentro del partido, por lo cual se debe marcar el logo del partido y el número del candidato.En la segunda opción solo hay que votar por el logo del partido, pues ya fue elegido el orden de las curules. Hay que tener en cuenta que para estas votaciones la mayoría de los partidos tienen lista abierta.Consultas interpartidistasAdemás de los comicios del Congreso, las personas también elegirán a los candidatos a la primera vuelta presidencial por medio de tres consultas:La Gran Consulta por Colombia, conformada por un conjunto muy variado de precandidatos:Paloma Valencia – Centro Democrático Vicky Dávila – Movimiento ValientesEnrique Peñalosa – Verde OxígenoDavid Luna- Si Hay un CaminoJuan Daniel Oviedo- Firme por OviedoJuan Manuel Galán- Nuevo liberalismoAníbal Gaviria- La Fuerza de las RegionesJuan Carlos Pinzón – Verde OxígenoMauricio Cárdenas- Avanza ColombiaEl Frente por la Vida, conformado en su gran mayoría por precandidatos de izquierda:Héctor Pineda Salazar – La FuerzaEdison Lucio Torres- Partido del Trabajo de ColombiaRoy Barreras- La Fuerza de la PazMartha Bernal- La FuerzaDaniel Quintero – AICOLa Consulta de las Soluciones, conformada por solo dos precandidatos:Claudia López- ImparablesLeonardo Huerta- Colombia, Una Nueva HistoriaPara participar en las consultas, el votante debe solicitar al jurado de votación el tarjetón correspondiente, en el que aparecen agrupadas las tres consultas por bloques. Es importante marcar a solo un candidato en todo el tarjetón, ya que si se selecciona más de una opción, el voto será anulado.
La Gobernación de Santander ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen presuntos hechos de corrupción electoral en el departamento. La denuncia se produce después de que un funcionario de la Gobernación recogiera información sobre posibles irregularidades en programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la presentara ante la Fiscalía.La Gobernación de Santander ha pedido a las autoridades que investiguen los hechos con celeridad y transparencia, en defensa de la democracia y la transparencia electoral. "Es fundamental que se investiguen estos hechos para garantizar la integridad del proceso electoral", agregó el comunicado."El funcionario actuó por iniciativa propia y que la Gobernación no autorizó ni instruyó su actuación. Reiteramos el compromiso de nuestros servidores con la ley y las garantías", señaló la entidad. Este nuevo escándalo sacude el panorama político en el departamento de Santander y salpica al candidato a la Cámara de Representantes, por el partido de la U, Sergio Isnardo Muñoz, quien aparece nombrado en el comunicado de la Gobernación de Santander. Sergio Isnardo Muñoz, aseguró estar siendo víctima de una campaña de desprestigio y de la circulación de información falsa en su contra en redes sociales, como una supuesta compra de votos entregando electrodomésticos a través de un programa para emprendedores del Gobierno Nacional. De acuerdo con el aspirante al Congreso, desde la Gobernación de Santander y desde sectores del mismo partido político al que pertenece se estarían promoviendo ataques sistemáticos con el propósito de afectar su imagen y debilitar su aspiración electoral."Un asesor del gobernador está implicado en este tema. Incluso, un cuñado de Didier Tavera (exgobernador de Santander y actual director de la Federación Nacional de Departamentos), son los supuestos estrategas de esa campaña difamatoria", señaló el candidato.Muñoz manifestó que en los últimos días han circulado versiones y señalamientos relacionados con una presunta compra de votos, situación que calificó como “mentiras y noticias falsas” orientadas a confundir a la opinión pública y generar un escándalo político en plena contienda electoral.El candidato aseguró que su campaña se ha desarrollado dentro del marco legal y con transparencia, e hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el origen de las acusaciones y determinen responsabilidades, en caso de comprobarse la difusión intencional de información falsa en redes sociales. El caso genera inquietud en el escenario político regional y podría tener repercusiones en el desarrollo de la campaña electoral en Santander, donde se intensifican las tensiones a medida que avanzan los comicios.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió un nuevo punto de atención en Bucaramanga con el propósito de fortalecer su presencia en Santander y acercar los servicios electorales a la ciudadanía, partidos y movimientos políticos.La sede, que ya está en funcionamiento desde el 9 de febrero de 2026, está ubicada en la carrera 36 #48-116, en el edificio Color Working, oficinas 14, 15 y 19. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.De acuerdo con la entidad, este espacio fue diseñado para brindar atención directa, orientación y acompañamiento a ciudadanos, organizaciones políticas, movimientos y candidatos, permitiendo resolver dudas, recibir información clara y hacer seguimiento a temas relacionados con la participación política y los procesos electorales.Entre los servicios que prestará la nueva sede se encuentran la orientación sobre derechos y deberes políticos; información y acompañamiento en procesos electorales, campañas y normatividad vigente; recepción de inquietudes, solicitudes y denuncias relacionadas con el régimen electoral; así como capacitaciones y jornadas de orientación para partidos y movimientos sobre organización y financiación de campañas.“En ese entendido, la sede física cumple con los requisitos y criterios establecidos en la Constitución Política y las leyes que regulan el acceso al voto y las garantías de las agrupaciones políticas. Nuestro rol como enlaces territoriales es acompañar, apoyar y orientar a las agrupaciones en el uso de la plataforma de postulación y acreditación”, señaló Sergio Hernández Moreno, apoyo en territorio Santander para la plataforma del CNE.Además de la atención presencial, el Consejo Nacional Electoral informó que mantiene habilitada su plataforma digital, a través de la cual los ciudadanos pueden realizar trámites, consultas y acceder a información oficial desde cualquier lugar.
Tres días después de las elecciones atípicas llevadas a cabo en el municipio de Apartadó, Antioquia; autoridades electorales tomaron una decisión de fondo frente a quien asumirá como nuevo alcalde de esta localidad del Urabá antioqueño para el periodo en curso que finaliza en 2027.Luego del traslado del material electoral a la capital antioqueña, la Comisión Escrutadora General de Antioquia determinó que el nuevo mandatario de este municipio será Adolfo Romero a pesar de haber ocupado el segundo lugar en número de votantes durante los comicios.La autoridad electoral tomó esta decisión declarando también como no marcados los votos que había obtenido el ganador durante el preconteo, Héctor Rangel, candidato sobre el cual finalmente se determinó que estaba inhabilitado para participar de los comicios por medio de un fallo del 8 de abril del Tribunal Administrativo de Antioquia que dejó sin efectos su inscripción ante la Registraduría realizada a última hora.Frente a estas decisiones cabe que recordar que, inicialmente, Rangel había sido autorizado para inscribirse a través de la determinación adoptada por un juzgado de Turbo, sin embargo, el despacho admitió que no era de su competencia referirse al respecto y no solo dejó sin efecto su fallo, sino que además corrió traslado del asunto al Consejo de Estado.La resolución del Consejo Nacional Electoral no admite recursos y las impugnaciones presentadas por otros intervinientes fueron declaradas improcedentes por falta de especificidad o por no ajustarse a las causales legales del Código Electoral.Adolfo Romero llega al cargo luego de la nulidad electoral decretada hace varios meses a Rangel por doble militancia durante su campaña.
Este martes, 4 de febrero, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó las planillas con las que buscan recoger firmas para revocar el mandato de la alcaldesa de Soledad, Atlántico, Alcira Sandoval Ibáñez, quién es ficha política del exsenador Eduardo Pulgar.El mínimo de firmas que se deben recoger en los próximos seis meses para poder dar vía libre al proceso de revocatoria, es de 32.000, sin embargo, los promotores del ‘Comité Van Para Afuera’, que pretende montar de alcalde al Contador Público, Federman Vizcaino, esperan recopilar 100.000 firmas para demostrar que, en esta población la comunidad está inconforme por el supuesto incumplimiento de plan de Gobierno de Alcira Sandoval."Es un hecho, el Consejo Nacional Electoral después de la audiencia celebrada el día jueves, entregó este martes la planilla al grupo que se va a encargar de la recolección de firmas y iniciamos ese trabajo en el municipio de Soledad", expresó Federman Vizcaino, un contador público que está aspirando a ser el reemplazo de Alcira en la alcaldía de Soledad.Cabe recordar que la alcaldesa Alcira Sandoval llegó al cargo al presentarse en un proceso de recolección de firmas a través del Grupo Significativo Estamos Con Alcira, y cuya campaña fue realizada de la mano de Isabela Pulgar, hija del condenado exsenador, y quien estaba como aspirante a la asamblea del Atlántico.En medio de todo el proceso la alcalde de Soledad señaló que el movimiento para revocarle el mandato no es más que un ataque político.
En próximos días el magistrado del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, fijará la fecha para dar a conocer el fallo de una demanda de nulidad electoral que afronta en este momento el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.La demanda fue interpuesta por el senador Fabián Diaz al considerar que el gobernador Díaz Mateus violó las normas electorales tras apoyar a candidatos a la Asamblea de Santander que no eran del grupo significativo de ciudadano ‘Es Tiempo’, por el cual inscribió su candidatura.El congresista demando al gobernador de Santander, porque apareció en redes sociales apoyando a candidatos de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical que aspiraban a la Asamblea.“En caso de querer apoyar a candidatos para la Asamblea del departamento de Santander, dicho acuerdo debió realizarse de tal forma que, tanto para la elección de Gobernador como para la elección de diputados de la Asamblea de Santander, debieron haberse inscrito en una lista única, conformada por todos los partidos pertenecientes al acuerdo de Juvenal Díaz”, dice la demanda interpuesta por el senador Fabián Díaz.Blu Radio conoció un concepto de la Procuraduría General de la Nación sobre este proceso de nulidad electoral contra el gobernador de Santander donde pide negar las pretensiones del demandante.“De acuerdo con el análisis de los fundamentos fácticos de la solicitud, al igual que con el material probatorio debidamente incorporado, en respuesta al problema jurídico se obtiene que Juvenal Díaz Mateus no incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo consagrada en los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, toda vez que no logra acreditarse la confluencia total de los elementos que configuran la prohibición legal, en particular, el concerniente al elemento modal de la conducta, como lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Sala Electoral, y comparte el Ministerio Público, por lo que esta Agencia solicitará negar las pretensiones de la demanda”, dice el documento de la Procuraduría en poder de Blu Radio.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a través de su cuenta de X afirmó que ha sufrido “un hostigamiento permanente” del senador Fabián Díaz.“El hostigamiento permanente de este senador pasa de lo público a lo personal. Quieren ganar en la mesa lo que perdieron por amplio margen en las urnas. Salí del Ejército y en 8 meses los derrote para la gobernación, la verdad sin emplearme a fondo”, escribió en la red social.El magistrado del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, desde el 5 de septiembre tiene para fallar o negar la demanda electoral contra el gobernador Juvenal Díaz.
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibe "30 millones de ataques por minuto" desde las presidenciales del 28 de julio, por lo que el jefe de Estado, declarado ganador de los comicios, denunció un golpe de Estado "ciberfascista criminal"."Atacaron todo el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones y todos los días hasta el día de hoy, recibieron 30 millones de ataques por minuto, nada más había que multiplicar eso y son millones de millones de ataques al sistema electrónico, a los sistemas de transmisión del Consejo Nacional Electoral", dijo en un acto televisado.En este sentido, sostuvo que se trata de un -"golpe de Estado cibernético, fascista y criminal"- que, pese a todo, no ha impedido computar, oficialmente, el 96,87 % de las actas- y vinculó al magnate sudafricano Elon Musk y a una "secta satánica que él dirige en EE.UU. de multimillonarios" con estos supuestos ataques.El pasado viernes, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, denunció que el CNE ha sufrido "ataques informáticos masivos desde distintas partes del mundo" que "retardaron la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados", una denuncia que está siendo investigada por la Fiscalía, que señala por este caso a la líder antichavista María Corina Machado y a otros opositores.Según el fiscal general, Tarek William Saab, el sistema electoral sufrió el 28 de julio un "ataque desde Macedonia del Norte", cuya intención era "manipular los datos que se estaban recibiendo" sobre los resultados de las votaciones en los más de 15.000 centros habilitados ese día.El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lleva a cabo un proceso de "certificación" del resultado electoral, pidió recientemente al CNE "todos los elementos" que prueben "el ataque cibernético denunciado contra el sistema informático" de la institución, que representó un "impedimento a la oportuna transmisión de los resultados electorales", de acuerdo con la sentencia de la Sala Electoral.Con el conteo del 96,87 % de las actas transmitidas, según el CNE, Maduro fue reelegido con el 51,95 % de los votos, mientras que el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 43,18 %, un resultado rechazado por este sector antichavista, que dice contar con el "83,5 %" de las actas que demuestran la victoria de su candidato.
A dos semanas de concluir el periodo constitucional del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó una nueva propuesta de reforma tributaria que busca un recaudo de 22 billones de pesos. La iniciativa, que representa el cuarto intento del Ejecutivo por ajustar los ingresos del Estado, plantea modificaciones en impuestos como el IVA a los combustibles, ajustes al tributo sobre el patrimonio y cambios en las exoneraciones parafiscales de los empleadores.En entrevista con Mañanas Blu, el director de la Dian, Carlos Betancourt, explicó las razones del Ejecutivo para radicar el proyecto de ley a pocos días del cambio de mando y detalló las principales medidas que contempla la propuesta fiscal.Razones de PEtro y debate sobre la responsabilidad fiscalAnte los cuestionamientos por presentar un proyecto de ley al término del mandato, el director de la Dian justificó la medida bajo tres argumentos principales referentes a la administración de las finanzas públicas y el ordenamiento constitucional."Hay 3 aspectos que tener en cuenta. El primero es que pues todo gobierno tiene la responsabilidad fiscal y las autoridades fiscales tienen la responsabilidad de presentar alternativas para el ajuste de las finanzas públicas, incluso hasta el último momento", dijo Carlos Betancourt.Según el funcionario, el manejo de las finanzas públicas recae en tres componentes: el recaudo tributario, la gestión del gasto y el endeudamiento. Betancourt afirmó que el actual Gobierno ya realizó un recorte superior a los 30 billones de pesos en el gasto público y que el 93 % de este es inflexible, destacando que el 85 % de la nómina estatal corresponde a personal de la fuerza pública, salud y la rama judicial.Asimismo, indicó que la Constitución prevé que el Congreso saliente debe tramitar iniciativas hasta el final de la legislatura y que la propuesta busca abrir la discusión sobre el ajuste fiscal que deberá afrontar la próxima administración.Modificaciones al IVA en combustibles e impacto en la canasta familiarUno de los puntos clave del proyecto es el incremento en la tarifa del IVA para la gasolina y el diésel, que pasaría del 5 % actual al 19 %. Sobre la relación entre esta medida y el costo de vida, el director de la Dian afirmó que la iniciativa no afecta directamente los productos alimenticios ni los servicios básicos."Nosotros no tocamos nada de lo que tenga que ver con la comida, con todos los pagos de los servicios, etcétera, que son los componentes fundamentales de la canasta familiar", dijo.Al ser consultado sobre el efecto del transporte de carga en los precios de los alimentos, Betancourt sostuvo que el incremento en el precio del galón de combustible no superará los 450 pesos y que se contempla una aplicación progresiva entre los años 2027 y 2028. Añadió que la medida se alinea con recomendaciones internacionales orientadas a la reducción de subsidios a los combustibles fósiles y al fomento de la transición energética.Cambios en el impuesto al patrimonioRespecto a la tributación sobre el capital, la propuesta establece cobros para las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 2.100 millones de pesos, descontando el valor del inmueble de vivienda hasta por determinado tope, fijando el umbral efectivo de tributación alrededor de los 2.700 a 2.800 millones de pesos.Betancourt precisó el número de contribuyentes que estarían alcanzados por este gravamen según los rangos de patrimonio:Entre 2.100 y 3.700 millones de pesos: 76.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 0.2 %.Entre 3.600 y 6.500 millones de pesos: 17.000 contribuyentes.Entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: 8.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 1.3 %.Patrimonios superiores a 13.000 millones de pesos: 2.900 contribuyentes, con tarifa efectiva del 2.8 %.Patrimonios superiores a 151.000 millones de pesos: 66 contribuyentes.En total, la entidad calcula que cerca de 104.000 personas estarían cobijadas por el impuesto al patrimonio.Modificación en exoneración de aportes parafiscalesEl proyecto de ley incluye una modificación al artículo 114 del Estatuto Tributario, que regula la exoneración del pago de aportes a salud, SENA e ICBF por parte de los empleadores. Actualmente, las empresas están exentas de estos pagos por los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La propuesta reduce dicho tope, aplicando la exoneración únicamente para los empleados que perciban hasta 3 salarios mínimos.Al respecto, el director de la Dian señaló: "El artículo 114 del Estatuto Tributario establece una exoneración para los empresarios que tengan sus empleados con hasta 10 salarios mínimos. Entonces la idea es pasar a exoneración hasta apenas 3 salarios mínimos"El funcionario sostuvo que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas mantienen trabajadores con salarios inferiores a los 3 SMMLV, por lo que la afectación se concentraría en ciertos segmentos empresariales dentro de la meta de ajuste fiscal.Ejecución presupuestal y gasto socialDurante la entrevista se mencionaron informes sobre la contratación estatal y el volumen del gasto público en el transcurso del periodo presidencial. Frente a las cifras presentadas por organizaciones como Transparencia por Colombia sobre la firma de contratos de prestación de servicios, Betancourt manifestó no contar con los datos específicos de dicho informe al momento de la entrevista.El director de la Dian argumentó que el incremento histórico del gasto responde al diseño constitucional de 1991, el cual asigna responsabilidades en gasto social mientras limita las fuentes directas de financiamiento monetario. Detalló que las partidas presupuestales del Gobierno saliente se destinaron principalmente a programas sociales, la compra y formalización de cerca de dos millones de hectáreas para la reforma agraria, subsidios monetarios directos y el fortalecimiento salarial y logístico de la fuerza pública.
Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en cámaras de seguridad en la localidad de Engativá, en Bogotá. Una mujer fue víctima de un intento de atraco cuando esperaba frente a la entrada de una vivienda, pero decidió resistirse al robo y enfrentó al delincuente, quien la intimidó con un arma de fuego al parecer falsa.En las imágenes se observa el momento en que el ladrón, que vestía una chaqueta roja, gorra negra y llevaba una maleta, se acerca a la víctima. El hombre, que llegó al lugar en una bicicleta, desenfundó un arma falsa para amenazarla e intentar obligarla a entregar sus pertenencias.La mujer, visiblemente angustiada, le hacía gestos de negación y le suplicaba que no la robara. Sin embargo, el delincuente insistió y comenzó un fuerte forcejeo para arrebatarle el bolso y los objetos de valor que llevaba. Durante varios segundos ambos lucharon en plena vía pública hasta que terminaron cayendo al suelo. A pesar de la violencia del ataque, la víctima no soltó sus pertenencias.En el video se ve cuando el ladrón se percata de que varios vecinos se disponían a salir para auxiliar a la mujer. Ante esa situación, decidió abandonar el intento de hurto, se levantó rápidamente, tomó su bicicleta y escapó del lugar sin lograr su objetivo. Como consecuencia del forcejeo, la mujer sufrió lesiones, aunque evitó que el delincuente le quitara sus pertenencias.Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de inseguridad ocurrido en plena vía pública de Bogotá ni se conoce información sobre la identificación o captura del responsable.
Tal como previsto, desde este miércoles quedó en firme el proceso de reversión del corredor de carga Cartagena - Barranquilla, con el cual el Invías asumió oficialmente la operación de esta carretera de 249,16 km y el manejo de los seis peajes que se hallan en este tramo entre Atlántico y Bolívar, una transición que se ha visto alterada por protestas de la comunidad.Este corredor estaba a cargo de la Concesión Autopistas del Caribe, pero esta solicitó su liquidación anticipada tras no lograr su cierre financiero, entre otras, por las constantes protestas en la vía que impedían el recaudo en sus peajes.Ahora, la comunidad sigue protestando y hasta levantó las talanqueras en el peaje de Sabanagrande este miércoles, permitiendo el paso libre por la vía Oriental, pues dice que el Invías no les garantiza que continuará el cobro de una tarifa diferencial para los habitantes de la zona, quienes venían pagando a la Concesión 2.800 pesos y no los 12.700 de la tarifa plena.Rubén Llanos, líder del Comité no al Peaje, afirma que en manos del Invías debería regir una tarifa cero para ellos, pues tampoco se están haciendo las obras prometidas."Nosotros en el documento de objeciones a la resolución le pedimos que se suspendan el cobro de las casetas de peaje mientras no se tenga el estudio técnico y las socializaciones con las comunidades", afirmó Llanos.Los manifestantes dicen que mantendrán arriba las talanqueras del peaje de Sabanagrande en señal de protesta, hasta que hagan presencia funcionarios del Invías y del Ministerio de Transporte.Esta manifestación también podría extenderse hacia el peaje de Galapa, sobre La Cordialidad, donde la comunidad reclama la misma exención del cobro de la caseta.
En una iniciativa legislativa que busca transformar la interacción de los menores de edad con el mundo digital, el representante a la Cámara Jesús Lorduy, junto al senador Enrique Cabrales, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales sin una regulación estricta. La propuesta se inspira en modelos internacionales recientes, como el de Francia, y busca mitigar los riesgos asociados al uso temprano de estas plataformas.Un marco de protección y corresponsabilidadEl objetivo principal de la norma es establecer un sistema robusto que salvaguarde la integridad de la infancia en el entorno virtual. Según explicó el representante Lorduy en entrevista, “lo que buscamos es crear un marco integral de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo derivado del acceso temprano y no regulado de redes sociales”.El parlamentario enfatizó que la seguridad digital no debe recaer únicamente en los menores, sino que es un asunto de "corresponsabilidad" que involucra al Estado, la sociedad, las instituciones educativas, las familias y, de manera crucial, a los proveedores de servicios. En este sentido, las empresas tecnológicas de redes sociales son señaladas como las principales responsables de implementar los mecanismos de control necesarios. Sanciones millonarias para las plataformasUno de los puntos más polémicos y contundentes del proyecto son las sanciones económicas para las empresas que no cumplan con la verificación de edad. Lorduy detalló que las multas están contempladas en el artículo 10 del articulado: “En caso de incumplimiento podrán ser multados hasta por 5000 salarios mínimos legales vigentes. Eso un monto de alrededor de 8.500 millones de pesos”.Estas multas estarían dirigidas a los prestadores del servicio que no establezcan requisitos claros para identificar si el usuario es menor de edad.La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sería el órgano encargado de inspeccionar, vigilar y ejercer el control sobre estos contenidos y el cumplimiento de la ley. Métodos de verificación y control parentalPara asegurar que los usuarios cumplan con el requisito de edad, el proyecto propone diversas herramientas tecnológicas. Entre ellas se encuentran el uso del documento de identidad, el consentimiento y vinculación de padres o tutores, y tecnologías avanzadas de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial.“Esa verificación debe tener varios puntos, incluido pues el número de identificación... pero no nos basta solo con esto, sino también con un reconocimiento facial y hoy con la IA y con muchas herramientas que tenemos se puede identificar si esa persona es menor de 16 años o no”, explicó el representante.Además, la ley busca que las plataformas ofrezcan experiencias diferenciadas: “Es crear prácticamente de manera paralela dos tipos de contenidos. Los contenidos que son para menores de 16 años y los contenidos para personas adultas mayores a 17 años”.De esta forma, si un menor logra acceder, solo tendría disponible material apto para su edad, similar a como operan los controles parentales en plataformas de streaming como Netflix. El preocupante panorama de los menores en la redLa urgencia del proyecto se sustenta en cifras alarmantes sobre el consumo digital en el país. Lorduy advirtió que “los niños y niñas en Colombia pasan en promedio al día entre 8 y 9 horas en una pantalla o en un celular”.A esto se suma que el 62% de los menores de 16 años en el país no cuentan con ningún tipo de control parental sobre lo que consumen en redes sociales. Con aproximadamente 8 millones de niños menores de 15 años en Colombia, la mayoría con acceso potencial a estas redes, el debate sobre su protección se vuelve prioritario en la agenda legislativa. Escuche aquí la entrevista:
Lo que comenzó como una aparente ayuda por una llanta pinchada terminó en un violento secuestro y atraco en los accesos a Bogotá. Tres ciudadanos venezolanos fueron capturados en las últimas horas, señalados de integrar una peligrosa banda que interceptaba conductores en la vía entre Chipaque y Bogotá para despojarlos de sus pertenencias y de sus vehículos.El caso se conoció luego de que varias personas pidieran ayuda tras sufrir el pinchazo de una llanta cuando transitaban por el municipio de Chipaque, en límites entre Cundinamarca y Bogotá. Según la investigación, tres hombres que se movilizaban en motocicletas aprovecharon la situación para abordarlos y, mediante intimidaciones y agresiones físicas, obligarlos a permanecer dentro de la camioneta en la que se movilizaban.Las víctimas denunciaron que fueron golpeadas, mantenidas en contra de su voluntad y trasladadas por distintos sectores mientras los delincuentes les robaban sus pertenencias, entre ellas los teléfonos celulares. Con esos mismos dispositivos, los criminales contactaron a familiares de las víctimas para exigir dinero a cambio de su supuesta liberación, en un intento por obtener una segunda ganancia del crimen.Mientras se desarrollaban patrullajes en los sectores de Los Soches y El Boquerón, en la localidad de Usme, policías detectaron una camioneta y dos motocicletas cuyos ocupantes reaccionaron de manera sospechosa al notar la presencia policial. Paralelamente, la Central de Radio alertó sobre el secuestro y el hurto denunciados horas antes, lo que permitió relacionar ambos hechos y desplegar un operativo de búsqueda.Las labores de rastreo llevaron al rescate de las víctimas, quienes fueron encontradas abandonadas en el sector de El Boquerón. Allí relataron que habían sido retenidas contra su voluntad, amenazadas, agredidas físicamente y despojadas tanto de sus pertenencias como de la camioneta en la que viajaban.Poco después, las víctimas reconocieron a los tres hombres que ya habían sido interceptados por los policías como los presuntos responsables del secuestro y del robo, por lo que fueron capturados en el lugar.Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron la camioneta robada e inmovilizaron las dos motocicletas que, al parecer, eran utilizadas para ejecutar los asaltos. Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de secuestro y hurto.Las autoridades investigan si esta estructura estaría relacionada con otros casos ocurridos en los corredores de ingreso a Bogotá, bajo la modalidad de pinchar llantas para obligar a los conductores a detenerse y convertirlos en víctimas de robos o secuestros exprés.
